Cuando una empresa entra en concurso de acreedores, el pasado no desaparece. La administración concursal y los acreedores pueden revisar operaciones realizadas durante los dos años anteriores a la declaración de concurso y reclamar su anulación si consideran que perjudicaron a la masa activa. Para la dirección de la empresa y para quienes celebraron esas transacciones, las consecuencias pueden ser graves y, en muchos casos, irreversibles si no se actúa con antelación.
La acción rescisoria concursal no es una acción de nulidad. Es un remedio específico del Derecho concursal que opera con una lógica distinta a la de la nulidad civil ordinaria. No exige acreditar fraude. Basta con demostrar que el acto impugnado produjo un perjuicio para la masa activa y que tuvo lugar en el denominado período sospechoso.
El período sospechoso abarca los dos años anteriores a la declaración del concurso. Dentro de ese intervalo, la legislación concursal establece presunciones de perjuicio, algunas absolutas y otras que admiten prueba en contrario. Esto significa que ciertas operaciones se presumen perjudiciales sin que el impugnante deba demostrarlo caso a caso.
Las operaciones más frecuentemente cuestionadas en la práctica son las siguientes. Pagos anticipados de deudas no vencidas; constitución de garantías reales sobre bienes del deudor a favor de acreedores preexistentes; enajenaciones de activos a precios inferiores al valor de mercado; disposiciones a favor de personas especialmente relacionadas con el deudor. Esta última categoría es especialmente sensible porque las presunciones de perjuicio se aplican con mayor intensidad cuando el beneficiario es un socio, un administrador o una sociedad del mismo grupo.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en situaciones de insolvencia, observamos que muchas de las operaciones impugnadas se celebraron de buena fe y con una finalidad legítima. El problema es que la legislación concursal no exige mala fe. La empresa que vendió un activo para obtener liquidez, el acreedor que cobró lo que se le debía, el banco que ejecutó la garantía pactada: todos pueden verse ante una acción rescisoria si la operación se realizó en el período sospechoso y produjo un desequilibrio en la masa.
La respuesta depende del momento en que se realizaron y de la relación entre las partes. La legislación concursal distingue entre actos presuntamente perjudiciales de forma absoluta y actos presuntamente perjudiciales de forma relativa.
Los actos con presunción absoluta de perjuicio incluyen, entre otros, las disposiciones a título gratuito realizadas durante el período sospechoso y los pagos anticipados de deudas con vencimiento posterior a la declaración de concurso. Frente a estas presunciones, la parte demandada no puede desvirtuarlas acreditando que el acto fue equitativo o razonable.
Los actos con presunción relativa de perjuicio admiten prueba en contrario. Aquí se encuadran operaciones como la constitución de garantías reales en garantía de obligaciones preexistentes, los pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento era posterior a la declaración del concurso, y determinadas transmisiones de activos. En estos casos, la empresa o la contraparte puede intentar acreditar la equivalencia de las prestaciones y la ausencia de perjuicio real para la masa.
Existe un tercer grupo: actos que no gozan de presunción legal pero que la administración concursal puede impugnar si demuestra el perjuicio. En la práctica, este tercer grupo es el que genera mayor incertidumbre, porque el análisis requiere un examen detallado de la valoración de los activos, las condiciones de mercado y la situación patrimonial del deudor en el momento del acto.
¿Qué ocurre cuando el beneficiario de la operación es una entidad vinculada al deudor? El período sospechoso no cambia, pero las presunciones se aplican con mayor rigor. Hemos observado que las operaciones intragrupo realizadas en los dos años anteriores al concurso son las que, con mayor frecuencia, acaban siendo objeto de acción rescisoria.
La acción rescisoria no se dirige únicamente contra el deudor concursado. Sus efectos alcanzan también a quienes contrataron con él durante el período sospechoso. Si la acción prospera, la contraparte debe restituir lo recibido a la masa activa. A cambio, recupera su crédito frente al concursado, pero lo hace en la posición que corresponda según la calificación de ese crédito en el concurso. En la mayoría de los casos, eso significa que cobrará, en el mejor de los supuestos, como acreedor ordinario.
La responsabilidad de los administradores sociales constituye un flanco paralelo. Si la dirección de la empresa tomó decisiones que agravaron la insolvencia o incumplió el deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses desde que conoció o debió conocer la situación de insolvencia, puede enfrentarse a una acción de responsabilidad concursal. Esta responsabilidad es personal y puede extenderse al pago de las deudas del concursado que no queden satisfechas con la liquidación de la masa.
