El sector inmobiliario y de la construcción opera con estructuras de capital intensivo, ciclos de cobro largos y una exposición a la deuda bancaria que pocas industrias igualan. Cuando el ciclo se contrae, las tensiones de tesorería no avisan: aparecen de golpe, amplifican cada retraso en el cobro de certificaciones y convierten un problema de liquidez en una crisis de solvencia en cuestión de semanas. En esas semanas, el coste de no actuar supera con creces el coste de asesorarse.
La reestructuración e insolvencia en España se rige por el texto refundido de la Ley Concursal, profundamente reformado en 2022 para transponer la Directiva europea de reestructuración preventiva. La reforma introdujo dos novedades que cambian la lógica de la gestión de crisis empresarial: los planes de reestructuración como instrumento preconcursal con plena eficacia legal y el procedimiento especial para microempresas, en vigor desde el 1 de enero de 2023.
Para una promotora inmobiliaria o una constructora mediana, este marco supone que el concurso de acreedores ya no es el único camino cuando la empresa empieza a no poder atender sus obligaciones. Existe una vía previa – más ágil, menos disruptiva para la actividad y menos costosa en términos reputacionales – que, sin embargo, exige rapidez.
¿Qué distingue a este sector de otros en términos concursales? Tres características estructurales:
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), los organismos de la Seguridad Social y las entidades financieras son, con frecuencia, los principales acreedores en estos procesos. Su tratamiento dentro del plan de reestructuración requiere estrategia y conocimiento de los márgenes de negociación que admite cada tipo de crédito público.
Este es el punto donde más empresas cometen el error más caro. La legislación concursal española establece que el deudor tiene la obligación de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes al momento en que conoció o debió haber conocido su situación de insolvencia. No es un plazo orientativo. Es un plazo imperativo cuyo incumplimiento tiene consecuencias directas sobre la responsabilidad del órgano de administración.
El problema en el sector inmobiliario y de la construcción es que la insolvencia raramente se presenta de forma abrupta. Se instala de forma progresiva: primero se retrasan pagos a subcontratistas, luego a proveedores de materiales, después a la Seguridad Social. El administrador que dilata la decisión bajo la expectativa de que un cobro pendiente resolverá la situación puede estar permitiendo que el plazo de dos meses transcurra sin haber actuado.
Los plazos que toda dirección debe tener identificados son los siguientes:
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, el retraso en la toma de decisiones es, sistemáticamente, el factor que más deteriora las opciones de recuperación.
El plan de reestructuración es el instrumento más relevante que la reforma de 2022 pone a disposición de las empresas. A diferencia del concurso de acreedores, no implica la declaración judicial de insolvencia ni el nombramiento de administración concursal. Es un proceso de negociación estructurada con los acreedores que, si obtiene las mayorías necesarias, puede ser homologado judicialmente y vincular incluso a los acreedores que votaron en contra.
¿Cómo funciona esto en la práctica para una promotora o constructora?
Imaginemos una sociedad promotora con una promoción de viviendas en curso, financiada mediante préstamo promotor con una entidad financiera y con deudas vencidas frente a una decena de subcontratistas. Si la sociedad anticipa que no podrá refinanciar el préstamo promotor al vencimiento – y lo hace con suficiente antelación – puede iniciar negociaciones con el banco acreedor bajo el paraguas del plan de reestructuración. El banco puede aceptar una extensión de plazo o una quita a cambio de garantías adicionales. Los acreedores comerciales pueden ser agrupados en una clase separada con condiciones diferenciadas.
La clave es la anticipación. Un plan de reestructuración presentado cuando todavía existe valor en la empresa – cuando las promociones en curso tienen salida comercial y los activos no han sido ejecutados – tiene muchas más posibilidades de prosperar que uno presentado cuando la crisis ya es evidente para todos los acreedores.
