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Reestructuración e insolvencia

Inmobiliario y construcción: insolvencia transfronteriza de grupos europeos: análisis para empresas

Por Beatriz Salazar, Socia · Reestructuración e insolvenciaActualizado:

El sector inmobiliario y el de la construcción concentran algunas de las estructuras societarias más complejas de la economía española: grupos de matriz europea con filiales locales, vehículos de proyecto, participaciones cruzadas y financiación sindicada que atraviesa varias jurisdicciones. Cuando la tensión de tesorería alcanza el umbral de insolvencia, la dirección se enfrenta a una pregunta que no admite demora: ¿dónde se declara el concurso, qué ley rige y qué consecuencias tiene cada decisión para la continuidad del grupo?

En breve: La insolvencia transfronteriza de grupos europeos en los sectores inmobiliario y de construcción exige coordinar la legislación concursal española, el Reglamento europeo de insolvencia y los planes de reestructuración del Derecho nacional. El plazo legal para solicitar el concurso una vez conocida la insolvencia es de dos meses. Actuar antes de ese vencimiento – y preferiblemente con meses de antelación mediante instrumentos preconcursales – es la diferencia entre salvar el negocio y perderlo.

Por qué el sector inmobiliario y el de construcción son especialmente vulnerables

La industria inmobiliaria y la de construcción comparten un rasgo estructural que eleva su exposición al riesgo concursal transfronterizo: el ciclo largo de los proyectos. Una promoción residencial o un gran contrato de obra puede tardar varios años en generar caja positiva. Durante ese intervalo, el grupo absorbe costes financieros, salarios, materiales y costes regulatorios sin ingreso equivalente.

Cuando el ciclo se corta – por un endurecimiento del crédito, una crisis de demanda o un evento macroeconómico – la empresa puede pasar de solvente a insolvente en cuestión de meses. Y si el grupo tiene filiales en Alemania, Francia, los Países Bajos o Portugal, la cuestión de qué administración concursal tiene prioridad se convierte en un debate jurídico de primer orden.

En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, el problema no suele ser la falta de activos. Es la iliquidez a corto plazo combinada con pasivos exigibles que el promotor o el contratista no pueden atender simultáneamente.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados de lo mercantil tramitaron en ejercicios recientes un volumen relevante de concursos en los sectores de construcción y actividades inmobiliarias, manteniéndolos sistemáticamente entre las ramas con mayor incidencia concursal del tejido empresarial español. Ese dato no es un accidente estadístico: refleja la estructura de riesgo inherente al sector.

El marco regulatorio aplicable: Reglamento europeo, Ley Concursal y coordinación de procedimientos

La insolvencia transfronteriza dentro de la Unión Europea se rige por el Reglamento europeo de insolvencia, que determina qué tribunal tiene competencia para abrir el procedimiento principal. La clave es el concepto de centro de intereses principales (COMI, por sus siglas en inglés), que la norma europea presume situado en el domicilio social registrado, pero que admite prueba en contrario.

Para un grupo constructor de matriz alemana con una promotora española que gestiona suelo en la Comunidad de Madrid y otra filial portuguesa con obra en Lisboa, el resultado práctico es el siguiente: cada entidad tiene su propio COMI, cada una puede ser objeto de un procedimiento principal independiente, y los administradores concursales de cada jurisdicción deben cooperar conforme al Reglamento.

En el plano nacional, la Ley Concursal española – en su texto refundido, reformado para transponer la Directiva europea de reestructuración de 2022 – ofrece un abanico de herramientas que va desde los instrumentos preconcursales hasta el concurso de acreedores propiamente dicho. El abogado concursal que asesora al grupo debe dominar ambas capas: la europea (competencia y reconocimiento) y la nacional (procedimiento y efectos sustantivos).

¿Qué significa esto en la práctica para un grupo inmobiliario o constructor? Significa que una decisión adoptada por la matriz holandesa – por ejemplo, el traslado del COMI antes de la declaración de insolvencia – puede tener efectos directos sobre los activos y los acreedores en España. Los juzgados de lo mercantil españoles son competentes para detectar esas maniobras y, en su caso, rechazar el reconocimiento del procedimiento extranjero.

