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Inmobiliario y construcción: la movilidad de directivos y el régimen Beckham: análisis para empresas

Por Hugo Benavent, Asociado · Laboral, movilidad e inversión extranjeraActualizado:

El sector inmobiliario y de construcción en España vive desde hace años una tensión estructural: la demanda de talento directivo especializado supera con claridad la oferta local disponible. Promotoras, constructoras de obra civil, fondos de inversión inmobiliaria y gestoras patrimoniales recurren cada vez más a perfiles internacionales para cubrir posiciones de dirección general, técnica o de inversión. Esta realidad convierte la movilidad internacional de directivos en una decisión de gestión de primer orden, no en un asunto administrativo secundario. Y el régimen especial de tributación para trabajadores desplazados a territorio español – comúnmente conocido como régimen Beckham – ocupa un papel central en esa decisión.

En breve: La movilidad de directivos hacia España en el sector inmobiliario y de construcción activa obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social que la empresa debe gestionar desde antes de la llegada del directivo. El régimen Beckham permite tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes a un tipo fijo del 24 % sobre rendimientos hasta 600.000 euros, pero su aplicación exige planificación anticipada, no residencia en España durante los cinco años anteriores y comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en plazo. Un error procedimental puede costar la totalidad del beneficio fiscal.

El marco regulatorio que rige la movilidad de directivos en España

Cuando una empresa del sector inmobiliario o de construcción incorpora un directivo procedente del extranjero, el punto de partida no es el contrato. Es la residencia fiscal. La distinción entre residente y no residente determina qué impuesto se aplica, en qué base y con qué tipo. La normativa tributaria española establece la presunción de residencia cuando la persona permanece más de 183 días en España durante el año natural, o cuando el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radica en territorio español.

El régimen especial para impatriados – el llamado régimen Beckham, actualizado por la Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes (Ley de Startups) de 2022 – permite que el directivo recién llegado tribute como no residente durante el año del cambio de residencia y los cinco ejercicios siguientes. El requisito clave: no haber sido residente fiscal en España durante los cinco años anteriores al desplazamiento. La reforma de 2022 redujo ese plazo desde los diez años que exigía la normativa anterior, lo que amplió el universo de beneficiarios potenciales.

¿Cuál es el impacto real en una promotora o constructora que contrata talento directivo internacional? El tipo del 24 % sobre la base hasta 600.000 euros contrasta con una tributación en el IRPF que puede alcanzar tramos más elevados para rentas altas. Para un director de proyectos o un responsable de inversión con retribución variable ligada a hitos de obra u operaciones, la diferencia puede ser muy significativa. Esto explica por qué el régimen se ha convertido en un argumento competitivo en los procesos de selección de alta dirección en el sector.

En nuestra práctica asesorando a empresas del sector inmobiliario, hemos observado que el error más frecuente no es desconocer el régimen, sino activarlo tarde. La solicitud de aplicación debe presentarse ante la AEAT dentro de los seis meses siguientes al inicio de la actividad registrada en la Seguridad Social. Transcurrido ese plazo, el derecho caduca y no existe vía de subsanación. La empresa que no lo advierte a tiempo pierde un instrumento de atracción de talento que después no puede recuperar para ese directivo concreto.

¿Qué obligaciones laborales específicas genera la contratación de directivos en el sector?

La contratación de un directivo en el sector inmobiliario o de construcción presenta una particularidad jurídica que conviene no ignorar. La alta dirección se rige por una normativa laboral específica que difiere en puntos sustanciales del Estatuto de los Trabajadores. Los contratos de alta dirección permiten pactar condiciones de extinción distintas, plazos de preaviso más amplios y estructuras retributivas ligadas al rendimiento. Sin embargo, esa flexibilidad exige que el diseño contractual sea preciso desde el inicio.

Un contrato mal redactado en alta dirección puede derivar en la aplicación supletoria del régimen común del Estatuto de los Trabajadores. Las consecuencias son relevantes: un despido que la empresa concibió como extinción de alto directivo puede ser recalificado como despido improcedente con una indemnización de 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. En directivos con retribución elevada, la diferencia económica entre ambos escenarios puede ser muy considerable.

El sector de construcción tiene, además, un convenio colectivo sectorial de gran complejidad. Las empresas que operan tanto en la rama de promoción inmobiliaria como en la de ejecución de obra deben prestar atención al convenio aplicable a cada categoría profesional. La movilidad funcional y geográfica de los trabajadores – especialmente en proyectos de gran envergadura con implantación en varias provincias o comunidades autónomas – activa garantías y procedimientos específicos que la dirección de recursos humanos debe conocer antes de iniciar cualquier traslado.

