El sector fintech y de servicios financieros opera bajo una doble presión: la velocidad de los mercados de capital y la densidad regulatoria de los supervisores financieros. Cuando una empresa de este sector atraviesa dificultades de liquidez o un deterioro de balance, la venta de unidad productiva puede convertirse en la herramienta que preserve el valor del negocio y proteja a los administradores frente a responsabilidades personales. Ignorar los plazos o subestimar la complejidad del proceso tiene un coste que, en nuestra experiencia, resulta significativamente mayor que el de actuar de forma anticipada.
La venta de unidad productiva no es una simple compraventa de activos. Es la transmisión en bloque de un conjunto organizado de medios materiales, inmateriales y humanos que tiene capacidad para generar valor de forma autónoma. En el marco del concurso de acreedores, este mecanismo busca que el negocio subyacente no desaparezca con el proceso concursal.
En el sector fintech y de servicios financieros, esta operación presenta complejidades que no existen en otros sectores. La unidad productiva no es solo tecnología o cartera de clientes. Incluye, con frecuencia, autorizaciones regulatorias o inscripciones en registros supervisados que no son automáticamente transmisibles. Un proveedor de servicios de pago, una entidad de dinero electrónico o una plataforma de financiación participativa dispone de habilitaciones administrativas cuya transferencia exige gestión ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) u otros organismos competentes.
¿Por qué esto importa desde el primer momento? Porque si la empresa entra en concurso sin haber anticipado este vector, el comprador potencial puede retirarse al constatar que la licencia no acompaña a la operación. El valor de la unidad colapsa.
En nuestra práctica hemos observado que las empresas fintech que planifican la venta de unidad productiva con antelación –incluso antes de presentar la comunicación de negociaciones preconcursales– consiguen marcos de transmisión mucho más ventajosos. Los administradores concursales y los jueces de lo mercantil valoran especialmente que exista un plan coherente desde el inicio del proceso.
La Ley Concursal, en su texto refundido reformado para transponer la Directiva europea de reestructuración (2022), refuerza precisamente este enfoque: los instrumentos preconcursales permiten articular la venta de unidad productiva con mayor flexibilidad y menor coste reputacional que el procedimiento concursal ordinario.
La empresa fintech en dificultades dispone de un abanico de instrumentos que conviene ordenar antes de tomar ninguna decisión operativa.
Los planes de reestructuración son el instrumento preconcursal más potente introducido por la reforma concursal de 2022. Permiten reestructurar deuda, refinanciar pasivos y, en su caso, articular la transmisión de la unidad productiva con la protección del fuero judicial pero sin los costes reputacionales del concurso declarado. Para una entidad regulada, esta distinción es crucial: el concurso declarado activa mecanismos de supervisión adicionales que pueden comprometer la continuidad de la licencia.
El preconcurso –la comunicación al juzgado de lo mercantil de que se están llevando a cabo negociaciones con acreedores– proporciona un escudo temporal frente a ejecuciones individuales. Este periodo permite negociar la transmisión con tranquilidad, sin que un acreedor financiero bloquee el proceso iniciando una ejecución hipotecaria o un embargo sobre activos críticos.
Si el concurso ya es inevitable, la venta de unidad productiva dentro del procedimiento concursal puede realizarse en la fase de convenio –si hay acuerdo con los acreedores– o en la fase de liquidación. La liquidación no es el peor escenario si la venta de la unidad productiva se articula bien: el comprador adquiere un negocio funcionando, el empleo se preserva en parte y los acreedores obtienen mayor recuperación que en una liquidación atomizada.
Existe también la posibilidad de estructurar la operación como una cesión global de activo y pasivo, figura prevista en la normativa societaria para casos en que la empresa no ha llegado al umbral concursal pero necesita transmitir toda su actividad. Esta vía, sin embargo, exige que la sociedad cedente no esté ya en situación de insolvencia actual.
Esta pregunta tiene dos dimensiones que con frecuencia se confunden: la dimensión operativa y la dimensión jurídica. Separarlas es el primer trabajo del equipo asesor.
Desde la perspectiva operativa, la venta de unidad productiva implica identificar qué activos, contratos, relaciones con clientes, personal y sistemas tecnológicos forman parte de la unidad que se transmite. En fintech, esto incluye habitualmente el código fuente y la arquitectura de la plataforma, los acuerdos con entidades bancarias correspondales, los contratos de procesamiento de pagos, la cartera de usuarios activos y los acuerdos con proveedores de infraestructura crítica. Cada uno de estos elementos puede tener restricciones de transmisión contractual que deben analizarse antes de estructurar la operación.