Es un error frecuente –y costoso– pensar que la responsabilidad personal del administrador solo surge en supuestos de dolo o fraude manifiesto. La legislación concursal establece un estándar de comportamiento diligente que obliga a actuar en cuanto se detecta la insolvencia. La inacción tiene consecuencias. Asesoramos con regularidad a administradores que, habiendo actuado de buena fe, no activaron los instrumentos disponibles a tiempo y se encontraron después ante una demanda de responsabilidad concursal.
Para las contrapartes, la exposición es igualmente real. Una empresa que cobró una deuda durante el período sospechoso puede ver anulado ese cobro años después. Por eso, cuando se negocia con un deudor en dificultades, conviene evaluar el riesgo de rescisión antes de cerrar cualquier operación de refinanciación, pago anticipado o garantía.
El régimen de rescisión de actos perjudiciales se regula en el texto refundido de la Ley Concursal, reformado en 2022 para transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia. La reforma introdujo cambios relevantes que afectan directamente a la acción rescisoria.
El instrumento más importante incorporado por la reforma son los planes de reestructuración, que permiten al deudor negociar con sus acreedores una solución preconcursal sin necesidad de declarar el concurso formal. Un plan de reestructuración correctamente ejecutado puede ser un escudo frente a futuras acciones rescisorias, porque los actos realizados en el marco del plan gozan de protección específica si se cumplen los requisitos legales.
La reforma también reforzó el régimen del preconcurso. La comunicación al juzgado del inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo con los acreedores activa determinadas protecciones, entre ellas la paralización transitoria de ejecuciones. Este instrumento puede resultar decisivo para ganar tiempo y ordenar las negociaciones sin que las acciones individuales de los acreedores colapsen el proceso.
Desde la reforma, la acción rescisoria convive con estos nuevos instrumentos preconcursales. Esto introduce una complejidad adicional: las operaciones realizadas durante la negociación de un plan de reestructuración pueden quedar protegidas de la rescisión, siempre que se respeten los límites legales. Pero las operaciones realizadas fuera del marco del plan, incluso con la misma finalidad de salvar la empresa, pueden ser impugnadas si producen un perjuicio para la masa.
Conforme a la legislación concursal, la competencia para conocer las acciones rescisorias corresponde a los juzgados de lo mercantil. El ejercicio de la acción corresponde, en primer lugar, a la administración concursal. Si esta no la ejercita en el plazo previsto, los acreedores pueden subrogarse en su posición. Esta posibilidad hace que el riesgo de impugnación no desaparezca aunque la administración concursal decida no actuar inicialmente.
La dirección de la empresa se enfrenta a un doble problema. De un lado, debe gestionar la crisis de liquidez o de endeudamiento que subyace a la situación. Del otro, cada operación que realice en ese período puede quedar expuesta a una futura acción rescisoria. La gestión de este doble riesgo exige una planificación jurídica precisa.
El primer paso es evaluar la situación patrimonial real de la empresa. La legislación concursal establece que el deber de solicitar el concurso nace cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. No es necesario esperar a que se produzca un impago efectivo: la insolvencia inminente también genera obligaciones para la dirección.
El segundo paso es revisar las operaciones realizadas en los veinticuatro meses anteriores. Esta revisión debe identificar qué transacciones son más vulnerables a una acción rescisoria y evaluar si existen argumentos para defenderlas. No todas las operaciones del período sospechoso son rescindibles: la presunción de perjuicio puede desvirtuarse y, en algunos supuestos, la legislación concursal reconoce expresamente la validez de ciertos actos de refinanciación.
El tercer paso, y quizá el más urgente, es evaluar si la empresa puede acceder a los instrumentos preconcursales. El plan de reestructuración es el instrumento más potente para una empresa con viabilidad operativa pero con una estructura de deuda insostenible. Si el plan se ejecuta correctamente, los actos realizados en su marco quedan protegidos frente a futuras acciones rescisorias. Si el plan fracasa y la empresa acaba en concurso, la situación es más compleja, pero el haber intentado un plan de buena fe puede tener relevancia en la calificación del concurso.
Hay decisiones que, tomadas sin asesoramiento, agravan el problema en lugar de resolverlo. Pagar selectivamente a determinados acreedores, vender activos sin una valoración independiente o constituir garantías en favor de entidades vinculadas son operaciones que, aunque puedan parecer razonables desde una perspectiva de gestión ordinaria, pueden convertirse en el objeto de una acción rescisoria.
