Las empresas del sector tecnológico y de software se enfrentan hoy a un escenario de restructuración laboral que pocas organizaciones han vivido con tanta intensidad en los últimos años. Los ciclos de financiación se contraen, los modelos de ingresos recurrentes cambian de ritmo y la dirección debe tomar decisiones de plantilla con rapidez. Un expediente de regulación de empleo (ERE) o un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) no es una solución inmediata: es un procedimiento reglado, con plazos, causas y costes que pueden dispararse si la preparación es insuficiente.
El expediente de regulación de empleo y el expediente de regulación temporal de empleo comparten el mismo marco normativo de base – el Estatuto de los Trabajadores – pero persiguen objetivos distintos y generan obligaciones diferentes para la empresa.
El ERE es la vía del despido colectivo. Implica extinguir de forma definitiva contratos de trabajo cuando se superan los umbrales numéricos que la legislación laboral establece en función del tamaño de la plantilla. La extinción colectiva requiere justificar causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En tecnología, las reorganizaciones derivadas de la obsolescencia de un producto, la pérdida de un contrato de gran cuenta o la redefinición del modelo de negocio suelen encajar en alguna de esas causas. La clave está en la solidez documental y en la coherencia entre los argumentos presentados y la realidad empresarial.
El ERTE, en cambio, es la herramienta de la suspensión o reducción temporal. La empresa no extingue contratos: los suspende o reduce la jornada mientras dura la circunstancia que lo justifica. Es reversible, lo que lo convierte en una opción estratégicamente valiosa cuando la empresa no quiere perder talento especializado – perfil escaso en el sector – pero necesita ajustar costes a corto plazo.
¿Por qué confunden tantos directores de operaciones ambas figuras? Porque la denominación coloquial "expediente" se usa de forma indistinta. La distinción es, sin embargo, fundamental: el ERTE no genera derecho a indemnización, mientras que el ERE sí. En nuestra experiencia asesorando a empresas tecnológicas, esta confusión puede llevar a elegir el instrumento equivocado y a afrontar un coste muy superior al previsto.
El marco de referencia es el Estatuto de los Trabajadores, desarrollado reglamentariamente en materia de procedimiento de despido colectivo. Junto a él, el convenio colectivo sectorial aplicable – que en tecnología puede ser el convenio de consultoría y estudios de mercado y de la opinión, el de empresas de ingeniería o incluso el de oficinas y despachos, según la actividad real de la empresa – puede añadir condiciones adicionales.
La normativa establece que el despido colectivo exige la apertura de un período de consultas con la representación legal de los trabajadores. Este período no es un trámite formal: es el eje del procedimiento. Su duración máxima varía según el tipo de empresa, y su contenido debe incluir negociación de buena fe sobre las causas, el número de afectados, los criterios de selección y las medidas de acompañamiento. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha subrayado en reiteradas ocasiones que la ausencia de negociación real – o la documentación insuficiente de esa negociación – vicia el procedimiento y puede conducir a la declaración de nulidad.
Nulidad es la consecuencia más grave. No equivale a improcedencia. La nulidad implica la readmisión obligatoria de todos los trabajadores afectados y el abono de los salarios de tramitación. En una empresa de cien personas, el coste financiero y reputacional puede ser inasumible.
La documentación mínima exigida incluye memoria explicativa de las causas, datos económicos, cuentas y proyecciones, y el plan de medidas sociales de acompañamiento. Para empresas con más de cincuenta trabajadores afectados, la normativa añade la obligación de plan de recolocación externa. Este elemento, que muchas compañías tecnológicas subestiman, es objeto de escrutinio administrativo y judicial.
Las causas del despido colectivo son económicas, técnicas, organizativas y productivas. En el sector tecnológico, los escenarios más frecuentes que hemos observado se agrupan en cuatro patrones.
El primero es la contracción de ingresos recurrentes. Una caída sostenida en los contratos de mantenimiento o en las licencias de software puede constituir causa económica. La dirección debe poder acreditar esa contracción con datos financieros verificables y, cuando proceda, con proyecciones fundadas.
El segundo es la obsolescencia tecnológica o el pivote de producto. Cuando una empresa decide discontinuar una línea de producto – digamos, una plataforma legada que ya no tiene recorrido comercial – y eso hace redundantes determinados perfiles, estamos ante una causa técnica u organizativa. La coherencia entre la decisión de negocio y los perfiles seleccionados es esencial: la Audiencia Nacional y los juzgados de lo social han rechazado despidos colectivos en los que la empresa no pudo justificar por qué los criterios de selección respondían a la causa alegada.