Desde la perspectiva jurídica, la venta de unidad productiva en concurso está sometida a un régimen de publicidad y aprobación judicial que busca garantizar la transparencia del proceso y la protección de los acreedores. El administrador concursal tiene un papel central: debe valorar la unidad, promover la competencia entre potenciales compradores y emitir un informe sobre la idoneidad de la oferta seleccionada.
La subrogación legal del trabajador en la empresa compradora es otro elemento que el equipo directivo debe anticipar. La normativa laboral establece reglas claras sobre qué trabajadores se incorporan a la empresa adquirente y en qué condiciones. Esto afecta directamente al precio y a la estructura de la operación. Un comprador que no gestione adecuadamente este vector puede encontrarse, al cierre, con obligaciones laborales que no había presupuestado.
¿Qué sucede con los contratos con clientes? En servicios financieros, muchos contratos con clientes incluyen cláusulas de cambio de control o de transmisión que permiten a la contraparte resolver el acuerdo. Identificar y mitigar este riesgo antes de formalizar la transmisión es imprescindible para que la unidad productiva conserve su valor al llegar a manos del comprador.
El tiempo es el activo más escaso en un proceso concursal. Cada semana de demora tiene un coste concreto: fuga de clientes, salida de talento clave, deterioro de la cartera y pérdida de confianza del mercado. En el fintech, donde la confianza del usuario es el principal activo intangible, este deterioro puede ser irreversible en cuestión de semanas.
En términos generales, el proceso completo de venta de unidad productiva dentro de un procedimiento concursal –desde la apertura de la fase de liquidación hasta la formalización de la transmisión– puede extenderse varios meses. La legislación concursal vigente introduce mecanismos para agilizar este proceso, pero la agilidad real depende de la preparación previa: un cuaderno de venta bien elaborado, una diligencia debida (due diligence) anticipada por parte del equipo vendedor y un proceso competitivo de selección de comprador reducen significativamente los plazos.
El procedimiento especial para microempresas, en vigor desde el 1 de enero de 2023, proporciona plazos y estructuras más ágiles para las entidades fintech de menor dimensión que cumplan los umbrales fijados por la normativa. Este procedimiento ha simplificado considerablemente los trámites para empresas que antes se veían obligadas a seguir el cauce general.
En cuanto al coste, intervienen honorarios del administrador concursal, costes judiciales, honorarios de los asesores legales y financieros del vendedor y, en su caso, del comprador, y gastos asociados a la regularización de los activos que forman parte de la unidad. La certeza es que el coste del proceso iniciado a tiempo es sistemáticamente inferior al de un proceso iniciado en fase de insolvencia declarada o con activos ya deteriorados.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios donde la diferencia entre iniciar las negociaciones con dos o tres meses de antelación supuso, en términos de recuperación para los acreedores y de preservación de empleo, un resultado radicalmente distinto al de los procesos en los que la dirección actuó de forma reactiva.
El primer riesgo, y el más grave, es la inacción del administrador cuando ya existe un deber legal de actuar. La obligación de solicitar el concurso dentro de los dos meses desde que se conoció o debió conocer la situación de insolvencia es un plazo imperativo. Su incumplimiento puede derivar en la calificación del concurso como culpable y en la condena personal del administrador a satisfacer el déficit concursal. En un sector como el fintech, donde los administradores son con frecuencia también socios fundadores, este riesgo personal es de primera magnitud.
El segundo riesgo es la transmisión de activos con anterioridad a la declaración de concurso de forma que favorezca artificialmente a determinados acreedores o reduzca la masa activa del concurso. La normativa concursal prevé acciones de reintegración para rescindir los actos perjudiciales para la masa realizados en los dos años anteriores a la declaración de concurso. Una operación de transmisión precipitada, sin asesoramiento concursal, puede quedar rescindida y generar responsabilidad adicional para los administradores.
El tercer riesgo afecta específicamente al fintech: la transmisión de datos de carácter personal que forman parte de la unidad productiva. Una plataforma fintech gestiona volúmenes importantes de datos financieros de usuarios. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha desarrollado criterios específicos sobre las obligaciones que debe cumplir la transmisión de bases de datos de clientes en el contexto de una reestructuración o venta de negocio. El incumplimiento puede generar sanciones adicionales en un momento en que la empresa ya tiene los recursos comprometidos.