La respuesta es directa: cuanto antes se activa el asesoramiento, mayor es el margen de maniobra. El período sospechoso no puede eliminarse retrospectivamente. Pero sí puede gestionarse con antelación de manera que las operaciones futuras queden protegidas y las pasadas se puedan defender con argumentos sólidos.
El asesoramiento temprano permite, en primer lugar, estructurar las operaciones de refinanciación dentro del marco de los instrumentos preconcursales, aprovechando la protección que la legislación concursal otorga a los actos realizados en ese contexto. En segundo lugar, permite revisar las operaciones ya realizadas e identificar aquellas que presentan mayor riesgo, de forma que la empresa pueda preparar su defensa con antelación.
En tercer lugar, y esto es especialmente relevante para los administradores sociales, el asesoramiento temprano permite documentar el proceso de toma de decisiones de forma que acredite la diligencia exigida por la normativa. Un administrador que actuó con asesoramiento jurídico, que evaluó las opciones disponibles y que optó por una solución razonada está en una posición muy diferente a quien ignoró las señales de alarma y continuó operando sin actuar.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios, y la experiencia es consistente: las empresas que consultan antes de que la situación sea irreversible tienen opciones reales. Las que esperan a que el concurso sea inevitable tienen mucho menos margen. El mito de que el concurso de acreedores significa el fin de la empresa conviene corregirlo: los instrumentos preconcursales y los planes de reestructuración permiten salvar el negocio si se activan a tiempo.
Si la empresa o la contraparte ya ha recibido una demanda de rescisión, el enfoque cambia. En ese caso, la prioridad es articular una defensa eficaz, que puede basarse en la ausencia de perjuicio real, en la equivalencia de las prestaciones, en la existencia de una causa que excluye la presunción o en defectos formales o procesales de la acción ejercitada. Los juzgados de lo mercantil han desarrollado una jurisprudencia extensa sobre estas cuestiones, y el Tribunal Supremo ha consolidado criterios interpretativos que pueden ser determinantes en la defensa.
Quien se enfrenta a una acción rescisoria no está en una posición indefensa. La legislación concursal reconoce excepciones y la jurisprudencia mercantil ha matizado de forma significativa el alcance de las presunciones de perjuicio.
El primer argumento defensivo es la ausencia de perjuicio real para la masa. Si la operación fue equitativa y la contraprestación recibida por el deudor fue equivalente al valor de lo entregado, el perjuicio no existe o puede no ser significativo. Este argumento exige una valoración pericial independiente que acredite la equivalencia de las prestaciones en el momento en que se celebró el acto.
El segundo argumento es la existencia de un acto ordinario de la actividad empresarial. La legislación concursal reconoce que no todos los pagos o actos realizados durante el período sospechoso son impugnables: los que se integran en el tráfico habitual de la empresa y responden a condiciones normales pueden estar excluidos de la acción rescisoria. La clave está en determinar qué es "ordinario" para esa empresa en ese momento.
El tercer argumento es la protección de los actos de refinanciación. La legislación concursal otorga protección específica a determinados acuerdos de refinanciación que cumplen los requisitos legales. Si la operación impugnada formaba parte de un acuerdo de este tipo, puede quedar al margen de la acción rescisoria.
El cuarto argumento es de carácter procesal: la legitimación activa, los plazos para ejercitar la acción y los requisitos formales de la demanda son cuestiones que pueden ser objeto de controversia y que, en algunos casos, permiten una defensa eficaz con independencia del fondo del asunto.
La práctica de nuestra firma indica que la defensa más robusta es aquella que combina argumentos de fondo con un análisis riguroso del contexto económico y financiero en que se produjo la operación. Los juzgados de lo mercantil son, en general, receptivos a una defensa bien documentada que acredite la racionalidad empresarial del acto.
La transmisión de la unidad productiva es una de las operaciones más delicadas en el contexto de un concurso de acreedores. Por un lado, puede ser la mejor solución para salvar el empleo y el negocio. Por otro, puede ser el objeto de una acción rescisoria si se considera que la venta se realizó a un precio inferior al valor de mercado o en condiciones que perjudicaron a la masa.
La legislación concursal regula de forma específica la transmisión de la unidad productiva dentro del concurso, estableciendo un régimen de subrogación del adquirente en determinadas obligaciones laborales y de otro tipo. Este régimen es complejo y requiere un análisis previo cuidadoso para evitar que el adquirente asuma pasivos no previstos.
