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Derecho societario y operaciones (M&A)

Retail y distribución: preguntas sobre due diligence en M&A

Por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societarioActualizado:

El sector retail y de distribución acumula hoy operaciones de compraventa, entrada de fondos y reorganizaciones corporativas a un ritmo que no se había visto en la última década. Quienes no preparan la diligencia debida (due diligence) con suficiente antelación descubren tarde que el valor de la compañía estaba condicionado por pasivos ocultos, contratos de arrendamiento con cláusulas leoninas o relaciones laborales que no soportan el escrutinio de un comprador profesional. La oportunidad de cerrar una operación en condiciones óptimas tiene una ventana finita. Cerrarla mal –o sin información completa– puede costar bastante más que prepararse a tiempo.

En breve: La diligencia debida en operaciones de M&A dentro del retail y la distribución es el proceso de verificación jurídica, fiscal y comercial que precede a cualquier transmisión de participaciones o activos de una empresa del sector. Se rige por la normativa societaria y mercantil española, complementada por legislación fiscal, laboral y de competencia, y su resultado determina el precio definitivo, las garantías del vendedor y la estructura del cierre.

¿Qué significa due diligence en el contexto del retail y la distribución?

La diligencia debida es, en esencia, la auditoría jurídica y económica que un comprador –o un inversor que entra en el capital– practica sobre la empresa objetivo antes de firmar el contrato de compraventa o la ampliación de capital. En el sector retail y de distribución, este proceso tiene una densidad particular.

Las cadenas de distribución operan con múltiples contratos de arrendamiento de locales comerciales, licencias de software de gestión, acuerdos de exclusividad con proveedores y plantillas estructuradas a menudo sobre esquemas de flexibilidad laboral que pueden ser cuestionados. Cada uno de esos elementos es un vector de riesgo que la diligencia debe mapear y cuantificar antes del cierre.

En nuestra experiencia asesorando operaciones societarias en este sector, los compradores que inician el proceso sin una estructura de due diligence clara enfrentan dos consecuencias habituales: o alargan los plazos más allá de lo razonable –poniendo en riesgo la paciencia del vendedor y la vigencia de la hoja de términos (term sheet)–, o cierran con representaciones y garantías insuficientes que generan disputas post-cierre.

La due diligence en M&A de retail cubre, al menos, cuatro grandes bloques:

  • Due diligence jurídico-societaria: revisión de estatutos, libros de actas, pactos parasociales, estructura de filiales y eventuales cláusulas de arrastre o preferencia.
  • Due diligence fiscal: revisión de declaraciones, contingencias ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), régimen de IVA en operaciones con clientes y proveedores, y posibles ajustes en precios de transferencia si hay grupo.
  • Due diligence laboral: análisis de la plantilla, convenio colectivo aplicable, expedientes de regulación, indemnizaciones pendientes y esquemas de retribución variable.
  • Due diligence contractual y regulatoria: cartera de contratos con proveedores y arrendatarios, licencias de actividad y permisos de apertura, relaciones de franquicia si las hay, y cualquier expediente administrativo abierto.

El resultado del proceso se traslada directamente al contrato de compraventa de empresa: los riesgos identificados se convierten en ajustes de precio, en garantías de indemnidad del vendedor o en condiciones precedentes para el cierre. Sin due diligence, no hay base objetiva para negociar ninguno de esos términos.

El marco normativo que rodea las operaciones en retail: qué debe saber la dirección

Toda operación de M&A en España que afecte a sociedades de capital –la forma habitual en el sector retail y de distribución– se encuadra, como mínimo, en la Ley de Sociedades de Capital y en el Código de Comercio. A estas normas se superpone legislación adicional según las circunstancias del caso.

¿Por qué importa esto al directivo que vende o compra? Porque el incumplimiento de requisitos formales –convocatoria defectuosa de junta, falta de depósito de cuentas en el Registro Mercantil, pactos parasociales no inscritos– puede convertir una operación bien diseñada en un problema de ejecución en el momento más inoportuno.