El tercero es la pérdida de un contrato de gran cuenta o un proyecto principal. Frecuente en empresas de software a medida o de servicios gestionados. La causa productiva puede ser sólida, pero la documentación del contrato, su peso en la facturación y el impacto en los puestos afectados debe ser impecable.
El cuarto patrón, creciente en los últimos años, es la reorganización post-fusión o post-adquisición. Las operaciones de concentración en el sector tecnológico español generan duplicidades de equipos que la dirección quiere resolver con rapidez. Aquí confluyen la legislación laboral y la normativa societaria, y la coordinación entre el equipo de operaciones corporativas y el equipo laboral es imprescindible. Si la empresa ha pasado por una adquisición reciente, le recomendamos consultar también nuestra práctica de Laboral y movilidad internacional, donde abordamos la integración de plantillas en procesos de M&A.
El procedimiento de despido colectivo se inicia con la comunicación simultánea a la representación legal de los trabajadores y a la autoridad laboral competente. Ese momento de apertura es irrevocable en cuanto a sus efectos procesales: una vez comunicado, el reloj empieza a correr.
El período de consultas tiene una duración máxima de treinta días naturales para empresas con cincuenta o más trabajadores, y de quince días naturales para empresas de menor tamaño. La Audiencia Nacional ha precisado que este plazo es un máximo, no un mínimo: el procedimiento puede concluir antes si las partes alcanzan acuerdo. Sin embargo, concluir el período de consultas precipitadamente, sin agotar la negociación real, es uno de los errores más costosos que comete la empresa.
Una vez cerrado el período de consultas, la empresa comunica la decisión final a los trabajadores afectados. La extinción produce efectos desde esa comunicación individual. El plazo para que el trabajador afectado impugne el despido ante los juzgados de lo social es de veinte días hábiles, conforme al Estatuto de los Trabajadores. Ese mismo plazo rige para la impugnación individual de cualquier despido, incluyendo los que se enmarcan en un procedimiento colectivo.
Paralelo al procedimiento, la empresa debe gestionar las comunicaciones a la Seguridad Social, los plazos de preaviso y, cuando exista plan de recolocación externa, la activación de los servicios previstos. En nuestra práctica hemos observado que las empresas tecnológicas con procesos ágiles de gestión de proyectos trasladan esa misma agilidad al procedimiento de ERE, con resultados contraproducentes: la rapidez sin rigor documental genera vulnerabilidades que se materializan meses después, en sede judicial.
El ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP) es el mecanismo de ajuste temporal de plantilla que permite a la empresa suspender contratos o reducir jornada sin extinguirlos. Es la figura adecuada cuando la situación que origina el ajuste tiene vocación temporal: un contrato suspendido, una caída de demanda estacional, una reorganización en curso que requerirá nuevas contrataciones una vez consolidada.
En el sector tecnológico, el ERTE ETOP ha ganado protagonismo en situaciones de pérdida de grandes clientes cuyos contratos se prevén renovables, o en procesos de transformación tecnológica interna que generan un exceso temporal de determinados perfiles. La temporalidad de la medida debe estar justificada: si la empresa aplica un ERTE pero la causa es permanente, la autoridad laboral o los tribunales pueden recalificar la situación y declarar la extinción nula o improcedente.
Desde la reforma laboral de 2021, el ERTE incorpora también la modalidad de reducción de jornada, más flexible que la suspensión total. Una empresa puede reducir la jornada de sus desarrolladores entre un porcentaje mínimo y máximo fijado por la normativa, lo que permite mantener operativa parte del equipo mientras gestiona el ajuste de costes. Esta modalidad es especialmente útil en software, donde la pérdida de conocimiento acumulado por la marcha de profesionales especializados puede resultar más costosa que el coste de su mantenimiento parcial.
¿Cuándo no es el ERTE la respuesta correcta? Cuando la situación es estructural. Aplicar un ERTE para diferir una decisión que inevitablemente desembocará en un ERE incrementa el coste total y prolonga la incertidumbre para los trabajadores y para la propia organización. La elección del instrumento adecuado desde el inicio es el primer servicio que puede prestar el asesoramiento jurídico laboral.
En el despido colectivo y en el ERTE, la representación legal de los trabajadores – comité de empresa, delegados de personal o, en su defecto, la comisión ad hoc que se constituya – es la contraparte obligatoria en el período de consultas. No existe procedimiento válido sin interlocutor representativo.