El cuarto riesgo es la pérdida de la licencia o autorización regulatoria por no gestionar oportunamente la comunicación con el supervisor. En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, los procesos en los que el supervisor financiero fue informado de forma transparente y temprana terminaron con transmisiones más ordenadas y con menor impacto sobre los clientes.
Existe además un riesgo menos visible pero igualmente relevante: la salida de personal clave. Los equipos de ingeniería y los gestores de riesgo de una plataforma fintech son el núcleo del valor de la unidad productiva. Una gestión deficiente de la comunicación interna durante el proceso puede provocar salidas masivas que deprecien el activo antes de que el comprador tome posesión.
La responsabilidad de los administradores en el contexto de un concurso de acreedores es un vector que en nuestra práctica vemos subestimado con demasiada frecuencia. Los administradores de una empresa fintech en dificultades se enfrentan a dos regímenes de responsabilidad que pueden activarse de forma simultánea.
El primero es el régimen de responsabilidad concursal. Si el concurso es calificado como culpable –por haber actuado con dolo o culpa grave en la generación o agravación de la insolvencia– los administradores pueden ser condenados a cubrir el déficit concursal con su patrimonio personal. Esta calificación puede producirse por causas como la falsedad o inexactitud en los documentos aportados al concurso, la salida fraudulenta de activos o el incumplimiento del deber de solicitar el concurso en plazo.
El segundo es el régimen general de responsabilidad de administradores previsto en la normativa societaria. La denominada «responsabilidad por deudas» puede nacer cuando el administrador no convoca la junta para adoptar medidas ante pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo de determinados umbrales, o cuando no solicita la disolución de la sociedad o el concurso en los plazos que establece la ley.
¿Significa esto que el administrador está inevitablemente expuesto en un proceso de estas características? No necesariamente. La clave es la diligencia documentada. Un administrador que detecta la situación de dificultad, consulta con asesores especializados, adopta medidas razonables y actúa dentro de los plazos legales tiene un margen de protección muy diferente al que permanece inactivo. La documentación de las decisiones adoptadas por el órgano de administración tiene un valor probatorio decisivo si se llega a una fase de calificación concursal.
Para las entidades fintech supervisadas, existe además la posibilidad de que el supervisor financiero inicie un expediente sancionador paralelo al proceso concursal. La coordinación entre el equipo concursal y el equipo regulatorio es, por tanto, un requisito operativo, no solo una recomendación.
Si quiere entender cómo le afecta la responsabilidad de los administradores en el contexto de una reestructuración, puede consultar nuestra práctica especializada en responsabilidad concursal de administradores.
El asesor legal especializado en reestructuración no es un actor reactivo en este proceso. Su función principal es anticipar los problemas antes de que se conviertan en obstáculos que cierren opciones de transmisión.
En la fase previa a cualquier proceso formal, el asesor analiza la situación patrimonial de la empresa, identifica los umbrales que activarían deberes legales de actuación y diseña la estrategia de negociación con los acreedores principales. En fintech, esta fase incluye también el análisis de las implicaciones regulatorias de cada escenario: qué sucede con la licencia en cada vía posible y cómo se gestiona la comunicación con el supervisor sin generar pánico en el mercado.
En la fase de ejecución, el asesor acompaña la preparación del cuaderno de venta, negocia con los potenciales compradores, gestiona el proceso de diligencia debida desde el lado vendedor y, una vez seleccionada la oferta, redacta y negocia el contrato de transmisión de unidad productiva. Este contrato tiene una complejidad específica en contexto concursal: debe ajustarse a los requisitos de la normativa concursal, respetar los derechos de los acreedores y articular con claridad qué obligaciones asume el comprador y cuáles quedan en la masa pasiva del concurso.
Nuestra práctica de reestructuración e insolvencia trabaja de forma coordinada con el área fiscal para optimizar la estructura de la transmisión desde el punto de vista tributario, y con el área de protección de datos para gestionar la transferencia de información de usuarios. Si el comprador es un inversor extranjero, se activa también la coordinación con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente.
Puede obtener más información sobre nuestro enfoque integral en la página de reestructuración e insolvencia.
La respuesta directa es: antes de lo que la mayoría de las empresas cree necesario.
Existe un mito arraigado en el sector empresarial español que merece ser desmontado con claridad: el concurso de acreedores no significa el fin de la empresa. Es una herramienta de ordenación de pasivos y, cuando se gestiona con los instrumentos adecuados y en el momento oportuno, permite salvar el negocio, preservar el empleo y ofrecer a los acreedores una recuperación superior a la que obtendrían en una liquidación desorganizada. Los instrumentos preconcursales y los planes de reestructuración, introducidos o reforzados por la reforma concursal de 2022, han ampliado considerablemente el espacio de actuación antes de llegar al umbral del concurso declarado.