Los aspectos normativos que más afectan a las operaciones de retail son los siguientes:

  • Normativa societaria: regula los derechos de suscripción preferente, los quórums de acuerdo para la venta de activos esenciales y los requisitos de convocatoria de junta. En operaciones con múltiples socios, ignorar estas reglas abre la puerta a impugnaciones que pueden paralizar el proceso.
  • Legislación fiscal: la transmisión de participaciones puede estar sujeta a distintos regímenes tributarios según la estructura elegida. La Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del IRPF definen las consecuencias para el transmitente –persona jurídica o física– y para el adquirente.
  • Legislación laboral: la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Estatuto de los Trabajadores fijan las consecuencias de una transmisión de empresa sobre los contratos de trabajo. En retail, con plantillas numerosas y alta rotación, este aspecto es con frecuencia el que genera más contingencias no previstas.
  • Normativa de competencia: si la operación alcanza determinados umbrales de cuota de mercado, puede requerir notificación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En distribución, con actores de tamaño relevante, este riesgo es real.
  • Normativa de protección de datos: las bases de datos de clientes son activos valiosos en retail. Su transmisión debe cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede sancionar la transferencia indebida de datos.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de lo mercantil registran cada año un volumen significativo de litigios derivados de operaciones societarias mal estructuradas. La mayor parte de ellos tiene su origen en deficiencias del proceso de diligencia previa al cierre.

En operaciones con componente transfronterizo –inversores extranjeros o targets con filiales en otros países– coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para cubrir los aspectos normativos adicionales que el Derecho español no resuelve por sí solo.

¿Cómo se estructura el proceso de due diligence en una empresa de distribución?

El proceso de diligencia debida en M&A no es lineal. Tiene una arquitectura que, en nuestra práctica, se organiza en fases que se solapan parcialmente para ganar eficiencia.

Fase 1 – Apertura del proceso. El vendedor prepara y carga en una sala de datos virtual (virtual data room) los documentos que el comprador y sus asesores revisarán. En retail, esa documentación incluye escrituras de constitución y modificaciones estatutarias, libros de actas de los últimos años, contratos de arrendamiento de todos los locales, contratos con los diez principales proveedores y los últimos tres ejercicios de cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Fase 2 – Revisión y generación de preguntas. El equipo del comprador –jurídico, fiscal y financiero– analiza la documentación y formula un cuestionario de aclaraciones (Q&A) al vendedor. En operaciones de distribución omnicanal, la revisión de los contratos tecnológicos y de licencias de software ocupa una parte relevante del tiempo.

Fase 3 – Informe de due diligence. El resultado del proceso es un informe estructurado que identifica los hallazgos, los clasifica por nivel de riesgo –alto, medio, bajo– y propone la respuesta contractual adecuada para cada uno: ajuste de precio, garantía de indemnidad, condición precedente o carta de cobertura del vendedor.

Fase 4 – Negociación del contrato. El informe de due diligence es el insumo principal para la negociación del contrato de compraventa de empresa. Las garantías y declaraciones del vendedor, las cláusulas de ajuste de precio y los mecanismos de retención (escrow) o precio aplazado (earn-out) se diseñan directamente a partir de los hallazgos del proceso.

Un elemento que distingue al retail de otros sectores es el papel crítico de los contratos de arrendamiento. En una cadena de tiendas, el valor del negocio depende en gran medida de la calidad de sus posiciones arrendaticias: plazos restantes, opciones de renovación, cláusulas de cesión y, especialmente, la existencia –o ausencia– de cláusulas que permitan al arrendador resolver el contrato en caso de cambio de control del arrendatario. Este último punto ha generado más de una sorpresa desagradable en operaciones que nadie detectó durante la diligencia.

¿Qué riesgos específicos del sector retail y distribución debe anticipar el comprador?

El retail y la distribución presentan un perfil de riesgo propio que no se replica con la misma intensidad en otros sectores. Identificarlos durante la due diligence –no después del cierre– es la diferencia entre una operación rentable y una herencia envenenada.

Los riesgos más frecuentes que encontramos en nuestra práctica son los siguientes:

  • Contingencias laborales no provisionadas. Las empresas del sector con alta rotación acumulan con frecuencia reclamaciones por despido improcedente, diferencias salariales no abonadas o incumplimientos de convenio. La indemnización por despido improcedente asciende a 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, conforme a la legislación laboral vigente. Una plantilla numerosa con rotación elevada puede ocultar un pasivo laboral relevante.
  • Cláusulas de change of control en contratos de arrendamiento. Ya mencionadas. Si el arrendador puede resolver el contrato al producirse un cambio de control en el arrendatario, el comprador puede encontrarse sin las posiciones clave del negocio.
  • Deudas con proveedores fuera de los plazos legales. La Ley de lucha contra la morosidad fija plazos máximos de pago en operaciones comerciales entre empresas. Una empresa que los incumple sistemáticamente puede afrontar reclamaciones de intereses de demora que no están reflejadas en el balance.
  • Irregularidades en el tratamiento de datos de clientes. Los programas de fidelización, las bases de datos de tarjetas y los registros de comportamiento de compra son activos estratégicos. Si su tratamiento no cumple el RGPD y la LOPDGDD, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede imponer sanciones que representan un pasivo contingente de consideración.
  • Marcas y propiedad industrial no registradas o en disputa. En retail, la marca es a menudo el activo central. Si no está debidamente registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) –o ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para el ámbito comunitario– el comprador adquiere un activo cuya defensa futura es incierta. Las marcas nacionales tienen una duración de diez años renovables; conviene verificar que las renovaciones están al corriente.
  • Contingencias fiscales de ejercicios no prescritos. La prescripción tributaria en España es de cuatro años. Los ejercicios no prescritos pueden ser objeto de inspección por la AEAT con posterioridad al cierre. Si el vendedor no otorga garantías adecuadas sobre estos riesgos, el comprador los absorbe sin precio.
  • Estructura societaria opaca o con filiales no auditadas. Los grupos de distribución que han crecido orgánicamente a menudo presentan estructuras con sociedades holding intermedias, participaciones cruzadas o filiales inactivas con obligaciones pendientes. La diligencia debe mapear el grupo completo, no solo la entidad objeto de la transmisión.