Fuera del concurso, la transmisión de una unidad productiva antes de la declaración puede plantearse como parte de un plan de reestructuración o como medida autónoma de restructuración. En ambos casos, el riesgo de rescisión es real si la operación se realiza durante el período sospechoso y el precio no refleja el valor de mercado. Coordinar esta operación con el asesoramiento concursal adecuado es indispensable para minimizar el riesgo de impugnación posterior.
¿Puede el adquirente de una unidad productiva verse afectado por una acción rescisoria iniciada con posterioridad a la compra? Sí, en determinadas circunstancias. Si la transmisión fue el acto impugnado, el adquirente puede ser llamado al proceso como parte demandada y estar obligado a restituir los bienes recibidos. Por eso, en nuestra práctica, la diligencia debida (due diligence) concursal es un paso previo indispensable en cualquier adquisición de activos a un vendedor en situación de dificultades financieras.
El preconcurso no es un instrumento de último recurso. Es una herramienta de gestión que la dirección puede activar cuando detecta que la situación de insolvencia es inminente, sin necesidad de esperar a que sea actual. La comunicación al juzgado del inicio de negociaciones activa protecciones importantes y abre un espacio de negociación ordenada con los acreedores.
En el marco del preconcurso, la empresa puede explorar acuerdos de refinanciación, planes de reestructuración y otras soluciones sin que los acreedores puedan ejecutar sus créditos de forma individual. Este período de protección es especialmente valioso para empresas con tensión de tesorería que necesitan tiempo para reorganizar su deuda sin que la presión de ejecuciones paralice su actividad.
Desde la perspectiva de la rescisión, el preconcurso tiene una ventaja adicional: los actos realizados en el marco de los acuerdos de refinanciación legalmente reconocidos gozan de protección frente a la acción rescisoria. Esto significa que, si la empresa negocia y formaliza un acuerdo de refinanciación dentro del marco legal, las operaciones que se realicen en ese contexto quedan blindadas frente a futuras impugnaciones.
Conviene verificar con la normativa vigente los requisitos específicos que debe reunir el acuerdo de refinanciación para gozar de esta protección, porque las condiciones son estrictas y su incumplimiento puede dejar sin efecto el blindaje. En nuestra experiencia, este es uno de los aspectos en que el asesoramiento técnico marca una diferencia real: la diferencia entre un acuerdo protegido y uno expuesto a rescisión puede radicar en detalles que no son evidentes para la dirección de la empresa.
Si considera que su empresa puede estar expuesta a una acción rescisoria, o si está evaluando una operación que se realizará durante el período sospechoso de un potencial concurso, plantéenos su caso en info@velardevidal.com. El momento de actuar es antes de que la demanda llegue.
La siguiente relación recoge las situaciones que, en nuestra práctica, generan mayor exposición a una acción rescisoria. Si la empresa se encuentra en alguna de ellas, conviene iniciar cuanto antes una revisión jurídica de las operaciones realizadas en los últimos dos años.
Ante cualquiera de estas situaciones, la respuesta debe ser inmediata. El plazo para ejercitar la acción rescisoria está fijado en la legislación concursal y, una vez que la demanda se presenta, el margen para una defensa proactiva se reduce considerablemente. La preparación anticipada es la ventaja competitiva en este tipo de procedimientos.
Para las empresas que aún no han llegado al concurso pero que detectan tensión financiera, el mapa de instrumentos disponibles es el siguiente: acuerdo de refinanciación, preconcurso, plan de reestructuración y, si ninguno de ellos es viable, solicitud de concurso voluntario antes de que venza el plazo legal. Cada paso tiene consecuencias y cada retraso tiene un coste.
Puede ampliar el análisis sobre los instrumentos preconcursales disponibles para empresas en situación de tensión financiera en nuestra área de reestructuración e insolvencia, donde encontrará una visión completa de los mecanismos y plazos aplicables.
La gestión de una situación de insolvencia o de riesgo concursal raramente se limita a una única materia. La rescisión de actos perjudiciales conecta directamente con la responsabilidad de los administradores sociales, con la negociación de planes de reestructuración y con el Derecho societario aplicable a las decisiones del órgano de administración. En Velarde & Vidal coordinamos el análisis concursal con el asesoramiento societario y fiscal, de forma que la dirección cuente con una visión integrada del riesgo. Si la situación involucra activos o deudas en sectores con características específicas, como la logística o el turismo, el análisis sectorial es igualmente relevante: puede consultar nuestro análisis sobre el deber de actuación en el sector logístico y de transporte y nuestro dosier sobre reestructuración e insolvencia en el sector turístico.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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