El sector retail y de distribución acumula hoy operaciones de compraventa, entrada de fondos y reorganizaciones corporativas a un ritmo que no se había visto en la última década. Quienes no preparan la diligencia debida (due diligence) con suficiente antelación descubren tarde que el valor de la compañía estaba condicionado por pasivos ocultos, contratos de arrendamiento con cláusulas leoninas o relaciones laborales que no soportan el escrutinio de un comprador profesional. La oportunidad de cerrar una operación en condiciones óptimas tiene una ventana finita. Cerrarla mal –o sin información completa– puede costar bastante más que prepararse a tiempo.
La diligencia debida es, en esencia, la auditoría jurídica y económica que un comprador –o un inversor que entra en el capital– practica sobre la empresa objetivo antes de firmar el contrato de compraventa o la ampliación de capital. En el sector retail y de distribución, este proceso tiene una densidad particular.
Las cadenas de distribución operan con múltiples contratos de arrendamiento de locales comerciales, licencias de software de gestión, acuerdos de exclusividad con proveedores y plantillas estructuradas a menudo sobre esquemas de flexibilidad laboral que pueden ser cuestionados. Cada uno de esos elementos es un vector de riesgo que la diligencia debe mapear y cuantificar antes del cierre.
En nuestra experiencia asesorando operaciones societarias en este sector, los compradores que inician el proceso sin una estructura de due diligence clara enfrentan dos consecuencias habituales: o alargan los plazos más allá de lo razonable –poniendo en riesgo la paciencia del vendedor y la vigencia de la hoja de términos (term sheet)–, o cierran con representaciones y garantías insuficientes que generan disputas post-cierre.
La due diligence en M&A de retail cubre, al menos, cuatro grandes bloques:
El resultado del proceso se traslada directamente al contrato de compraventa de empresa: los riesgos identificados se convierten en ajustes de precio, en garantías de indemnidad del vendedor o en condiciones precedentes para el cierre. Sin due diligence, no hay base objetiva para negociar ninguno de esos términos.
Toda operación de M&A en España que afecte a sociedades de capital –la forma habitual en el sector retail y de distribución– se encuadra, como mínimo, en la Ley de Sociedades de Capital y en el Código de Comercio. A estas normas se superpone legislación adicional según las circunstancias del caso.
¿Por qué importa esto al directivo que vende o compra? Porque el incumplimiento de requisitos formales –convocatoria defectuosa de junta, falta de depósito de cuentas en el Registro Mercantil, pactos parasociales no inscritos– puede convertir una operación bien diseñada en un problema de ejecución en el momento más inoportuno.
Los aspectos normativos que más afectan a las operaciones de retail son los siguientes:
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de lo mercantil registran cada año un volumen significativo de litigios derivados de operaciones societarias mal estructuradas. La mayor parte de ellos tiene su origen en deficiencias del proceso de diligencia previa al cierre.
En operaciones con componente transfronterizo –inversores extranjeros o targets con filiales en otros países– coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para cubrir los aspectos normativos adicionales que el Derecho español no resuelve por sí solo.
El proceso de diligencia debida en M&A no es lineal. Tiene una arquitectura que, en nuestra práctica, se organiza en fases que se solapan parcialmente para ganar eficiencia.
Fase 1 – Apertura del proceso. El vendedor prepara y carga en una sala de datos virtual (virtual data room) los documentos que el comprador y sus asesores revisarán. En retail, esa documentación incluye escrituras de constitución y modificaciones estatutarias, libros de actas de los últimos años, contratos de arrendamiento de todos los locales, contratos con los diez principales proveedores y los últimos tres ejercicios de cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.
Fase 2 – Revisión y generación de preguntas. El equipo del comprador –jurídico, fiscal y financiero– analiza la documentación y formula un cuestionario de aclaraciones (Q&A) al vendedor. En operaciones de distribución omnicanal, la revisión de los contratos tecnológicos y de licencias de software ocupa una parte relevante del tiempo.
Fase 3 – Informe de due diligence. El resultado del proceso es un informe estructurado que identifica los hallazgos, los clasifica por nivel de riesgo –alto, medio, bajo– y propone la respuesta contractual adecuada para cada uno: ajuste de precio, garantía de indemnidad, condición precedente o carta de cobertura del vendedor.
Fase 4 – Negociación del contrato. El informe de due diligence es el insumo principal para la negociación del contrato de compraventa de empresa. Las garantías y declaraciones del vendedor, las cláusulas de ajuste de precio y los mecanismos de retención (escrow) o precio aplazado (earn-out) se diseñan directamente a partir de los hallazgos del proceso.
Un elemento que distingue al retail de otros sectores es el papel crítico de los contratos de arrendamiento. En una cadena de tiendas, el valor del negocio depende en gran medida de la calidad de sus posiciones arrendaticias: plazos restantes, opciones de renovación, cláusulas de cesión y, especialmente, la existencia –o ausencia– de cláusulas que permitan al arrendador resolver el contrato en caso de cambio de control del arrendatario. Este último punto ha generado más de una sorpresa desagradable en operaciones que nadie detectó durante la diligencia.
El retail y la distribución presentan un perfil de riesgo propio que no se replica con la misma intensidad en otros sectores. Identificarlos durante la due diligence –no después del cierre– es la diferencia entre una operación rentable y una herencia envenenada.