La creencia de que con los estatutos estándar basta para regular la relación entre socios es uno de los errores más extendidos en el sector. Los estatutos tipo no contemplan los supuestos de salida de un socio, los mecanismos de valoración en caso de desacuerdo o las restricciones a la transmisión de participaciones. El pacto de socios y la due diligence determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación. Sin esos instrumentos, los conflictos entre socios se resuelven ante los juzgados de lo mercantil, con el coste y la demora que eso implica.

¿Qué plazos y costes conlleva due diligence en M&A?

La duración de un proceso de due diligence en retail varía en función del tamaño y la complejidad de la empresa objetivo. En operaciones de tamaño medio, el proceso de revisión documental y elaboración del informe puede completarse en un plazo que la práctica del mercado sitúa entre cuatro y ocho semanas desde la apertura completa de la sala de datos.

Los factores que alargan el proceso son predecibles: documentación incompleta o no organizada por parte del vendedor, contratos de arrendamiento que necesitan revisión individual de cada cláusula, litigios laborales en curso cuya cuantificación requiere información adicional y estructuras de grupo con múltiples entidades.

El coste de la due diligence debe evaluarse en relación con el valor de la operación y con el coste de no hacerla. En nuestra experiencia, los compradores que prescinden de la diligencia –o la realizan de forma superficial para ahorrar honorarios– asumen contingencias que, en el momento de aflorar, superan con creces el coste del proceso que ahorraron.

En cuanto al calendario general de la operación, la práctica de las operaciones de M&A en España sitúa la firma del contrato de compraventa entre seis y dieciséis semanas después del acuerdo sobre la hoja de términos, según la complejidad del proceso de due diligence y la velocidad de negociación del contrato. Este plazo puede comprimirse si el vendedor prepara el proceso con antelación –lo que el mercado denomina vendor due diligence o sell-side due diligence– y tiene la documentación organizada y los riesgos identificados antes de iniciar el contacto con compradores.

La preparación anticipada reduce el tiempo de proceso. Y en un mercado donde el comprador puede perder interés o encontrar otro target, el tiempo es valor.

¿Qué papel juega el pacto de socios en una operación de M&A en distribución?

El pacto de socios es el instrumento que regula las relaciones entre los titulares del capital con un nivel de detalle que los estatutos sociales no pueden –ni deben– contener. En operaciones de entrada de inversor financiero o de compra parcial de una empresa de distribución, el pacto de socios es tan importante como el contrato de compraventa.

Los elementos que cualquier pacto de socios en retail debe contemplar incluyen:

  • Gobierno corporativo: composición del consejo o del órgano de administración, derechos de designación de administradores según el porcentaje de participación, mayorías reforzadas para decisiones estratégicas.
  • Restricciones a la transmisión: derechos de tanteo, derechos de retracto, cláusulas de arrastre (drag along) y de acompañamiento (tag along). En distribución, donde el cambio de control puede afectar a contratos clave, estas cláusulas deben calibrarse con especial cuidado.
  • Mecanismos de valoración y salida: fórmulas de valoración pactadas de antemano para los supuestos de salida, put y call options, y procedimientos de resolución de bloqueos (deadlock). Sin estas cláusulas, la valoración en caso de desacuerdo se convierte en un litigio.
  • Obligaciones de no competencia (non-compete): limitaciones geográficas y temporales para el vendedor que sigue en la gestión del negocio. La legislación española establece límites a la extensión de estas cláusulas; conviene que las redacte alguien que conozca tanto la práctica del mercado como los criterios de los tribunales.
  • Acuerdos de confidencialidad (NDA): previos a la apertura del proceso, limitan la difusión de información sensible del target.

Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios en los que un pacto de socios bien estructurado evitó litigios que, de haberse producido, habrían paralizado el negocio durante años. La experiencia es consistente: el coste de redactar el pacto antes del cierre es una fracción del coste de resolver un conflicto entre socios sin instrumentos contractuales adecuados.

¿Cómo gestiona la due diligence una empresa de distribución omnicanal?

La distribución omnicanal añade capas de complejidad al proceso que la due diligence de una cadena puramente física no tiene. El comprador debe revisar no solo los contratos físicos, sino toda la infraestructura tecnológica y contractual del canal digital.

Los elementos específicos del omnicanal que la due diligence debe cubrir son:

  • Plataforma de comercio electrónico: propiedad del software (desarrollado a medida o bajo licencia), contratos con proveedores de pasarela de pago, acuerdos con marketplaces y condiciones de uso que puedan condicionar el cambio de titularidad.
  • Logística de última milla: contratos con operadores logísticos, niveles de servicio pactados, penalizaciones por incumplimiento y exclusividades que puedan limitar la operativa post-cierre.
  • Bases de datos de clientes y programas de fidelización: inventario de datos, base jurídica del tratamiento, políticas de privacidad vigentes y cualquier incidente de seguridad previo que deba notificarse a la AEPD o que pueda generar reclamaciones de afectados.
  • Propiedad intelectual digital: marcas en el entorno digital, nombres de dominio, derechos sobre contenidos y diseños de la plataforma.

En nuestra práctica hemos observado que los compradores de empresas de distribución omnicanal subestiman con frecuencia el peso de los contratos tecnológicos. Un contrato de licencia de software de gestión que no contempla la posibilidad de cesión puede bloquear la integración del target en el grupo comprador durante meses.

La due diligence tecnológica no sustituye a la jurídica y fiscal, pero en distribución omnicanal es indispensable realizarlas de forma coordinada. El equipo que revisa los contratos de arrendamiento y el que analiza los acuerdos de licencia deben trabajar con la misma metodología y bajo el mismo coordinador de proyecto.

¿Cómo reduce el asesoramiento temprano el coste y el riesgo en una operación M&A de retail?

El momento en que se incorpora el asesoramiento jurídico condiciona de manera decisiva el resultado de la operación. La incorporación tardía –cuando el comprador ya ha firmado la hoja de términos o, peor aún, cuando las partes ya han anunciado el acuerdo– reduce el margen de maniobra del asesor a prácticamente nulo.

El asesoramiento temprano permite:

  1. Diseñar la estructura de la operación antes de que las partes queden comprometidas. La elección entre compraventa de participaciones y compraventa de activos tiene consecuencias fiscales, laborales y de responsabilidad que deben evaluarse antes de la firma de la hoja de términos, no después.
  2. Preparar el vendor due diligence. El vendedor que anticipa el proceso y ordena su documentación antes de abrir el proceso a compradores negocia desde una posición más sólida y transmite más confianza al comprador, lo que se traduce en mejores condiciones de precio y garantías.
  3. Identificar y cuantificar los riesgos con tiempo para remediarlos. Algunos hallazgos de due diligence son remediables: una marca no renovada, una cláusula estatutaria que requiere modificación, un contrato sin firma digital. Si se identifican con tiempo, se solucionan antes del cierre. Si se identifican en el último momento, generan renegociación o ruptura.
  4. Negociar las garantías con información completa. Un vendedor que conoce sus contingencias puede provisionarlas o cubrirlas con garantías específicas. Un vendedor que las desconoce firma representaciones amplias que, si afloran, generan reclamaciones post-cierre de difícil resolución.

¿Cuándo es demasiado tarde para incorporar el asesoramiento? La respuesta es que nunca lo es del todo, pero el coste de la incorporación tardía se mide en tiempo, en precio y, a veces, en la viabilidad misma de la operación. La práctica de nuestra firma indica que las operaciones en las que participamos desde la fase de estructura y hoja de términos se cierran de forma más predecible y con menos incidencias post-cierre que aquellas en las que nos incorporamos solo para la fase de contrato.

Si quiere entender cómo le afecta este proceso a su operación concreta, escríbanos a info@velardevidal.com.

