El sector inmobiliario y el de la construcción concentran algunas de las estructuras societarias más complejas de la economía española: grupos de matriz europea con filiales locales, vehículos de proyecto, participaciones cruzadas y financiación sindicada que atraviesa varias jurisdicciones. Cuando la tensión de tesorería alcanza el umbral de insolvencia, la dirección se enfrenta a una pregunta que no admite demora: ¿dónde se declara el concurso, qué ley rige y qué consecuencias tiene cada decisión para la continuidad del grupo?
La industria inmobiliaria y la de construcción comparten un rasgo estructural que eleva su exposición al riesgo concursal transfronterizo: el ciclo largo de los proyectos. Una promoción residencial o un gran contrato de obra puede tardar varios años en generar caja positiva. Durante ese intervalo, el grupo absorbe costes financieros, salarios, materiales y costes regulatorios sin ingreso equivalente.
Cuando el ciclo se corta – por un endurecimiento del crédito, una crisis de demanda o un evento macroeconómico – la empresa puede pasar de solvente a insolvente en cuestión de meses. Y si el grupo tiene filiales en Alemania, Francia, los Países Bajos o Portugal, la cuestión de qué administración concursal tiene prioridad se convierte en un debate jurídico de primer orden.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, el problema no suele ser la falta de activos. Es la iliquidez a corto plazo combinada con pasivos exigibles que el promotor o el contratista no pueden atender simultáneamente.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados de lo mercantil tramitaron en ejercicios recientes un volumen relevante de concursos en los sectores de construcción y actividades inmobiliarias, manteniéndolos sistemáticamente entre las ramas con mayor incidencia concursal del tejido empresarial español. Ese dato no es un accidente estadístico: refleja la estructura de riesgo inherente al sector.
La insolvencia transfronteriza dentro de la Unión Europea se rige por el Reglamento europeo de insolvencia, que determina qué tribunal tiene competencia para abrir el procedimiento principal. La clave es el concepto de centro de intereses principales (COMI, por sus siglas en inglés), que la norma europea presume situado en el domicilio social registrado, pero que admite prueba en contrario.
Para un grupo constructor de matriz alemana con una promotora española que gestiona suelo en la Comunidad de Madrid y otra filial portuguesa con obra en Lisboa, el resultado práctico es el siguiente: cada entidad tiene su propio COMI, cada una puede ser objeto de un procedimiento principal independiente, y los administradores concursales de cada jurisdicción deben cooperar conforme al Reglamento.
En el plano nacional, la Ley Concursal española – en su texto refundido, reformado para transponer la Directiva europea de reestructuración de 2022 – ofrece un abanico de herramientas que va desde los instrumentos preconcursales hasta el concurso de acreedores propiamente dicho. El abogado concursal que asesora al grupo debe dominar ambas capas: la europea (competencia y reconocimiento) y la nacional (procedimiento y efectos sustantivos).
¿Qué significa esto en la práctica para un grupo inmobiliario o constructor? Significa que una decisión adoptada por la matriz holandesa – por ejemplo, el traslado del COMI antes de la declaración de insolvencia – puede tener efectos directos sobre los activos y los acreedores en España. Los juzgados de lo mercantil españoles son competentes para detectar esas maniobras y, en su caso, rechazar el reconocimiento del procedimiento extranjero.
El centro de intereses principales no es un concepto teórico. Es, en palabras del Reglamento europeo, el lugar donde el deudor gestiona habitualmente sus intereses de manera reconocible por terceros. Para una sociedad con sede registral en Ámsterdam que desarrolla toda su actividad constructora en España, un tribunal español tiene argumentos sólidos para considerar que el COMI real está en España.
Esta disputa de competencia importa por razones prácticas muy concretas:
En nuestra práctica hemos observado que los conflictos de COMI en grupos inmobiliarios transfronterizos se producen con mayor frecuencia cuando la matriz ha trasladado recientemente su domicilio social o cuando la estructura del grupo no refleja la realidad operativa. Un cambio de domicilio realizado en los meses previos a la insolvencia es escrutado con especial atención por los tribunales.
