Cuando los flujos de tesorería se tensan y los pagos a proveedores empiezan a demorarse, cada semana de inacción estrecha el margen de maniobra. La legislación concursal española exige que la dirección reconozca la situación, analice las opciones disponibles y actúe dentro de los plazos que fija la normativa – no cuando el problema se vuelva inmanejable, sino cuando se vuelve perceptible. La continuidad del negocio en crisis no es un accidente: es una decisión que se toma, o que se deja de tomar.
El texto refundido de la Ley Concursal, reformado para transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia de 2022, sitúa la continuidad de la actividad en el centro del sistema. La norma parte de una premisa que los órganos de administración deben interiorizar: la declaración de concurso no es el único camino ante la insolvencia, y en muchos casos ni siquiera es el más eficiente.
La legislación concursal distingue tres situaciones que la empresa puede atravesar. La primera es la insolvencia inminente: el deudor prevé que no podrá cumplir sus obligaciones de manera regular en un futuro próximo. La segunda es la insolvencia actual: ya no puede hacerlo. La tercera es la probabilidad de insolvencia, umbral que habilita el acceso a los instrumentos preconcursales incluso antes de que el incumplimiento sea efectivo. Cada estadio tiene sus propias herramientas y sus propios plazos.
El concepto de unidad productiva ocupa un lugar central en este marco. La transmisión de la unidad productiva – el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad empresarial – puede realizarse en el seno del concurso o al margen de él. En nuestra experiencia, es frecuente que las empresas infravaloren esta vía hasta que la situación se deteriora en exceso. El resultado es que se pierde valor negociador y se estrechan las opciones.
¿Por qué importa la distinción entre estos estadios? Porque los instrumentos disponibles en cada uno son diferentes, y la elección equivocada puede agravar la exposición del administrador y reducir las posibilidades de éxito del proceso.
El sistema preconcursal español ofrece dos mecanismos principales que permiten actuar antes de que sea necesario solicitar el concurso. Ambos están diseñados para proteger la continuidad del negocio mientras la empresa negocia con sus acreedores.
El primero es la comunicación al juzgado del inicio de negociaciones con acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un plan de reestructuración o, alternativamente, para preparar una propuesta anticipada de convenio o la transmisión de la unidad productiva. Esta comunicación – conocida habitualmente como "preconcurso" en la práctica forense – produce un escudo temporal: suspende el deber de solicitar el concurso y blinda frente a solicitudes de concurso necesario por parte de acreedores. El plazo que la norma concede para alcanzar el acuerdo es determinado, por lo que la empresa no puede utilizar este mecanismo de forma indefinida.
El segundo instrumento es el plan de reestructuración, figura introducida con la reforma de 2022. A diferencia del antiguo acuerdo de refinanciación, el plan puede extender sus efectos a acreedores disidentes dentro de la misma clase si se alcanzan las mayorías legalmente exigidas. Esto convierte el plan en una herramienta de negociación muy superior: un acreedor que bloquea el acuerdo ya no tiene la última palabra si la empresa construye adecuadamente las clases y consigue el apoyo suficiente dentro de cada una.
En nuestra práctica hemos observado que la diferencia entre un plan de reestructuración exitoso y uno que fracasa raramente reside en los números. Reside en el momento en que se inicia el proceso y en la calidad de la preparación jurídica y financiera previa.
Este es, probablemente, el punto de mayor exposición para el órgano de administración. El deber de solicitar el concurso nace en el momento en que el administrador conoció o debió conocer el estado de insolvencia. A partir de ese instante, la normativa establece un plazo de dos meses para presentar la solicitud ante el juzgado de lo mercantil competente.
El incumplimiento de este deber no es una infracción menor. La legislación concursal contempla la sección de calificación del concurso, en la que el juez analiza si el concurso merece la calificación de culpable. La apertura tardía o la actuación negligente de los administradores en los dos años anteriores a la declaración del concurso puede conducir a la inhabilitación para administrar bienes ajenos y, en su caso, a la condena a cubrir el déficit concursal – esto es, la parte del pasivo que no alcanza a satisfacerse con la masa activa.