La legislación laboral española establece que los traslados individuales de trabajadores requieren justificación por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, con un preaviso mínimo. Los traslados colectivos – cuando afectan a un número determinado de trabajadores en función del tamaño de la plantilla – activan un procedimiento de consulta con los representantes de los trabajadores que la empresa no puede obviar. Una constructora que gestione un proyecto en una nueva plaza y necesite trasladar a su equipo técnico debe planificar esa movilidad con tiempo suficiente para cumplir los procedimientos legales.

El régimen Beckham en la práctica del sector: ventajas, límites y riesgos operativos

Desde la perspectiva de la empresa, el régimen Beckham no es solo un beneficio para el directivo. Es un instrumento de gestión del coste laboral total. En posiciones de alta dirección donde la retribución incluye componentes variables, bonus ligados a operaciones inmobiliarias o a resultados de carteras, la estructura fiscal del directivo afecta directamente a la negociación del paquete retributivo.

Una empresa que ofrece a un directivo internacional la posibilidad de acogerse al régimen puede estructurar una propuesta competitiva con un coste bruto inferior al que tendría que asumir si el directivo tributara por el IRPF en su escala progresiva. El resultado: el directivo percibe un neto atractivo y la empresa optimiza el coste total de la posición. Esta dinámica es especialmente relevante en fondos de inversión inmobiliaria y socimis – sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario – que compiten por talento de gestión a escala europea.

Sin embargo, el régimen tiene límites y condiciones que generan riesgo si no se gestionan correctamente. El primero es el ya mencionado plazo de solicitud. El segundo es la compatibilidad con la estructura societaria de la empresa: los socios con participación significativa en la entidad que les contrata pueden ver limitada la aplicación del régimen según la normativa vigente. En el sector inmobiliario, donde es habitual que los directivos tengan participación en vehículos de inversión o en la propia promotora, este punto requiere un análisis previo cuidadoso.

El tercer riesgo es el de la movilidad del propio directivo durante la vigencia del régimen. Si el directivo es desplazado a otro país por la empresa antes de que concluyan los seis años de aplicación, puede perder la condición de residente fiscal en España y, con ello, la cobertura del régimen. La empresa debe anticipar esta contingencia en el diseño del contrato, especialmente cuando el directivo tiene responsabilidades que pueden requerir presencia prolongada en otras jurisdicciones.

Hemos asesorado reestructuraciones, contratación de directivos y movilidad internacional en empresas medianas y grandes del sector. En nuestra experiencia, los conflictos más graves no surgen de ignorar el régimen Beckham, sino de no coordinar a tiempo la gestión laboral, la tributaria y la de seguridad social. Las tres ramas del Derecho actúan simultáneamente, y un desfase en cualquiera de ellas puede comprometer el conjunto.

¿Cómo afecta la Seguridad Social al directivo desplazado en inmobiliario y construcción?

El régimen Beckham resuelve la cuestión fiscal. Pero la Seguridad Social sigue su propia lógica. Un directivo que llega a España desde un país de la Unión Europea puede acogerse a los reglamentos comunitarios de coordinación de sistemas de Seguridad Social y, en determinadas condiciones, mantener su cotización en el país de origen durante un período de tiempo limitado. Esto exige la obtención del documento europeo correspondiente antes del inicio del desplazamiento.

Para directivos procedentes de países fuera de la Unión Europea, la situación depende de si España tiene suscrito un convenio bilateral de Seguridad Social con el país de origen. En ausencia de convenio, el directivo cotiza en España desde el primer día de actividad. La empresa debe alta en el régimen correspondiente sin excepción.

En el sector de la construcción, la cotización presenta especificidades adicionales. Existen reglas específicas de cotización por horas extraordinarias, por el plus de actividad y por las contingencias profesionales que son más elevadas que en otros sectores. Estos sobrecostes deben integrarse en el análisis del coste total del directivo antes de tomar la decisión de contratación.

¿Sabe su empresa cuánto supone el coste total de Seguridad Social de un director de obra internacional cotizando en España? En nuestra práctica con constructoras medianas, la respuesta habitual es que ese dato no se ha calculado correctamente. El resultado es que la negociación salarial se cierra sin incluir ese coste, y la empresa lo asume como una desviación en la partida de personal. Un análisis previo evita esa sorpresa.