La reforma concursal de 2022 introdujo en España los planes de reestructuración como instrumento preconcursal de pleno Derecho. Su lógica es clara: permitir al deudor negociar con sus acreedores antes de alcanzar la insolvencia formal, con un marco jurídico que da fuerza vinculante al acuerdo alcanzado.
Para un grupo constructor o promotor inmobiliario, el plan de reestructuración ofrece ventajas que el concurso de acreedores no puede replicar:
¿Cuándo conviene activar este instrumento? La respuesta corta es: antes de que el deterioro sea irreversible. En el sector inmobiliario, el indicador más fiable suele ser la evolución del ratio de cobertura del servicio de la deuda en los proyectos en curso. Cuando ese ratio cae de forma consistente y la refinanciación bancaria no está asegurada, el plan de reestructuración debe estar sobre la mesa.
El preconcurso – la comunicación al juzgado del inicio de negociaciones con los acreedores – es el paso previo que activa la protección legal sin desencadenar el concurso formal. Su correcta gestión requiere la intervención de un abogado concursal con experiencia en operaciones del sector, dado que los plazos que establece la legislación aplicable son estrictos y su incumplimiento puede derivar en la obligación de solicitar el concurso.
El riesgo que más frecuentemente subestima la dirección de un grupo inmobiliario o constructor en dificultades no es el riesgo concursal en sí. Es el riesgo de responsabilidad personal de los administradores.
La legislación societaria española establece que los administradores responden de las deudas sociales contraídas con posterioridad a la causa de disolución, si no han adoptado las medidas exigidas. La legislación concursal añade la calificación del concurso como culpable, con la consiguiente inhabilitación y condena a la cobertura del déficit, cuando se acredita que la insolvencia fue agravada por conducta dolosa o gravemente negligente de los administradores.
En un grupo transfronterizo, esta responsabilidad puede ser reclamada en España aunque el administrador resida en otro Estado miembro. El principio europeo de reconocimiento mutuo facilita la ejecución de la condena en la jurisdicción de residencia.
Las decisiones críticas que la dirección debe gestionar con asesoramiento jurídico son:
Cada una de estas decisiones tiene consecuencias jurídicas que pueden ser determinantes en una eventual calificación del concurso. La presencia de un abogado concursal desde las primeras señales de dificultad no es un gasto: es una inversión en la protección del patrimonio personal de los administradores y en la supervivencia de la empresa.
Uno de los instrumentos más eficaces para preservar el valor en un grupo constructor o promotor inmobiliario en concurso es la transmisión de la unidad productiva. La Ley Concursal española permite que el juez del concurso autorice la venta del conjunto de activos y contratos que conforman una actividad económica viable, incluso antes de la aprobación del convenio.
En un contexto transfronterizo, esta operación presenta complejidades adicionales:
En primer lugar, el adquirente puede estar domiciliado en otro Estado miembro o en un tercer país. La diligencia debida (due diligence) que precede a la adquisición debe contemplar no solo los activos inmobiliarios en España, sino también las garantías reales, los litigios pendientes y los pasivos laborales asociados a la unidad.
En segundo lugar, si parte de la unidad productiva está situada en otra jurisdicción – por ejemplo, un contrato de concesión gestionado desde la filial portuguesa – la transmisión requiere coordinación entre el administrador concursal español y su homólogo en Portugal, conforme al Reglamento europeo de insolvencia.
En nuestra experiencia asesorando a grupos con activos distribuidos en varias jurisdicciones europeas, el factor que más retrasa y encarece las transmisiones de unidades productivas es la falta de información consolidada sobre el estado real de los activos. Los grupos que han mantenido una gestión documental ordenada y cuentas actualizadas completan las transmisiones en plazos sensiblemente más cortos.
Para el adquirente, la compra de una unidad productiva en concurso ofrece ventajas fiscales y de continuidad que conviene analizar con detenimiento, especialmente en lo que respecta al tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y a la subrogación en los contratos de arrendamiento de suelo o de obra.
El Reglamento europeo de insolvencia establece una jerarquía: un procedimiento principal y, si el deudor tiene establecimientos en otros Estados miembros, procedimientos territoriales o secundarios en esas jurisdicciones. La coordinación entre ellos es obligatoria y exige colaboración activa entre los administradores concursales.
