MadridBarcelonainfo@velardevidal.com
Firma Legal & Tax
España · desde 2023
V&V Velarde & VidalLegal & Tax
Inicio · Recursos · Preguntas frecuentes · Inmobiliario y construcción: preguntas sobre alta dirección
Laboral y movilidad internacional

Inmobiliario y construcción: preguntas sobre alta dirección

Por Hugo Benavent, Asociado · Laboral, movilidad e inversión extranjeraActualizado:

El sector inmobiliario y constructor atraviesa ciclos de alta intensidad operativa que obligan a las empresas a tomar decisiones sobre su plantilla directiva en plazos muy reducidos. Contratar a un consejero delegado para una promotora en expansión, reestructurar la cúpula de una constructora tras un cambio de accionariado o desplazar a un director de operaciones a una filial europea son situaciones que comparten un denominador común: el régimen de alta dirección es singularmente exigente, y los errores en su gestión tienen un coste que va mucho más allá de la indemnización.

En breve: La alta dirección en el sector inmobiliario y constructor se rige por una normativa específica, distinta del Estatuto de los Trabajadores, que otorga amplía autonomía negocial pero también impone obligaciones precisas en materia de forma, plazo y extinción. La causa, el procedimiento y la negociación previa determinan el coste real y el riesgo de que una decisión empresarial se declare improcedente.

¿Qué implica alta dirección para una empresa?

La primera pregunta que debe hacerse cualquier empresa del sector es si la relación con su máximo ejecutivo tiene naturaleza laboral especial de alta dirección o si, por el contrario, se trata de una relación mercantil. La distinción no es un tecnicismo. Tiene consecuencias directas sobre el régimen de extinción, las indemnizaciones aplicables y la posibilidad de pactar cláusulas de no competencia postcontractual.

La normativa laboral española reserva el régimen de alta dirección para quienes ejercen poderes inherentes a la titularidad de la empresa, con autonomía y plena responsabilidad. En el sector inmobiliario y de la construcción, esta figura aparece con frecuencia en los puestos de director general, director de promociones, director financiero corporativo o responsable de expansión internacional. La clave no es el título del puesto sino el contenido real de las funciones y el grado de autonomía efectiva.

Un error habitual que hemos observado en nuestra práctica es tratar como trabajadores ordinarios a personas que ejercen funciones de alta dirección. Esto puede resultar en la aplicación retroactiva del régimen especial cuando se produce la extinción, con consecuencias inesperadas para la empresa. La correcta calificación desde el inicio de la relación laboral no es una formalidad: es una decisión estratégica.

La legislación aplicable permite pactar el contrato de alta dirección con una libertad considerable. Las partes pueden acordar la duración, el preaviso, la indemnización pactada y las cláusulas de permanencia o de no competencia, siempre dentro de los márgenes que fija el derecho laboral especial. Esta libertad, paradójicamente, es también una fuente de conflictos cuando el contrato se redacta de forma incompleta o sin anticipar los escenarios de extinción.

En nuestra experiencia asesorando a promotoras y constructoras, los contratos de alta dirección suelen carecer de tres elementos esenciales: una definición precisa del ámbito de poderes, una cláusula de extinción indemnizada actualizada y un mecanismo claro de resolución de conflictos. La ausencia de cualquiera de estos elementos complica la gestión de la salida del directivo y encarece el proceso.

Marco regulatorio que toda empresa del sector debe conocer

El personal de alta dirección en España no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por su normativa específica. Esta distinción es fundamental. La legislación laboral general actúa de forma supletoria, pero el contrato de alta dirección tiene sus propias reglas sobre extinción, desistimiento y preaviso.

La empresa puede desistir de la relación de alta dirección sin necesidad de alegar causa. Este derecho de desistimiento unilateral es uno de los rasgos más característicos del régimen especial. Sin embargo, el ejercicio de este derecho tiene un coste indemnizatorio que depende de lo pactado en el contrato. Si el contrato guarda silencio, la normativa establece una indemnización mínima que opera como suelo legal.

¿Sabe su empresa cuánto le costaría prescindir hoy de su director general si el contrato no prevé nada?