Decisiones y plazos críticos que la dirección debe gestionar

La gestión de la movilidad de directivos en el sector inmobiliario y de construcción no es lineal. Es una secuencia de decisiones que deben adoptarse en orden y en plazo. Un error en el momento equivocado tiene efectos que se arrastran durante años.

El primer hito es la decisión de contratación y la definición del modelo contractual: ¿alta dirección o régimen general? ¿Contrato mercantil de administrador o laboral de directivo? Cada opción tiene implicaciones distintas en materia de protección social, extinción e indemnización. La empresa que elige sin asesoramiento asume sin saberlo el riesgo de la opción más costosa.

El segundo hito es la gestión del alta en Seguridad Social y la solicitud del régimen Beckham. Ambas deben coordinarse. El plazo para solicitar el régimen corre desde el alta en la Seguridad Social, no desde la firma del contrato ni desde la llegada física del directivo. En nuestra experiencia, la confusión entre estas fechas es la causa más frecuente de pérdida del régimen.

El tercer hito es la revisión periódica de la situación del directivo. Durante los seis años de vigencia del régimen, pueden producirse cambios que alteren las condiciones: modificación de las funciones, cambio en la estructura de participaciones, desplazamientos prolongados al extranjero. La empresa debe establecer un protocolo de seguimiento anual con su asesoría jurídica y fiscal.

El cuarto hito es la planificación de la salida. Cuando el directivo abandona la empresa – sea por decisión propia o de la organización – la extinción del contrato activa consecuencias fiscales y laborales que deben anticiparse. Una extinción no planificada en alta dirección puede generar conflictos sobre la calificación de la indemnización y su tratamiento fiscal, con implicaciones tanto para el directivo como para la empresa.

La tabla siguiente resume los momentos clave y las acciones que la empresa debe ejecutar:

Momento Acción de la empresa Riesgo si se omite
Antes de la contratación Definir modelo contractual (alta dirección / régimen general / mercantil) Recalificación del contrato; indemnización imprevista
En el momento del alta en Seguridad Social Solicitar el régimen Beckham en plazo Pérdida definitiva del beneficio fiscal; coste salarial mayor
Durante la vigencia del régimen Revisión anual de condiciones y posibles cambios en la situación del directivo Pérdida sobrevenida del régimen por incumplimiento de requisitos
Al producirse la extinción Planificar la calificación de la indemnización y sus efectos fiscales Litigio laboral; contingencia fiscal no prevista

¿Qué errores frecuentes deben evitar las empresas del sector?

En nuestra práctica asesorando a empresas del sector inmobiliario y de construcción, hemos identificado un patrón recurrente de errores que comparten varios rasgos comunes: se producen al inicio del proceso, son difíciles de corregir después y generan costes desproporcionados respecto a lo que habría costado la gestión correcta desde el principio.

El primero es la confusión entre el contrato de alta dirección y el contrato mercantil de administrador. Ambas figuras permiten vincular a un directivo con la empresa, pero sus consecuencias en materia de extinción, cotización a la Seguridad Social y tributación son muy distintas. Una promotora inmobiliaria que utiliza el contrato mercantil cuando debería haber empleado el contrato laboral de alta dirección puede encontrarse con que las cotizaciones no se han realizado correctamente y con que el directivo reclama derechos laborales que la empresa creía excluidos.

El segundo error frecuente es subestimar la dimensión colectiva de ciertas decisiones de movilidad. Cuando una constructora decide reorganizar su estructura y trasladar a un número significativo de trabajadores de una delegación a otra, ese traslado puede tener la consideración de colectivo y requerir un procedimiento de consulta formal. La empresa que lo trata como una serie de traslados individuales sin consulta previa incurre en una irregularidad que puede ser impugnada.

El tercer error es la falta de un plan de igualdad actualizado. El sector de la construcción e inmobiliario, con plantillas en ocasiones muy masculinizadas, está sujeto a obligaciones específicas en materia de igualdad que varían en función del número de trabajadores. Las empresas que no disponen de un plan de igualdad vigente cuando están obligadas a ello se exponen a sanciones administrativas. La normativa española en esta materia ha endurecido progresivamente los umbrales y los contenidos mínimos exigibles.