¿Qué es el COMI y por qué su ubicación puede cambiar el resultado del concurso?

El centro de intereses principales no es un concepto teórico. Es, en palabras del Reglamento europeo, el lugar donde el deudor gestiona habitualmente sus intereses de manera reconocible por terceros. Para una sociedad con sede registral en Ámsterdam que desarrolla toda su actividad constructora en España, un tribunal español tiene argumentos sólidos para considerar que el COMI real está en España.

Esta disputa de competencia importa por razones prácticas muy concretas:

  • El Derecho procesal y sustantivo del país donde se abre el procedimiento principal rige los efectos del concurso sobre los activos y los contratos.
  • Los acreedores hipotecarios y los titulares de garantías reales sobre inmuebles en España quedan sometidos a las reglas españolas, con independencia de dónde se abra el procedimiento principal.
  • La masa activa que el administrador concursal puede incorporar al proceso depende de las normas de la lex fori concursus.
  • El orden de prelación de créditos – y, por tanto, las perspectivas de cobro de los acreedores – difiere sustancialmente entre jurisdicciones.

En nuestra práctica hemos observado que los conflictos de COMI en grupos inmobiliarios transfronterizos se producen con mayor frecuencia cuando la matriz ha trasladado recientemente su domicilio social o cuando la estructura del grupo no refleja la realidad operativa. Un cambio de domicilio realizado en los meses previos a la insolvencia es escrutado con especial atención por los tribunales.

Instrumentos preconcursales: el plan de reestructuración como primera línea de defensa

La reforma concursal de 2022 introdujo en España los planes de reestructuración como instrumento preconcursal de pleno Derecho. Su lógica es clara: permitir al deudor negociar con sus acreedores antes de alcanzar la insolvencia formal, con un marco jurídico que da fuerza vinculante al acuerdo alcanzado.

Para un grupo constructor o promotor inmobiliario, el plan de reestructuración ofrece ventajas que el concurso de acreedores no puede replicar:

  1. Confidencialidad inicial: la negociación no requiere publicidad registral desde el primer momento, lo que preserva la reputación comercial y la confianza de clientes y proveedores.
  2. Posibilidad de imponer el acuerdo a acreedores disidentes dentro de la misma clase, si se alcanzan las mayorías legales.
  3. Protección frente a ejecuciones individuales durante el período de negociación, cuando el deudor comunica al juzgado el inicio de las negociaciones.
  4. Menor coste administrativo y mayor rapidez que el procedimiento concursal ordinario.

¿Cuándo conviene activar este instrumento? La respuesta corta es: antes de que el deterioro sea irreversible. En el sector inmobiliario, el indicador más fiable suele ser la evolución del ratio de cobertura del servicio de la deuda en los proyectos en curso. Cuando ese ratio cae de forma consistente y la refinanciación bancaria no está asegurada, el plan de reestructuración debe estar sobre la mesa.

El preconcurso – la comunicación al juzgado del inicio de negociaciones con los acreedores – es el paso previo que activa la protección legal sin desencadenar el concurso formal. Su correcta gestión requiere la intervención de un abogado concursal con experiencia en operaciones del sector, dado que los plazos que establece la legislación aplicable son estrictos y su incumplimiento puede derivar en la obligación de solicitar el concurso.

Decisiones críticas que la dirección debe gestionar y el papel de la responsabilidad de administradores

El riesgo que más frecuentemente subestima la dirección de un grupo inmobiliario o constructor en dificultades no es el riesgo concursal en sí. Es el riesgo de responsabilidad personal de los administradores.

La legislación societaria española establece que los administradores responden de las deudas sociales contraídas con posterioridad a la causa de disolución, si no han adoptado las medidas exigidas. La legislación concursal añade la calificación del concurso como culpable, con la consiguiente inhabilitación y condena a la cobertura del déficit, cuando se acredita que la insolvencia fue agravada por conducta dolosa o gravemente negligente de los administradores.

En un grupo transfronterizo, esta responsabilidad puede ser reclamada en España aunque el administrador resida en otro Estado miembro. El principio europeo de reconocimiento mutuo facilita la ejecución de la condena en la jurisdicción de residencia.