Además del desistimiento, la normativa contempla la extinción por causas objetivas, por incumplimiento del directivo y por voluntad del propio alto directivo cuando concurren causas imputables a la empresa. Cada una de estas vías tiene requisitos procedimentales distintos y consecuencias indemnizatorias diferentes. La elección de la vía correcta no es una decisión que deba tomarse sin análisis previo.

En el sector inmobiliario y constructor, los cambios de control accionarial son especialmente relevantes. La legislación laboral reconoce al alto directivo el derecho a extinguir su propio contrato cuando se produce una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo o un cambio de control en la empresa. Este derecho puede activarse en el contexto de una compraventa de empresa o de una reestructuración societaria, generando un pasivo indemnizatorio que el comprador debe anticipar en su diligencia debida (due diligence).

Las empresas del sector que operan con estructuras de grupo también deben prestar atención a la posibilidad de que el directivo preste servicios simultáneos en varias sociedades del grupo. Esta situación plantea cuestiones específicas sobre la determinación de la empresa empleadora, el cálculo de la indemnización y la tributación de la relación.

¿Qué plazos y costes conlleva alta dirección?

La gestión del tiempo es determinante en las relaciones de alta dirección. El incumplimiento de los plazos legales puede convertir una extinción procedente en un conflicto costoso.

El preaviso en el desistimiento empresarial es uno de los elementos que con mayor frecuencia generan litigiosidad. Si el contrato no fija el período de preaviso, la normativa establece un plazo mínimo que la empresa debe respetar. El incumplimiento del preaviso no impide la extinción pero puede dar lugar a una indemnización sustitutoria que se acumula al resto de conceptos pactados o legales.

La indemnización por desistimiento empresarial tiene un suelo legal. Si el contrato no mejora esa cantidad, el directivo percibirá al menos lo que establece la normativa especial. Si el contrato sí mejora la indemnización legal, lo pactado prevalece. Esta posibilidad de mejora convencional es habitual en las promotoras y constructoras de mayor tamaño, donde los paquetes de compensación de la alta dirección incluyen retribución variable, acciones o planes de incentivos que complican el cálculo de la base indemnizatoria.

El impuesto sobre la renta también forma parte de la ecuación de coste. Las indemnizaciones de alta dirección no gozan de la exención fiscal prevista para los trabajadores ordinarios por la misma cuantía. Esta diferencia puede ser relevante cuando se negocia la salida de un directivo con una retribución elevada. El coste neto para la empresa y el ingreso neto para el directivo dependen de cómo se estructure el acuerdo de extinción.

En cuanto al tiempo del proceso, las extinciones de alta dirección bien gestionadas pueden cerrarse en un plazo breve cuando existe acuerdo entre las partes. Cuando no existe acuerdo, el litigio se ventila ante la jurisdicción social, con los plazos procesales que ello implica. Hemos asesorado procesos en los que la falta de un acuerdo inicial que hubiera costado menos de la mitad derivó en un procedimiento judicial que consumió recursos durante varios años.

La cláusula de no competencia postcontractual es otro elemento con impacto económico directo. La normativa permite pactarla con una duración máxima de dos años para el alto directivo, siempre que la empresa abone una compensación adecuada. El incumplimiento de esta cláusula por parte del directivo puede dar lugar a reclamaciones de daños, pero también puede quedar sin efecto si la empresa no cumple su obligación de abonar la compensación acordada.

Movilidad internacional y alta dirección en el sector

El sector inmobiliario y constructor español tiene una presencia internacional creciente. Las promotoras con operaciones en Europa, América Latina o el norte de África desplazan con regularidad a directivos entre sus filiales. Esta movilidad genera una capa adicional de complejidad jurídica que muchas empresas subestiman.

El desplazamiento temporal de un alto directivo al extranjero exige analizar, al menos, tres planos distintos: la normativa laboral aplicable durante el desplazamiento, el régimen de Seguridad Social y las implicaciones fiscales en el país de origen y en el de destino. La falta de planificación en este análisis puede generar obligaciones inesperadas en más de una jurisdicción.