El cuarto error es la gestión reactiva de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y de los procedimientos de despido colectivo. El sector de la construcción es especialmente sensible a los ciclos económicos, y las promotoras y constructoras han tenido que afrontar en distintos momentos reestructuraciones importantes. La clave es que la causa, el procedimiento y la negociación previa con la representación legal de los trabajadores determinan el coste real del proceso y el riesgo de improcedencia. Una empresa que inicia un despido colectivo sin haber preparado la documentación económica, técnica u organizativa adecuada asume un riesgo elevado de que las extinciones sean declaradas nulas.

La creencia de que indemnizar generosamente es siempre la vía más segura y barata es un mito frecuente en la dirección de empresas. La causa, el procedimiento y la negociación previa determinan el coste real y el riesgo de improcedencia. En algunos casos, una extralimitación en la indemnización ofrecida sin causa justificada puede generar expectativas en otros trabajadores y elevar el coste de reestructuraciones posteriores.

Cómo el asesoramiento temprano reduce el coste y el riesgo en el sector

La dimensión económica de la gestión de la movilidad de directivos en el sector inmobiliario y de construcción es difícil de cuantificar en abstracto. Depende del tamaño de la empresa, del número de directivos afectados, de la complejidad de las operaciones y del mercado en el que opera. Pero existe un principio que la experiencia confirma de manera consistente: el coste del asesoramiento preventivo es significativamente inferior al coste de resolver los problemas que genera la ausencia de ese asesoramiento.

Un directivo internacional para el que no se solicitó el régimen Beckham en plazo supone, durante los siguientes años, un diferencial fiscal que la empresa debe compensar si quiere mantener competitiva su propuesta retributiva. Un contrato de alta dirección mal redactado que deriva en un litigio laboral implica no solo el coste económico de la indemnización, sino también el coste en tiempo de gestión, en incertidumbre y, en ocasiones, en reputación dentro del sector. Una reestructuración mal planificada en una constructora puede acabar en un procedimiento judicial que paralice la reorganización durante meses.

El asesoramiento temprano permite, en primer lugar, elegir la estructura jurídica correcta antes de formalizar cualquier vínculo. En segundo lugar, permite diseñar el proceso de incorporación del directivo internacional coordinando la gestión laboral, la fiscal y la de Seguridad Social desde el primer día. En tercer lugar, permite establecer los mecanismos de seguimiento que eviten que cambios sobrevenidos en la situación del directivo o de la empresa afecten a la validez del régimen fiscal.

En el contexto actual del sector inmobiliario español – con ciclos de inversión que atraen capital internacional y proyectos de envergadura que requieren equipos directivos especializados – la capacidad de atraer y retener talento de alto nivel es un factor competitivo real. Las empresas que gestionan bien la movilidad de sus directivos tienen una ventaja en los procesos de atracción de perfiles internacionales que sus competidores sin esa capacidad no pueden igualar.

Para una comprensión más amplia de los instrumentos disponibles en movilidad e inversión internacional, puede consultar nuestra área de práctica en laboral y movilidad internacional, donde desarrollamos los distintos regímenes y procedimientos aplicables.

El impacto de la Ley de Startups en el sector inmobiliario y de construcción

La Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes de 2022 introdujo cambios significativos en el régimen Beckham que merecen atención específica en el contexto del sector inmobiliario. La reducción del período de no residencia previa exigido – de diez a cinco años – amplió considerablemente el universo de directivos que pueden acceder al régimen. Muchos perfiles internacionales que habían estado en España antes, o que tenían vínculos previos con el país, quedaban excluidos bajo la normativa anterior. Ahora pueden acogerse al régimen si han transcurrido los cinco años requeridos desde su última residencia en territorio español.

Esta modificación tiene un efecto directo en el sector inmobiliario, que opera con redes de profesionales internacionales que con frecuencia han tenido presencia anterior en España. Gestores de fondos, arquitectos con responsabilidad directiva, responsables de inversión que operaron en el mercado español durante el ciclo anterior y que se marcharon a otras plazas pueden ahora volver a España bajo el régimen especial si cumplen el nuevo requisito.

La Ley de Startups también extendió el régimen a nuevos supuestos que son relevantes en el sector: teletrabajadores que se desplazan a España manteniendo su relación con una empresa extranjera, y emprendedores que vienen a desarrollar una actividad económica en España. Aunque estos supuestos son más habituales en el ecosistema tecnológico, las promotoras e inmobiliarias que operen con estructuras de gestión distribuidas o con directivos en régimen de trabajo remoto pueden encontrar aplicación a estos nuevos supuestos.

Para quienes evalúan estructuras de inversión o gestión patrimonial en España, la guía sobre startups y venture capital ofrece un análisis complementario de los vehículos de inversión y las estructuras de participación más utilizados en operaciones con dimensión fiscal relevante.