La señal de alarma más importante no es la insolvencia técnica. Es la tensión de tesorería sostenida, la dificultad para renovar líneas de financiación, el deterioro de márgenes operativos o la pérdida de contratos relevantes. Cuando un administrador detecta cualquiera de estas señales, el momento de consultar a un especialista en reestructuración ya ha llegado.
En el sector fintech, hay señales adicionales que merecen atención inmediata: la pérdida de acceso a redes de procesamiento de pagos, el deterioro de las ratios de morosidad de la cartera gestionada, la retirada de un inversor institucional o la apertura de una inspección supervisora que ponga en cuestión el modelo de negocio.
El asesoramiento temprano tiene tres ventajas concretas. Primera, amplía el catálogo de instrumentos disponibles: hay herramientas preconcursales que no están disponibles una vez declarado el concurso. Segunda, reduce el coste total del proceso al evitar el deterioro del activo y la fuga de talento. Tercera, protege al administrador frente a la responsabilidad personal al documentar que se actuó con diligencia desde el primer momento.
¿Puede una empresa fintech con dificultades estructurar una venta de unidad productiva sin recurrir al proceso concursal? En determinados casos, sí. Cuando la situación de insolvencia no es todavía actual sino meramente previsible, existen mecanismos extrajudiciales y preconcursales que permiten articular la transmisión con mayor discreción y agilidad. La viabilidad de cada vía depende de la composición del pasivo, de la estructura del activo y de la actitud de los principales acreedores. Esta valoración inicial es precisamente el primer servicio que ofrece un asesor especializado en reestructuración.
Para una visión completa de las preguntas más habituales sobre este mecanismo, puede consultar nuestro recurso de preguntas frecuentes sobre venta de unidad.
El fintech y los servicios financieros regulados son el ámbito donde la venta de unidad productiva presenta mayor densidad de complejidad regulatoria. Ignorar esta dimensión en el diseño del proceso puede comprometer la operación en una fase avanzada.
Las entidades de pago, las entidades de dinero electrónico y las plataformas de financiación participativa autorizadas por el Banco de España o la CNMV operan bajo regímenes de autorización que no son libremente transmisibles. La autorización se concede intuitu personae, a la entidad solicitante que cumplió en su momento los requisitos de solvencia, gobierno corporativo y sistemas de control. Cuando esa entidad entra en proceso de venta, el adquirente no hereda automáticamente la autorización.
Esto no significa que la autorización no pueda preservarse o que el comprador no pueda obtenerla. Significa que el proceso debe gestionarse con comunicación temprana y transparente con el supervisor, que puede optar por intervenir la entidad, exigir medidas correctoras o, en el mejor de los casos, facilitar la transmisión ordenada si considera que el comprador tiene la solvencia y el perfil adecuados.
La normativa europea de servicios de pago y la regulación específica de mercados de criptoactivos –cuya implantación progresiva está generando nuevas obligaciones para las entidades del sector– añaden capas adicionales de complejidad que hacen especialmente relevante contar con asesores que conozcan tanto el derecho concursal como el marco regulatorio financiero.
Existe también la cuestión de las provisiones técnicas y las garantías exigidas por los supervisores a determinadas categorías de entidades financieras. En un proceso de venta de unidad productiva, la disponibilidad o indisponibilidad de estos fondos puede afectar directamente a la masa activa del concurso y a la capacidad de la empresa para hacer frente a los costes del proceso.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, los procesos de venta de unidad productiva en el sector financiero que mejor resultado han producido son aquellos en los que el equipo asesor legal inició el diálogo con el supervisor antes de que la situación de insolvencia fuera pública. Esta anticipación permite gestionar la narrativa, preservar la confianza del mercado y ampliar el número de compradores potenciales dispuestos a participar en el proceso.
Los siguientes pasos constituyen el mínimo de actuación que cualquier equipo directivo de una empresa fintech con señales de dificultad financiera debería completar antes de que la situación escale:
Este checklist no sustituye al asesoramiento jurídico especializado. Es un punto de partida para que el equipo directivo identifique con precisión en qué momento del proceso se encuentra y qué decisiones son inaplazables.
Para una primera valoración, escríbanos a info@velardevidal.com.
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