Cuando el sentido de la movilidad es el contrario, es decir, cuando una empresa inmobiliaria o constructora española incorpora a un directivo procedente del extranjero, el régimen de impatriados puede resultar muy atractivo. Este régimen, popularmente conocido como régimen Beckham, permite a quienes trasladan su residencia fiscal a España tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a un tipo fijo del 24 % sobre la base hasta 600.000 euros, con un tipo del 47 % sobre el exceso, durante el año del cambio de residencia y los cinco siguientes.

El requisito esencial para acceder a este régimen es no haber sido residente en España en los cinco años anteriores. La reforma de la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, conocida como Ley de Startups, amplió el acceso al régimen y redujo el período de no residencia previa exigido. Para una empresa constructora que quiera fichar a un directivo de alto perfil desde el extranjero, la planificación fiscal previa al traslado puede marcar una diferencia sustancial en la negociación del paquete retributivo.

La movilidad intragrupo también plantea cuestiones sobre la determinación de la empresa empleadora y el impacto en los derechos adquiridos del directivo. Si el desplazamiento se prolonga o se convierte en definitivo, pueden surgir dudas sobre la antigüedad aplicable, la jurisdicción competente y el derecho aplicable en caso de conflicto.

Para operaciones transfronterizas con punto de conexión fuera de España, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente, garantizando una visión integrada de la operación.

¿Qué riesgos hay que evitar en alta dirección?

El primer riesgo, y el más frecuente, es la calificación incorrecta de la relación. Una empresa que trata como trabajador ordinario a quien debería tener contrato de alta dirección, o viceversa, está expuesta a reclamaciones que pueden alterar completamente el cálculo de la extinción. En nuestra experiencia, este error aparece especialmente en las empresas que han crecido rápidamente y que no han actualizado sus esquemas contractuales a la nueva realidad organizativa.

El segundo riesgo relevante es el de la nulidad o ineficacia de las cláusulas restrictivas. Las cláusulas de no competencia, exclusividad o permanencia mal redactadas pueden ser inaplicables cuando más se necesitan. Un directivo que se marcha a la competencia el día después de la extinción puede aprovechar vacíos contractuales que eran evitables.

Existe un mito extendido en el sector: que indemnizar es siempre la vía más segura y barata para extinguir un contrato de alta dirección. La realidad es más matizada. La causa, el procedimiento y la negociación previa determinan el coste real. Una extinción mal documentada puede ser impugnada con éxito, obligando a la empresa a abonar la indemnización pactada más los salarios de tramitación correspondientes al período de litigio.

El tercer riesgo afecta de manera específica al sector inmobiliario y constructor: el impacto de los procesos de reestructuración societaria sobre los contratos de alta dirección vigentes. Una fusión, una escisión o una transmisión de empresa puede activar derechos extintivos en favor del directivo que la empresa compradora no había anticipado. Este pasivo debe identificarse en la fase de diligencia debida y gestionarse antes del cierre de la operación.

El cuarto riesgo tiene dimensión regulatoria. Las empresas de cierto tamaño tienen obligaciones en materia de igualdad, registro retributivo y auditoría salarial que afectan también al segmento directivo. Un plan de igualdad correctamente implantado no es solo una exigencia legal: es un escudo frente a reclamaciones de discriminación que pueden afectar a la dirección. Las empresas constructoras medianas y grandes han sido objeto de atención inspectora en este ámbito, y la falta de adaptación genera un riesgo sancionador que conviene gestionar de forma proactiva.

¿Ha revisado su empresa si las condiciones retributivas de su equipo directivo cumplen con la normativa de igualdad retributiva vigente?

Reestructuración de la cúpula directiva: cómo minimizar el coste

Las reestructuraciones de plantilla que afectan al nivel directivo son operaciones de gran sensibilidad. A diferencia de un despido colectivo ERE que afecta a la masa laboral general, las extinciones de la alta dirección se negocian de forma individualizada, con un protagonismo mucho mayor del contrato y de las cláusulas pactadas.

La planificación anticipada es el elemento que más influye en el resultado. Una empresa que inicia el proceso de reestructuración con un análisis claro de sus contratos directivos, de las indemnizaciones pactadas y de las posibles reclamaciones adicionales tiene una posición negociadora muy diferente a la de una empresa que afronta la situación sin ese diagnóstico previo.