En empresas tecnológicas medianas – aquellas que, típicamente, tienen entre cincuenta y doscientos cincuenta trabajadores – la representación sindical formal es menos frecuente que en la industria manufacturera. Esto genera una falsa sensación de ventaja negociadora que hemos visto convertirse en un problema real: la comisión ad hoc, formada por trabajadores sin experiencia negociadora, puede asesorarse externamente durante el período de consultas, y su posición puede ser tan técnicamente exigente como la de un sindicato experimentado.
La negociación de buena fe no implica ceder en todas las posiciones. Implica acreditar que la empresa escuchó, respondió a las propuestas alternativas y fundamentó su decisión. El acuerdo no es obligatorio, pero sí es la vía que más protege jurídicamente a la empresa: un expediente que concluye en acuerdo con la representación de los trabajadores reduce significativamente el riesgo de impugnación posterior, tanto colectiva como individual.
Los criterios de selección de los trabajadores afectados merecen atención particular. La jurisprudencia ha sido exigente en exigir que esos criterios sean objetivos, consistentes con la causa alegada y no discriminatorios. En tecnología, la tentación de seleccionar por edad o por salario – perfiles costosos – sin justificar la coherencia con la causa organizativa o productiva ha generado declaraciones de nulidad que la empresa podría haber evitado con asesoramiento previo.
El personal de alta dirección en una empresa tecnológica – directores de tecnología, directores de producto, directores de ingeniería que ostentan esa condición – está sujeto a un régimen jurídico distinto al del trabajador ordinario. El Real Decreto que regula la relación laboral especial del personal de alta dirección les excluye de la cobertura del despido colectivo estándar.
Esto tiene consecuencias prácticas relevantes. La extinción del contrato del directivo no requiere seguir el procedimiento del ERE, pero sí puede generar costes indemnizatorios significativos si el contrato está bien estructurado. En nuestra experiencia asesorando a empresas en reestructuraciones, los contratos de alta dirección negociados en fases de crecimiento rápido – frecuentes en startups y scale-ups tecnológicas – incluyen con frecuencia cláusulas de compensación por extinción que superan con mucho los mínimos legales.
Conviene, por tanto, revisar los contratos de alta dirección antes de iniciar cualquier proceso de restructuración. La falta de planificación en este punto ha sido la causa de desagradables sorpresas presupuestarias en operaciones que, de otro modo, hubieran resultado ordenadas. Las empresas que gestionan captación de talento directivo internacional deben añadir la capa de complejidad del régimen de impatriados: un directivo acogido al régimen especial de trabajadores desplazados – comúnmente conocido como «Ley Beckham» – tributa al 24 % hasta 600.000 euros de base, y su desvinculación puede tener implicaciones fiscales que conviene anticipar junto al equipo laboral y fiscal.
Muchas empresas tecnológicas españolas cuentan con trabajadores desplazados desde el extranjero o en régimen de trabajo remoto desde terceros países. La gestión de estos perfiles en un ERE presenta complejidades adicionales que la empresa no puede ignorar.
En primer lugar, la determinación de la ley aplicable al contrato. Si el trabajador está contratado en España con contrato de trabajo español, la normativa laboral española rige con independencia de dónde se presten los servicios. Pero si la relación laboral tiene elementos de extranjería – contrato extranjero, centro de trabajo fuera de España, cláusula de elección de ley – la situación requiere un análisis de Derecho internacional privado laboral antes de incluir al trabajador en el ERE.
En segundo lugar, la coordinación con Seguridad Social. Los trabajadores en situación de desplazamiento al extranjero pueden estar cubiertos por convenios bilaterales o por el Reglamento europeo de coordinación de la Seguridad Social. Su inclusión en el ERE puede afectar a esa cobertura de formas que la dirección de recursos humanos no siempre anticipa.
En tercer lugar, los trabajadores extranjeros desplazados a España que están acogidos al régimen de impatriados tienen una vinculación fiscal y laboral con el territorio español que puede verse afectada por la extinción anticipada de su contrato. Conviene verificar si el contrato incluía compromisos de permanencia ligados a ese régimen especial, ya que su incumplimiento puede generar responsabilidades frente al trabajador. Para operaciones con componente transfronterizo, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente.
Las empresas tecnológicas con cincuenta o más trabajadores tienen obligación legal de negociar y registrar un plan de igualdad. Esta obligación no se suspende durante un ERE: al contrario, la selección de los trabajadores afectados por el despido colectivo debe ser conforme al principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo.