Las decisiones críticas que la dirección debe gestionar con asesoramiento jurídico son:

  • El momento y el modo de comunicar la insolvencia o la situación de pre-insolvencia al juzgado competente.
  • La presentación de las cuentas anuales dentro de los plazos legales: la formulación debe producirse en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio; la aprobación, dentro de los primeros seis meses del ejercicio siguiente.
  • La adopción o no de acuerdos de refinanciación con la banca acreedora antes de la solicitud del concurso.
  • La decisión de continuar o cesar la actividad constructora una vez que la insolvencia es conocida.
  • La gestión de los contratos de obra en curso y la posible transmisión de la unidad productiva a un adquirente que garantice la continuidad del proyecto.

Cada una de estas decisiones tiene consecuencias jurídicas que pueden ser determinantes en una eventual calificación del concurso. La presencia de un abogado concursal desde las primeras señales de dificultad no es un gasto: es una inversión en la protección del patrimonio personal de los administradores y en la supervivencia de la empresa.

La transmisión de la unidad productiva en contextos transfronterizos

Uno de los instrumentos más eficaces para preservar el valor en un grupo constructor o promotor inmobiliario en concurso es la transmisión de la unidad productiva. La Ley Concursal española permite que el juez del concurso autorice la venta del conjunto de activos y contratos que conforman una actividad económica viable, incluso antes de la aprobación del convenio.

En un contexto transfronterizo, esta operación presenta complejidades adicionales:

En primer lugar, el adquirente puede estar domiciliado en otro Estado miembro o en un tercer país. La diligencia debida (due diligence) que precede a la adquisición debe contemplar no solo los activos inmobiliarios en España, sino también las garantías reales, los litigios pendientes y los pasivos laborales asociados a la unidad.

En segundo lugar, si parte de la unidad productiva está situada en otra jurisdicción – por ejemplo, un contrato de concesión gestionado desde la filial portuguesa – la transmisión requiere coordinación entre el administrador concursal español y su homólogo en Portugal, conforme al Reglamento europeo de insolvencia.

En nuestra experiencia asesorando a grupos con activos distribuidos en varias jurisdicciones europeas, el factor que más retrasa y encarece las transmisiones de unidades productivas es la falta de información consolidada sobre el estado real de los activos. Los grupos que han mantenido una gestión documental ordenada y cuentas actualizadas completan las transmisiones en plazos sensiblemente más cortos.

Para el adquirente, la compra de una unidad productiva en concurso ofrece ventajas fiscales y de continuidad que conviene analizar con detenimiento, especialmente en lo que respecta al tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y a la subrogación en los contratos de arrendamiento de suelo o de obra.

¿Cómo coordinar un concurso principal en España con procedimientos secundarios en otros países?

El Reglamento europeo de insolvencia establece una jerarquía: un procedimiento principal y, si el deudor tiene establecimientos en otros Estados miembros, procedimientos territoriales o secundarios en esas jurisdicciones. La coordinación entre ellos es obligatoria y exige colaboración activa entre los administradores concursales.

Para un grupo constructor con obras en curso en España, Francia y Polonia, la apertura del procedimiento principal en España – porque el COMI del grupo está aquí – no impide que los acreedores franceses o polacos soliciten la apertura de procedimientos secundarios en sus respectivas jurisdicciones. Esos procedimientos secundarios solo pueden comprender los activos situados en el Estado donde se abren y deben tener naturaleza liquidatoria, salvo acuerdo del administrador del procedimiento principal.

La práctica demuestra que la coordinación voluntaria, cuando se alcanza antes de que los acreedores tomen posiciones enfrentadas, reduce significativamente el coste total del proceso y aumenta las probabilidades de una solución de continuidad. En los casos donde la coordinación fracasa, el grupo queda sometido a procedimientos paralelos con lógicas distintas, lo que prolonga el proceso y destruye valor.

¿Cuál es el papel del asesor jurídico en este escenario? Coordinar con abogados locales de confianza en cada jurisdicción afectada, elaborar un mapa de activos y pasivos por entidad y por país, y diseñar una estrategia de comunicación con los acreedores principales que anticipe los focos de conflicto antes de que se materialicen.