En los procesos de reestructuración que hemos acompañado en empresas medianas del sector, la diferencia entre un coste razonable y un coste desproporcionado raras veces ha estado en la generosidad de la empresa. Ha estado, casi siempre, en la calidad del contrato inicial y en el momento en que se inició el análisis jurídico.

La negociación de la salida de un alto directivo tiene componentes jurídicos, fiscales y reputacionales. El directivo saliente puede tener acceso a información sensible, a redes de clientes o a activos intelectuales del negocio. Un acuerdo de extinción bien estructurado aborda todos estos planos: la compensación económica, la confidencialidad, el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual generados durante la relación y las obligaciones postcontractuales.

La documentación del acuerdo es igualmente relevante. Un acuerdo verbal o un intercambio de correos electrónicos sin un documento formal firmado ante notario o con reconocimiento de firmas puede dar lugar a disputas sobre el alcance de lo acordado. En el sector inmobiliario y constructor, donde las cantidades en juego son con frecuencia elevadas, la inversión en una documentación cuidada es siempre rentable.

Si su empresa está en proceso de reestructuración directiva, le recomendamos revisar nuestra guía sobre contratación de personal en España, donde abordamos aspectos relevantes para la incorporación y gestión de talento en contextos de cambio organizativo.

Obligaciones de compliance en el segmento directivo

Las obligaciones de cumplimiento normativo que afectan a las empresas del sector inmobiliario y constructor no se limitan al ámbito urbanístico o administrativo. En el plano laboral y de recursos humanos, existen exigencias que la dirección debe conocer y gestionar.

Las empresas con cincuenta o más personas trabajadoras tienen la obligación legal de contar con un plan de igualdad negociado con la representación de los trabajadores. Este plan debe incluir un registro retributivo y, en determinados supuestos, una auditoría salarial. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a sanciones y, lo que es igualmente relevante, puede deteriorar la posición de la empresa en licitaciones públicas, un canal especialmente relevante para el sector constructor.

La protección de datos también tiene implicaciones directas en la gestión de personal directivo. Los procesos de selección, evaluación y extinción generan tratamientos de datos personales que deben ajustarse al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). El tratamiento inadecuado de estos datos puede generar reclamaciones adicionales del directivo afectado.

El canal de denuncias interno, también conocido como canal ético o canal de compliance, es otra exigencia de cumplimiento que afecta a las empresas de cierto tamaño. La normativa española transpositora de la Directiva europea de protección de denunciantes obliga a determinadas organizaciones a contar con un canal de denuncias confidencial y a garantizar la protección de quienes lo usan. Para las empresas constructoras y promotoras con estructuras complejas, el diseño de este canal debe integrarse en el sistema general de cumplimiento normativo.

Puede ampliar información sobre la gestión laboral y de movilidad en nuestra área de práctica de Laboral y movilidad internacional, donde encontrará los ejes principales de nuestro asesoramiento en este ámbito.

¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en alta dirección?

La respuesta directa es: antes de que surja la necesidad urgente. El asesoramiento en materia de alta dirección tiene mayor valor cuanto antes se incorpora al proceso de toma de decisiones.

En la fase de contratación, el asesoramiento permite diseñar un contrato que proteja los intereses de la empresa sin generar un régimen excesivamente gravoso. La definición del ámbito de poderes, las cláusulas de extinción, los pactos de no competencia y la integración del contrato en el esquema retributivo global son elementos que requieren análisis jurídico previo.

En la fase de ejecución de la relación laboral, el asesoramiento permite gestionar las modificaciones contractuales, las variaciones retributivas y los cambios organizativos sin generar derechos extintivos involuntarios en favor del directivo.

En la fase de extinción, el asesoramiento permite elegir la vía correcta, calcular con precisión el coste total de la operación, negociar el acuerdo de salida y documentarlo de forma que resista cualquier reclamación posterior.

Las empresas del sector inmobiliario y constructor que operan en varias comunidades autónomas o con equipos directivos internacionales tienen, adicionalmente, la necesidad de gestionar la coherencia interna de sus políticas de alta dirección. Un tratamiento inconsistente entre directivos de distintas filiales puede generar reclamaciones por trato discriminatorio y deteriorar el clima interno en momentos de reestructuración.