Desde Velarde & Vidal, hemos observado que las empresas que activan estos instrumentos con al menos seis meses de antelación a los vencimientos críticos obtienen resultados significativamente mejores que las que esperan al límite. El capital negociador se erosiona con cada semana de demora.
Este es, en nuestra práctica, el aspecto que más sorprende a los directivos cuando lo abordan por primera vez. La responsabilidad de los administradores en una situación de insolvencia no es solo corporativa. La legislación societaria y concursal española establece mecanismos que pueden extender las deudas de la sociedad al patrimonio personal de quienes la gestionaban.
Los escenarios de riesgo son concretos:
El administrador de una promotora o constructora en dificultades tiene, por tanto, un interés personal – no solo corporativo – en actuar dentro de los plazos y con el asesoramiento adecuado.
Esta es una de las preguntas que más preocupa a las constructoras cuando se plantean la posibilidad de un concurso. La respuesta, que muchos desconocen, es más matizada de lo que parece.
La legislación concursal española establece que la declaración de concurso no resuelve automáticamente los contratos vigentes. Los contratos de obra en curso – certificaciones, contratos de subcontrata, contratos con promotores – pueden mantenerse si el administrador concursal así lo decide, y sus créditos derivados tienen la consideración de créditos contra la masa, con prioridad de cobro frente a los créditos concursales ordinarios.
Esto significa que una constructora en concurso puede, bajo ciertas condiciones, continuar ejecutando obras en curso. La continuidad de la actividad – especialmente relevante para preservar el valor de los activos humanos, los contratos en vigor y la reputación comercial – es un objetivo expresamente reconocido por la normativa concursal reformada.
Ahora bien, la gestión de esta continuidad es compleja. Requiere coordinar con el administrador concursal, mantener la comunicación con los promotores, gestionar a los subcontratistas cuyas deudas anteriores al concurso quedan en el pasivo concursal y cuyas deudas posteriores generan créditos contra la masa. En nuestra experiencia, las constructoras que han podido mantener la actividad durante el concurso lo han hecho porque contaban con asesoramiento jurídico especializado desde el primer momento.
La transmisión de una unidad productiva es uno de los instrumentos más potentes – y más utilizados – en los procesos concursales del sector inmobiliario y de la construcción. Permite que un adquirente se haga con el negocio en marcha – los contratos, el personal, los activos operativos – sin necesidad de asumir los pasivos concursales del vendedor. Es, en esencia, una venta limpia de negocio bajo supervisión judicial.
Para el sector constructor, esto puede significar la transmisión del equipo técnico y de la maquinaria de una empresa concursada a un competidor o fondo que ve valor en la estructura operativa pero no quiere asumir las deudas acumuladas. Para el sector promotor, puede implicar la transmisión de una o varias promociones en curso junto con los contratos de financiación y reserva suscritos por los compradores.
La determinación de qué constituye una unidad productiva en el sector – qué activos, contratos y personas forman parte de ella – es una cuestión técnica y estratégica de primer orden. La posición que se defina influye directamente en el precio y en las condiciones que el juez debe aprobar.
Si le interesa entender cómo funciona la financiación interina durante un proceso de reestructuración, puede consultar nuestro análisis sobre financiación interina e incentivos en procesos de reestructuración industrial.
La siguiente relación no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado. Sirve como primer mapa de comprobación para la dirección que detecta señales de alerta:
La reestructuración de una empresa del sector inmobiliario o de la construcción rara vez se agota en el ámbito estrictamente concursal. Con frecuencia, exige coordinar la estrategia concursal con la planificación fiscal de la operación de reestructuración y con los aspectos laborales de la reorganización del equipo. Nuestro equipo de reestructuración e insolvencia trabaja de forma integrada con las áreas fiscal y laboral para ofrecer una respuesta completa.
Si su empresa opera en el sector turístico o de hostelería, puede resultarle útil nuestro dosier específico sobre reestructuración e insolvencia en el sector turístico, que aborda las particularidades de ese sector con el mismo enfoque operativo.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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