Errores frecuentes que agravan la insolvencia en grupos inmobiliarios transfronterizos

Existe una creencia extendida entre los directivos de grupos inmobiliarios y constructores en dificultades: el concurso de acreedores significa el fin de la empresa. Es un mito que tiene consecuencias muy costosas.

La realidad es que los instrumentos preconcursales y los planes de reestructuración permiten salvar el negocio si se activan a tiempo. Lo que destruye valor no es el procedimiento en sí, sino la tardanza en activarlo. Cada mes de retraso en reconocer la insolvencia es un mes en el que los activos se deterioran, los contratos se rescinden y los acreedores más activos toman posiciones que después son muy difíciles de revertir.

Los errores más frecuentes que hemos identificado en grupos del sector son los siguientes:

  • Retrasar la comunicación al juzgado más allá del plazo legal, exponiendo a los administradores a responsabilidad personal por las deudas contraídas durante ese período.
  • Intentar refinanciaciones parciales con acreedores individuales sin un plan global, lo que agota la caja disponible sin resolver el problema estructural.
  • No consolidar la información financiera del grupo con la antelación suficiente, impidiendo una negociación informada con los acreedores financieros.
  • Trasladar activos entre entidades del grupo en el período previo al concurso sin asesoramiento jurídico, creando riesgos de acción rescisoria.
  • Ignorar las implicaciones del procedimiento concursal en los contratos de obra en curso, que pueden incluir cláusulas de resolución automática por insolvencia.
  • No coordinar con los administradores concursales extranjeros desde el primer momento, generando conflictos de competencia que retrasan la solución.

La acción rescisoria merece especial atención en el contexto inmobiliario. La legislación concursal permite al administrador del concurso impugnar actos perjudiciales para la masa activa realizados en los dos años anteriores a la declaración de concurso. En el sector, esto afecta con frecuencia a transmisiones de suelo, garantías hipotecarias y pagos a partes vinculadas del grupo.

Cómo el asesoramiento temprano reduce el coste y el riesgo: protocolo de actuación

La experiencia de nuestra firma en reestructuraciones e insolvencias de empresas industriales y de servicios – incluidos grupos con presencia transfronteriza – confirma un patrón consistente: los mejores resultados se obtienen cuando el asesoramiento jurídico se incorpora antes de que la situación sea de dominio público.

El protocolo que aplicamos en estos casos sigue una secuencia lógica:

  1. Diagnóstico de situación: análisis del balance consolidado, identificación de los activos protegibles y mapeo de los pasivos exigibles por jurisdicción.
  2. Revisión del COMI de cada entidad del grupo y evaluación del riesgo de conflictos de competencia entre jurisdicciones.
  3. Análisis de los contratos críticos: préstamos sindicados, contratos de obra, arrendamientos de suelo, acuerdos de financiación de proyectos. Identificación de cláusulas de vencimiento anticipado y de resolución por insolvencia.
  4. Diseño de la estrategia: ¿plan de reestructuración extrajudicial? ¿comunicación de preconcurso? ¿solicitud directa de concurso de acreedores? La elección depende del estado real de la caja y de la posición de los acreedores principales.
  5. Coordinación con abogados locales de confianza en cada jurisdicción donde el grupo tiene activos o establecimientos.
  6. Acompañamiento en la negociación con acreedores financieros y en la comunicación al mercado, cuando sea necesario.

La diferencia entre iniciar este proceso con seis meses de antelación y hacerlo con dos semanas antes del vencimiento del plazo legal no es solo de coste: es de opciones disponibles. Con tiempo, la dirección elige. Sin tiempo, la dirección reacciona.

Si su grupo inmobiliario o constructor afronta dificultades financieras con dimensión transfronteriza, el momento de actuar es ahora. Puede consultarnos en nuestra práctica de reestructuración e insolvencia para obtener una valoración inicial de la situación.