Hemos asesorado reestructuraciones, contratación de directivos y movilidad internacional en empresas medianas y grandes del sector inmobiliario y constructor español. En todos esos procesos, el factor que más ha determinado el resultado ha sido la anticipación: las empresas que analizaron su situación contractual antes de tomar la decisión operativa pagaron menos y litigaron menos.

Si tiene equipos directivos en Barcelona o en otras plazas del arco mediterráneo, puede encontrar información sobre nuestro asesoramiento presencial en nuestra oficina de Barcelona especializada en laboral y movilidad.

Servicios relacionados

La gestión de la alta dirección en el sector inmobiliario y constructor raramente es un asunto exclusivamente laboral. Las extinciones con componente fiscal relevante, las incorporaciones de directivos internacionales con planificación de régimen de impatriados o las reestructuraciones que afectan a la estructura societaria requieren la coordinación de varias áreas de práctica. En Velarde & Vidal gestionamos esa coordinación de forma integrada, alineando las decisiones laborales con el análisis fiscal y mercantil correspondiente.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica alta dirección para una empresa?
La alta dirección es un régimen laboral especial aplicable a quienes ejercen poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa con plena autonomía y responsabilidad. Para la empresa, este régimen supone una mayor libertad contractual, pero también obligaciones específicas en cuanto a la forma del contrato, los plazos de preaviso y las indemnizaciones aplicables en caso de extinción. La correcta calificación del vínculo desde el inicio de la relación es esencial para evitar sorpresas en la fase de salida. Una relación mal calificada puede dar lugar a la aplicación retroactiva del régimen especial con consecuencias patrimoniales para la empresa.
¿Qué plazos y costes conlleva alta dirección?
Los plazos y costes dependen en primer término de lo pactado en el contrato, ya que el régimen especial de alta dirección otorga amplia libertad negocial. Si el contrato guarda silencio, opera la indemnización mínima legal en caso de desistimiento empresarial. El preaviso incumplido genera una indemnización sustitutoria que se acumula al resto de conceptos. Desde el punto de vista fiscal, las indemnizaciones de alta dirección no gozan del mismo tratamiento exento que el régimen general, lo que eleva el coste neto. La planificación anticipada del paquete de extinción es la herramienta más eficaz para controlar el coste final.
¿Qué riesgos hay que evitar en alta dirección?
Los riesgos más frecuentes son la calificación incorrecta de la relación, la ineficacia de cláusulas restrictivas mal redactadas y el impacto no anticipado de operaciones societarias sobre los contratos de alta dirección vigentes. En el sector inmobiliario y constructor, las fusiones, adquisiciones y transmisiones de empresa pueden activar derechos extintivos del directivo que no se habían previsto en la valoración de la operación. Un cuarto riesgo de naturaleza regulatoria es el incumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad retributiva y plan de igualdad, que puede generar sanciones e impactar en la capacidad de licitar con la Administración.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en alta dirección?
El asesoramiento especializado aporta mayor valor en la fase previa a la contratación, cuando aún es posible diseñar el contrato con todas las garantías. En la fase de extinción, el análisis jurídico previo permite elegir la vía más adecuada, cuantificar el coste real y negociar el acuerdo de salida en las mejores condiciones posibles. Las empresas que incorporan el asesoramiento cuando ya existe conflicto parten de una posición más desfavorable y suelen asumir costes superiores a los que habría implicado una gestión preventiva. En entornos de reestructuración o cambio accionarial, la anticipación es especialmente crítica.

Análisis elaborado por Hugo Benavent, Asociado · Laboral, movilidad e inversión extranjera, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

Cuéntenos su asunto.
Le responde un socio.

Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.

  • Primera valoración orientativa sin compromiso
  • Confidencialidad desde el primer correo
  • Asesoramiento en español o en inglés
Plantear mi caso
Sus datos se tratan conforme al RGPD y la LOPDGDD y se remiten únicamente a info@velardevidal.com. No los compartimos con terceros.