Los riesgos más frecuentes que encontramos en nuestra práctica son los siguientes:
La creencia de que con los estatutos estándar basta para regular la relación entre socios es uno de los errores más extendidos en el sector. Los estatutos tipo no contemplan los supuestos de salida de un socio, los mecanismos de valoración en caso de desacuerdo o las restricciones a la transmisión de participaciones. El pacto de socios y la due diligence determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación. Sin esos instrumentos, los conflictos entre socios se resuelven ante los juzgados de lo mercantil, con el coste y la demora que eso implica.
La duración de un proceso de due diligence en retail varía en función del tamaño y la complejidad de la empresa objetivo. En operaciones de tamaño medio, el proceso de revisión documental y elaboración del informe puede completarse en un plazo que la práctica del mercado sitúa entre cuatro y ocho semanas desde la apertura completa de la sala de datos.
Los factores que alargan el proceso son predecibles: documentación incompleta o no organizada por parte del vendedor, contratos de arrendamiento que necesitan revisión individual de cada cláusula, litigios laborales en curso cuya cuantificación requiere información adicional y estructuras de grupo con múltiples entidades.
El coste de la due diligence debe evaluarse en relación con el valor de la operación y con el coste de no hacerla. En nuestra experiencia, los compradores que prescinden de la diligencia –o la realizan de forma superficial para ahorrar honorarios– asumen contingencias que, en el momento de aflorar, superan con creces el coste del proceso que ahorraron.
En cuanto al calendario general de la operación, la práctica de las operaciones de M&A en España sitúa la firma del contrato de compraventa entre seis y dieciséis semanas después del acuerdo sobre la hoja de términos, según la complejidad del proceso de due diligence y la velocidad de negociación del contrato. Este plazo puede comprimirse si el vendedor prepara el proceso con antelación –lo que el mercado denomina vendor due diligence o sell-side due diligence– y tiene la documentación organizada y los riesgos identificados antes de iniciar el contacto con compradores.
La preparación anticipada reduce el tiempo de proceso. Y en un mercado donde el comprador puede perder interés o encontrar otro target, el tiempo es valor.
El pacto de socios es el instrumento que regula las relaciones entre los titulares del capital con un nivel de detalle que los estatutos sociales no pueden –ni deben– contener. En operaciones de entrada de inversor financiero o de compra parcial de una empresa de distribución, el pacto de socios es tan importante como el contrato de compraventa.
Los elementos que cualquier pacto de socios en retail debe contemplar incluyen:
Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios en los que un pacto de socios bien estructurado evitó litigios que, de haberse producido, habrían paralizado el negocio durante años. La experiencia es consistente: el coste de redactar el pacto antes del cierre es una fracción del coste de resolver un conflicto entre socios sin instrumentos contractuales adecuados.
La distribución omnicanal añade capas de complejidad al proceso que la due diligence de una cadena puramente física no tiene. El comprador debe revisar no solo los contratos físicos, sino toda la infraestructura tecnológica y contractual del canal digital.
Los elementos específicos del omnicanal que la due diligence debe cubrir son:
En nuestra práctica hemos observado que los compradores de empresas de distribución omnicanal subestiman con frecuencia el peso de los contratos tecnológicos. Un contrato de licencia de software de gestión que no contempla la posibilidad de cesión puede bloquear la integración del target en el grupo comprador durante meses.
La due diligence tecnológica no sustituye a la jurídica y fiscal, pero en distribución omnicanal es indispensable realizarlas de forma coordinada. El equipo que revisa los contratos de arrendamiento y el que analiza los acuerdos de licencia deben trabajar con la misma metodología y bajo el mismo coordinador de proyecto.
El momento en que se incorpora el asesoramiento jurídico condiciona de manera decisiva el resultado de la operación. La incorporación tardía –cuando el comprador ya ha firmado la hoja de términos o, peor aún, cuando las partes ya han anunciado el acuerdo– reduce el margen de maniobra del asesor a prácticamente nulo.
El asesoramiento temprano permite:
¿Cuándo es demasiado tarde para incorporar el asesoramiento? La respuesta es que nunca lo es del todo, pero el coste de la incorporación tardía se mide en tiempo, en precio y, a veces, en la viabilidad misma de la operación. La práctica de nuestra firma indica que las operaciones en las que participamos desde la fase de estructura y hoja de términos se cierran de forma más predecible y con menos incidencias post-cierre que aquellas en las que nos incorporamos solo para la fase de contrato.
Si quiere entender cómo le afecta este proceso a su operación concreta, escríbanos a info@velardevidal.com.
Antes de abrir formalmente un proceso de M&A, ya sea como vendedor o como comprador, conviene verificar que se dispone –o se puede obtener en breve– de la siguiente documentación e información:
Este checklist no es exhaustivo. Cada operación tiene sus particularidades. Pero un directivo que llega al proceso con esta documentación organizada transmite al comprador una imagen de orden que tiene valor negociador.
Las operaciones de M&A en retail y distribución conectan habitualmente con otras áreas de asesoramiento que conviene gestionar de forma coordinada. En el plano societario, la estructuración de la operación y el diseño de la sociedad holding pueden revisarse en nuestra práctica de Derecho societario y operaciones (M&A). Para directivos que quieran profundizar en el gobierno corporativo aplicado a otros sectores industriales, el análisis de estructuras en transacciones complejas puede consultarse en nuestro dosier sobre gobierno corporativo en automoción. Cuando la operación implica estructuras de colaboración empresarial entre operadores del sector, el análisis de las implicaciones para operaciones de joint venture puede completarse con nuestro dosier sobre joint ventures en el sector agroalimentario.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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