Checklist para la dirección de un grupo inmobiliario o constructor en situación de dificultad financiera

Antes de tomar ninguna decisión relevante, la dirección del grupo debería poder responder afirmativamente a las siguientes preguntas:

  • ¿Tenemos identificado el COMI de cada entidad del grupo y hemos evaluado el riesgo de conflictos de competencia transfronteriza?
  • ¿Hemos formulado las cuentas anuales dentro del plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio?
  • ¿Conocemos con precisión el vencimiento del plazo de dos meses para solicitar el concurso desde que la insolvencia es conocida?
  • ¿Hemos revisado las cláusulas de vencimiento anticipado y de resolución por insolvencia en los contratos críticos?
  • ¿Tenemos un inventario actualizado de los activos susceptibles de ser transmitidos como unidad productiva?
  • ¿Hemos evaluado si un plan de reestructuración es viable antes de llegar al concurso formal?
  • ¿Contamos con abogados locales de confianza en cada jurisdicción donde el grupo tiene establecimientos?
  • ¿Los administradores de la sociedad han recibido asesoramiento específico sobre su responsabilidad personal en este contexto?

Si alguna de estas preguntas no tiene respuesta clara, el momento de obtenerla es ahora. Puede encontrar información adicional sobre el contexto sectorial en nuestro dosier sectorial de inmobiliario y reestructuración.

Servicios relacionados

La reestructuración de un grupo inmobiliario o constructor raramente es un problema de una sola práctica jurídica. Las cuestiones concursales van acompañadas, casi invariablemente, de necesidades en el ámbito fiscal – especialmente en lo que respecta al tratamiento tributario de las quitas y esperas en los planes de reestructuración – y en el ámbito societario, cuando la solución implica la reorganización de la estructura del grupo o la entrada de un nuevo inversor.

En Velarde & Vidal atendemos estas necesidades de forma integrada, coordinando las áreas de reestructuración e insolvencia, Derecho societario y operaciones (M&A) y fiscal y tributario bajo una dirección unificada. También puede consultar el análisis de cómo estas dinámicas afectan a otros sectores con estructuras similares de activos y deuda en nuestro dosier de logística y reestructuración.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica insolvencia transfronteriza de grupos europeos para una empresa?
Implica que el proceso concursal no se limita a una sola jurisdicción: cada entidad del grupo puede ser objeto de un procedimiento en el país donde tiene su centro de intereses principales (COMI). El Reglamento europeo de insolvencia coordina esos procedimientos, pero la coordinación exige gestión activa. Para la empresa, significa que las decisiones adoptadas en una jurisdicción – sobre activos, contratos o acreedores – tienen efectos directos en las demás. Sin asesoramiento especializado, esas interacciones pueden agravar la situación en lugar de resolverla.
¿Qué plazos y costes conlleva insolvencia transfronteriza de grupos europeos?
El plazo más crítico es el de dos meses desde que se conoce la insolvencia para solicitar el concurso de acreedores. El incumplimiento expone a los administradores a responsabilidad personal. Los procedimientos transfronterizos son más prolongados y costosos que los puramente nacionales, porque requieren coordinación entre administradores concursales de distintas jurisdicciones, traducción de documentación y, en ocasiones, litigación sobre la competencia. La activación temprana de instrumentos preconcursales reduce significativamente ambos parámetros.
¿Qué riesgos hay que evitar en insolvencia transfronteriza de grupos europeos?
Los principales riesgos son: la responsabilidad personal de los administradores por demora en la solicitud de concurso; la acción rescisoria sobre transmisiones de activos realizadas en los dos años anteriores al concurso; los conflictos de competencia derivados de la disputa sobre el COMI de las entidades del grupo; la resolución automática de contratos críticos de obra o financiación por cláusulas de insolvencia; y la pérdida de valor de la unidad productiva por deterioro durante un proceso prolongado. La gestión proactiva de cada uno de estos riesgos exige asesoramiento jurídico especializado desde el inicio.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en insolvencia transfronteriza de grupos europeos?
Antes de que la situación sea urgente. Los indicadores que deben activar la consulta son: deterioro persistente del ratio de cobertura del servicio de la deuda, vencimientos de financiación sindicada sin refinanciación asegurada, tensión de liquidez que afecta al pago de proveedores o de la nómina, y cualquier señal de que un acreedor principal está considerando acciones individuales. En ese momento, el abanico de opciones es todavía amplio. Esperar a que la insolvencia sea manifiesta reduce esas opciones a las más costosas y menos favorables para la dirección.

Análisis elaborado por Beatriz Salazar, Socia · Reestructuración e insolvencia, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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