La responsabilidad de los administradores en el contexto concursal no es abstracta. Los juzgados de lo mercantil han consolidado una doctrina exigente sobre el momento en que un administrador diligente debería haber advertido la situación de insolvencia. La contabilidad de la sociedad, la evolución del fondo de maniobra negativo y los impagos sostenidos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o a la Seguridad Social son, en la práctica judicial, señales que los tribunales consideran objetivamente perceptibles.
Actuar a tiempo no es solo una estrategia de negocio. Es, también, la forma de preservar la posición del administrador frente a una eventual sección de calificación.
La continuidad del negocio en crisis exige que el órgano de administración adopte decisiones en un calendario apretado. Hemos identificado las que, en nuestra experiencia asesorando a empresas en procesos de reestructuración, resultan más determinantes.
La primera decisión es el diagnóstico temprano de la situación patrimonial. Sin una foto financiera actualizada – deuda real, vencimientos, compromisos con la AEAT y con la Tesorería General de la Seguridad Social, posición con entidades financieras – es imposible seleccionar el instrumento adecuado. El diagnóstico no puede depender únicamente del departamento financiero interno: exige un análisis jurídico simultáneo que evalúe los riesgos de responsabilidad y el estado de los contratos clave.
La segunda decisión es la elección del instrumento. El plan de reestructuración es idóneo cuando existe una base de acreedores financieros suficientemente concentrada y la empresa tiene viabilidad operativa. El procedimiento especial para microempresas, en vigor desde el 1 de enero de 2023, ofrece una vía más ágil para empresas de menor dimensión. El concurso con transmisión de la unidad productiva puede ser la mejor salida cuando el negocio es viable pero la estructura jurídica que lo sostiene no lo es.
La tercera decisión es la gestión de la comunicación con partes interesadas. Los clientes estratégicos, los proveedores críticos y el personal clave no pueden ser sorprendidos por el proceso. Una gestión deficiente de la comunicación puede provocar la pérdida de contratos o la fuga de talento justo en el momento en que la empresa los necesita para demostrar viabilidad ante los acreedores.
La cuarta decisión – que muchos administradores posponen – es documentar formalmente las actuaciones del órgano de administración. Las actas de consejo, los informes internos y las comunicaciones con asesores son, en sede concursal, la prueba de que el administrador actuó de forma diligente. La ausencia de documentación es interpretada con frecuencia por los administradores concursales y los jueces en sentido desfavorable.
El mito más extendido que encontramos en nuestra práctica es que el concurso de acreedores equivale al cierre de la empresa. Es una creencia errónea que, paradójicamente, lleva a muchos administradores a retrasar la solicitud – con lo que aumentan el daño y la exposición personal.
La realidad es que la Ley Concursal contempla el concurso como un instrumento de reorganización empresarial. El convenio con acreedores – que puede incluir quitas y esperas – permite a la empresa continuar su actividad bajo un marco de pago pactado. La transmisión de la unidad productiva en sede concursal puede permitir que el negocio prosiga bajo una nueva estructura, con una base de deuda saneada.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sus estadísticas judiciales, el número de declaraciones de concurso en España ha evolucionado de manera significativa tras la reforma de 2022, con un creciente uso de los instrumentos preconcursales por parte de las empresas que acceden al asesoramiento adecuado. Este dato confirma que el sistema está funcionando como el legislador previó: desplazando el conflicto hacia mecanismos negociados antes del concurso.
El concurso, cuando es inevitable, debe gestionarse con el objetivo de maximizar el valor disponible para la masa y preservar, en la medida de lo posible, la actividad y el empleo. Eso requiere un abogado concursal con experiencia práctica ante los juzgados de lo mercantil, no solo conocimiento normativo.