Para un grupo constructor con obras en curso en España, Francia y Polonia, la apertura del procedimiento principal en España – porque el COMI del grupo está aquí – no impide que los acreedores franceses o polacos soliciten la apertura de procedimientos secundarios en sus respectivas jurisdicciones. Esos procedimientos secundarios solo pueden comprender los activos situados en el Estado donde se abren y deben tener naturaleza liquidatoria, salvo acuerdo del administrador del procedimiento principal.
La práctica demuestra que la coordinación voluntaria, cuando se alcanza antes de que los acreedores tomen posiciones enfrentadas, reduce significativamente el coste total del proceso y aumenta las probabilidades de una solución de continuidad. En los casos donde la coordinación fracasa, el grupo queda sometido a procedimientos paralelos con lógicas distintas, lo que prolonga el proceso y destruye valor.
¿Cuál es el papel del asesor jurídico en este escenario? Coordinar con abogados locales de confianza en cada jurisdicción afectada, elaborar un mapa de activos y pasivos por entidad y por país, y diseñar una estrategia de comunicación con los acreedores principales que anticipe los focos de conflicto antes de que se materialicen.
Existe una creencia extendida entre los directivos de grupos inmobiliarios y constructores en dificultades: el concurso de acreedores significa el fin de la empresa. Es un mito que tiene consecuencias muy costosas.
La realidad es que los instrumentos preconcursales y los planes de reestructuración permiten salvar el negocio si se activan a tiempo. Lo que destruye valor no es el procedimiento en sí, sino la tardanza en activarlo. Cada mes de retraso en reconocer la insolvencia es un mes en el que los activos se deterioran, los contratos se rescinden y los acreedores más activos toman posiciones que después son muy difíciles de revertir.
Los errores más frecuentes que hemos identificado en grupos del sector son los siguientes:
La acción rescisoria merece especial atención en el contexto inmobiliario. La legislación concursal permite al administrador del concurso impugnar actos perjudiciales para la masa activa realizados en los dos años anteriores a la declaración de concurso. En el sector, esto afecta con frecuencia a transmisiones de suelo, garantías hipotecarias y pagos a partes vinculadas del grupo.
La experiencia de nuestra firma en reestructuraciones e insolvencias de empresas industriales y de servicios – incluidos grupos con presencia transfronteriza – confirma un patrón consistente: los mejores resultados se obtienen cuando el asesoramiento jurídico se incorpora antes de que la situación sea de dominio público.
El protocolo que aplicamos en estos casos sigue una secuencia lógica:
La diferencia entre iniciar este proceso con seis meses de antelación y hacerlo con dos semanas antes del vencimiento del plazo legal no es solo de coste: es de opciones disponibles. Con tiempo, la dirección elige. Sin tiempo, la dirección reacciona.
Si su grupo inmobiliario o constructor afronta dificultades financieras con dimensión transfronteriza, el momento de actuar es ahora. Puede consultarnos en nuestra práctica de reestructuración e insolvencia para obtener una valoración inicial de la situación.
Antes de tomar ninguna decisión relevante, la dirección del grupo debería poder responder afirmativamente a las siguientes preguntas:
Si alguna de estas preguntas no tiene respuesta clara, el momento de obtenerla es ahora. Puede encontrar información adicional sobre el contexto sectorial en nuestro dosier sectorial de inmobiliario y reestructuración.
La reestructuración de un grupo inmobiliario o constructor raramente es un problema de una sola práctica jurídica. Las cuestiones concursales van acompañadas, casi invariablemente, de necesidades en el ámbito fiscal – especialmente en lo que respecta al tratamiento tributario de las quitas y esperas en los planes de reestructuración – y en el ámbito societario, cuando la solución implica la reorganización de la estructura del grupo o la entrada de un nuevo inversor.
En Velarde & Vidal atendemos estas necesidades de forma integrada, coordinando las áreas de reestructuración e insolvencia, Derecho societario y operaciones (M&A) y fiscal y tributario bajo una dirección unificada. También puede consultar el análisis de cómo estas dinámicas afectan a otros sectores con estructuras similares de activos y deuda en nuestro dosier de logística y reestructuración.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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