Checklist de due diligence para el directivo de retail antes de iniciar una operación

Antes de abrir formalmente un proceso de M&A, ya sea como vendedor o como comprador, conviene verificar que se dispone –o se puede obtener en breve– de la siguiente documentación e información:

  • Escrituras de constitución, modificaciones estatutarias y libro de socios actualizado.
  • Libro de actas de la junta general y del órgano de administración de los últimos tres a cinco ejercicios.
  • Cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de los últimos tres ejercicios, con informe de auditoría si existe.
  • Inventario de todos los contratos de arrendamiento de locales, con identificación de vencimientos, opciones de renovación y cláusulas de cambio de control.
  • Contratos con los principales proveedores y distribuidores, con identificación de exclusividades y condiciones de resolución.
  • Inventario de marcas registradas y estado de renovaciones ante la OEPM o la EUIPO.
  • Documentación fiscal de los ejercicios no prescritos: declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, IVA e IRPF si aplica.
  • Relación de litigios y reclamaciones en curso, con cuantificación estimada del riesgo.
  • Documentación laboral: convenio aplicable, plantilla con categorías y antigüedades, expedientes de regulación en los últimos cuatro años.
  • Registro de tratamientos de datos y evidencia del cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD.
  • Contratos de licencia de software y plataformas tecnológicas, con condiciones de cesión.
  • Cualquier pacto de socios o acuerdo parasocial vigente.

Este checklist no es exhaustivo. Cada operación tiene sus particularidades. Pero un directivo que llega al proceso con esta documentación organizada transmite al comprador una imagen de orden que tiene valor negociador.

Servicios relacionados

Las operaciones de M&A en retail y distribución conectan habitualmente con otras áreas de asesoramiento que conviene gestionar de forma coordinada. En el plano societario, la estructuración de la operación y el diseño de la sociedad holding pueden revisarse en nuestra práctica de Derecho societario y operaciones (M&A). Para directivos que quieran profundizar en el gobierno corporativo aplicado a otros sectores industriales, el análisis de estructuras en transacciones complejas puede consultarse en nuestro dosier sobre gobierno corporativo en automoción. Cuando la operación implica estructuras de colaboración empresarial entre operadores del sector, el análisis de las implicaciones para operaciones de joint venture puede completarse con nuestro dosier sobre joint ventures en el sector agroalimentario.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica due diligence en M&A para una empresa?
La diligencia debida en M&A implica una revisión sistemática y documentada de todos los aspectos jurídicos, fiscales, laborales y contractuales de la empresa objetivo antes de formalizar la transmisión. Para la empresa objeto de análisis, significa poner a disposición del comprador o inversor la documentación que acredita su situación real. Para el comprador, supone identificar los riesgos que condicionarán el precio, las garantías y la estructura del cierre. En retail y distribución, el proceso abarca desde los contratos de arrendamiento hasta las bases de datos de clientes, pasando por la cartera de marcas y las contingencias laborales de la plantilla.
¿Qué plazos y costes conlleva due diligence en M&A?
En operaciones de retail de tamaño medio, el proceso de diligencia debida tiene una duración habitual de entre cuatro y ocho semanas desde la apertura de la sala de datos, aunque una documentación deficiente o una estructura societaria compleja pueden prolongarlo. El coste debe evaluarse en relación con el valor de la operación: las contingencias no identificadas durante la due diligence pueden aflorar post-cierre con un impacto económico que supera con creces el coste del proceso. La preparación anticipada por parte del vendedor –el denominado vendor due diligence– reduce el tiempo y mejora las condiciones de negociación.
¿Qué riesgos hay que evitar en due diligence en M&A?
Los principales riesgos que una due diligence mal ejecutada deja sin identificar en retail son: contingencias laborales no provisionadas, cláusulas de cambio de control en contratos de arrendamiento que permiten al arrendador resolver el contrato, marcas sin registrar o con renovaciones caducadas, pasivos fiscales en ejercicios no prescritos –la prescripción tributaria es de cuatro años–, y tratamientos de datos de clientes que no cumplen el RGPD. Cada uno de estos riesgos, si aflora tras el cierre, puede generar reclamaciones del comprador frente al vendedor o contingencias directas frente a terceros y administraciones.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en due diligence en M&A?
El momento óptimo para incorporar el asesoramiento jurídico es antes de la firma de la hoja de términos, cuando todavía es posible diseñar la estructura de la operación, elegir el vehículo adecuado y decidir si procede una due diligence de vendedor previa. La incorporación tardía reduce el margen de maniobra y obliga a negociar en condiciones de información asimétrica. En todo caso, el asesoramiento antes del cierre siempre es preferible a la ausencia de asesoramiento: permite al menos estructurar las garantías y las representaciones del contrato de forma que los riesgos queden asignados de manera consciente y negociada.

Análisis elaborado por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societario, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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