La respuesta es simple: el tiempo es el activo más valioso en una reestructuración. Cuanto antes se activa el proceso, mayor es la capacidad de negociación de la empresa y menor el coste del proceso.
En una situación de insolvencia inminente, la empresa aún conserva crédito reputacional ante sus acreedores. Puede negociar condiciones de pago, alargar vencimientos y construir un plan de reestructuración creíble. Cuando la situación ha degenerado en impagos sistemáticos, los acreedores ya no negocian: ejecutan. La diferencia en términos de coste del proceso y de pérdida de valor del negocio puede ser sustancial.
El asesoramiento temprano cumple tres funciones que resultan difícilmente sustituibles. Primera: protege al administrador, documentando su actuación diligente y asegurando que no supera el plazo de dos meses sin haber adoptado las medidas necesarias. Segunda: maximiza las opciones disponibles, porque con tiempo es posible explorar el preconcurso, el plan de reestructuración y la transmisión de la unidad productiva antes de verse obligado a solicitar el concurso. Tercera: reduce el coste total del proceso, porque una reestructuración negociada es, invariablemente, más barata que un concurso contencioso.
Asesoramos con regularidad a empresas industriales y de servicios que se encuentran en estadios tempranos de dificultad financiera. La estructura que proponemos en esos casos es siempre la misma: diagnóstico, selección de instrumento, preparación de la documentación y apertura ordenada del diálogo con los acreedores.
Nuestra intervención en un proceso de continuidad del negocio en crisis se organiza en torno a cuatro ejes de trabajo que actúan de forma simultánea.
El primer eje es el análisis jurídico de la situación: revisión del pasivo real, identificación de las obligaciones vencidas y de las que vencen próximamente, evaluación de la posición frente a la AEAT, la Seguridad Social y las entidades financieras, y diagnóstico de la exposición del órgano de administración.
El segundo eje es la selección y estructuración del instrumento: decidimos junto con el cliente si la vía adecuada es la comunicación de negociaciones, el plan de reestructuración, la propuesta anticipada de convenio o la solicitud directa de concurso. Esta decisión tiene consecuencias jurídicas y económicas significativas, y debe adoptarse con información completa.
El tercer eje es la negociación con acreedores: preparamos la documentación necesaria para abrir el diálogo con las entidades financieras, los proveedores estratégicos y, en su caso, los acreedores públicos. La experiencia en negociación concursal es determinante: los acreedores financieros tienen equipos especializados; la empresa también debe tenerlos.
El cuarto eje es la gestión procesal: cuando el proceso requiere intervención judicial – sea en el marco del preconcurso, del plan de reestructuración homologado o del concurso propiamente dicho – colaboramos con abogados colegiados y procuradores con experiencia ante los juzgados de lo mercantil.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios, tanto en operaciones puramente nacionales como en situaciones con pasivos cruzados en varias jurisdicciones europeas. En estos últimos casos, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente.
Esta lista no sustituye al asesoramiento jurídico específico, pero sirve como mapa de orientación inicial para el órgano de administración.
Cada uno de estos puntos puede marcar la diferencia entre un proceso ordenado y uno que se resuelve en liquidación.
La continuidad del negocio en crisis se enmarca habitualmente en una práctica más amplia de reestructuración empresarial. Si la situación de su empresa implica la existencia de créditos frente a terceros en un proceso concursal, nuestro equipo también le asesora en la reclamación de créditos en el concurso, un aspecto que con frecuencia determina la posición negociadora de la empresa y los fondos que puede recuperar. Para una visión completa del alcance de nuestra práctica, puede consultar la página de reestructuración e insolvencia, donde encontrará los servicios disponibles según el estadio de la situación. En contextos de grupos con operaciones en varios países, el análisis de la insolvencia transfronteriza de grupos europeos ofrece perspectivas relevantes sobre los riesgos específicos de estas estructuras.
Para una primera valoración, escríbanos a info@velardevidal.com.
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