La autoridad laboral y los tribunales han incrementado su escrutinio sobre la composición por sexo de los colectivos afectados por EREs en el sector tecnológico. Si el grupo de afectados presenta una concentración desproporcionada de trabajadoras, la empresa debe poder justificar que esa distribución responde a criterios objetivos relacionados con la causa del expediente, no a una decisión discriminatoria encubierta.
La transparencia retributiva, reforzada por la normativa vigente, añade una capa adicional: en un ERE en el que uno de los criterios de selección es el coste salarial, la empresa debe poder demostrar que ese criterio no genera un impacto diferencial por razón de sexo que no esté justificado. La documentación del análisis de impacto de género en la selección es, en nuestra práctica, uno de los elementos que con mayor frecuencia se echa de menos cuando el expediente llega a los tribunales.
Si la empresa aún no tiene su plan de igualdad en regla o está revisando su modelo de negociación, puede resultar útil contrastar el enfoque con nuestra comparativa sobre plan de igualdad negociado frente al unilateral, donde analizamos las diferencias de coste y protección entre ambas vías.
En nuestra experiencia con reestructuraciones en el sector, hemos identificado un patrón recurrente de errores que elevan innecesariamente el coste y el riesgo del proceso.
El primero es la precipitación en la comunicación. Algunas empresas comunican a sus trabajadores la intención de llevar a cabo un ERE antes de haber iniciado formalmente el procedimiento legal. Esa comunicación informal puede crear expectativas, alterar el clima negociador y, en ocasiones, constituir una irregularidad procedimental si el contenido de la comunicación difiere del comunicado formal a la representación de los trabajadores.
El segundo es la documentación insuficiente de la causa. En el sector tecnológico, las memorias económicas de los EREs suelen ser más livianas de lo aconsejable. Un análisis financiero superficial, sin proyecciones contrastables ni explicación de la relación de causalidad entre la situación económica y los puestos afectados, es el principal vector de impugnación exitosa.
El tercero es la selección de afectados por criterios informales. Usar criterios de «rendimiento» o «alineamiento cultural» sin documentación objetiva previa es jurídicamente vulnerable. La ausencia de evaluaciones formales previas que soporten esos criterios transforma lo que la empresa considera una decisión empresarial razonable en un despido difícilmente defendible.
El cuarto error – quizá el más costoso – es la creencia de que indemnizar generosamente resuelve el problema. No siempre es así. Una indemnización por encima del mínimo legal puede ser necesaria para acelerar el acuerdo, pero no subsana vicios procedimentales que otros trabajadores pueden invocar para impugnar su propio despido. La solidez jurídica del procedimiento protege a la empresa frente a todos los afectados, no solo frente a los más exigentes.
La ventana de valor del asesoramiento laboral en un ERE se abre mucho antes del inicio formal del procedimiento. La empresa que contacta con su asesor en el momento en que la dirección detecta la necesidad de ajuste – y no cuando ya ha comunicado informalmente la decisión – tiene acceso a un abanico de opciones estratégicas que se reduce drásticamente una vez iniciado el procedimiento.
En esa fase previa, el asesoramiento puede incluir el análisis de la causa más sólida desde el punto de vista probatorio, la revisión de los convenios colectivos aplicables y sus condiciones específicas para el despido colectivo, la identificación de posibles medidas alternativas – modificaciones sustanciales de condiciones, movilidad geográfica, ERTE previo – y la preparación de la documentación antes de que el reloj empiece a correr.
Hemos asesorado reestructuraciones en empresas medianas y grandes del sector, y nuestra experiencia confirma que el diferencial de coste entre un ERE bien preparado y uno reactivo puede ser muy significativo. No solo en términos de indemnizaciones – que en un ERE son las legalmente establecidas, independientemente de su preparación – sino en el coste de los procedimientos judiciales posteriores, en el tiempo de la dirección consumido en litigios y en el impacto en el talento que la empresa necesita retener.
La complejidad del proceso no debe paralizarla: debe motivarla a actuar antes, con información completa. ¿Su empresa está valorando un ajuste de plantilla en los próximos meses? Es el momento de analizar las opciones, no de esperar a que la situación sea urgente.
Para un análisis de cómo la gestión anticipada de conflictos laborales colectivos puede marcar la diferencia, puede también consultar nuestro análisis sobre anticipación en conflictos colectivos, que desarrolla el valor del asesoramiento previo en distintos contextos sectoriales.
Antes de dar el primer paso formal, la dirección de una empresa tecnológica debería poder responder afirmativamente a los siguientes puntos.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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