Planificación sucesoria y de relevo directivo en empresas familiares del sector

El sector inmobiliario español cuenta con una presencia muy relevante de empresas familiares. Promotoras que llevan décadas en el mercado, constructoras de segunda o tercera generación, patrimonios inmobiliarios gestionados por family offices de titularidad familiar. En todas estas estructuras, la movilidad de directivos tiene una dimensión adicional que no existe en las empresas de capital institucional: la dimensión sucesoria.

Cuando una empresa familiar del sector decide incorporar un directivo profesional externo – frecuentemente porque los herederos no tienen capacidad o vocación de gestión – está iniciando un proceso de transición que va mucho más allá del contrato laboral. La convivencia entre la propiedad familiar y la dirección profesional exige un diseño cuidadoso de las estructuras de gobierno corporativo, de las cláusulas de confidencialidad y no competencia, y de los mecanismos de salida en caso de conflicto.

La movilidad internacional añade una capa adicional de complejidad cuando el directivo incorporado es extranjero. La empresa familiar que no ha diseñado previamente cómo gestionar la eventual salida de ese directivo – sea por decisión propia, por conflicto o por fallecimiento – puede encontrarse en una posición muy vulnerable. En nuestra experiencia asesorando a este tipo de estructuras, el momento de mayor exposición es siempre el de la salida del directivo, no el de la entrada.

Las empresas familiares del sector que estén en procesos de transición generacional pueden encontrar en nuestra guía sobre cómo gestionar la sucesión de empresa un análisis detallado de los instrumentos jurídicos y fiscales disponibles para planificar ese proceso con garantías.

Checklist de cumplimiento para la empresa del sector inmobiliario y de construcción

A modo de síntesis operativa, recogemos los puntos de verificación que toda empresa del sector debería revisar cuando incorpora o gestiona directivos con dimensión internacional:

  • Verificar si el directivo cumple los requisitos de no residencia previa para acogerse al régimen especial de impatriados.
  • Coordinar el alta en la Seguridad Social con la solicitud del régimen ante la AEAT dentro del plazo de seis meses desde el inicio de actividad.
  • Definir el modelo contractual adecuado: alta dirección, régimen general o vínculo mercantil, con análisis explícito de las consecuencias en cada caso.
  • Revisar la participación del directivo en la estructura societaria de la empresa y su compatibilidad con el régimen Beckham.
  • Determinar el régimen de Seguridad Social aplicable: coordinación comunitaria, convenio bilateral o cotización íntegra en España.
  • Evaluar si los desplazamientos de trabajadores – técnicos, jefes de obra, responsables de delegación – tienen carácter individual o colectivo y activar el procedimiento correspondiente.
  • Verificar la obligación de disponer de un plan de igualdad vigente y actualizado en función del tamaño de plantilla.
  • Establecer un calendario de revisión anual de la situación del directivo durante la vigencia del régimen especial.
  • Planificar con antelación los procesos de extinción de contratos de alta dirección, incluyendo el tratamiento fiscal de la indemnización.
  • En empresas familiares, integrar la gestión de la movilidad directiva en el plan de sucesión y en los protocolos de gobierno corporativo.

Servicios relacionados

La gestión de la movilidad de directivos en el sector inmobiliario y de construcción tiene puntos de contacto directos con otras áreas de asesoramiento. En materia fiscal, la estructuración del paquete retributivo del directivo y la planificación del impuesto sobre sociedades de la empresa son decisiones que deben coordinarse con la estrategia laboral. En el ámbito del Derecho societario y operaciones, las adquisiciones de empresas del sector o la constitución de vehículos de inversión inmobiliaria generan necesidades específicas de gestión del equipo directivo que nuestra área de práctica en M&A puede atender. La protección de datos y el compliance también son relevantes en empresas que manejan grandes volúmenes de información sobre clientes y operaciones inmobiliarias.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica la movilidad de directivos y el régimen Beckham para una empresa?
La movilidad de directivos hacia España activa obligaciones en tres ramas simultáneas: la laboral, la fiscal y la de Seguridad Social. El régimen Beckham permite al directivo desplazado tributar a un tipo fijo del 24 % sobre rendimientos hasta 600.000 euros en lugar de hacerlo en la escala progresiva del IRPF. Para la empresa, esto supone una ventaja competitiva en la estructuración del paquete retributivo. Sin embargo, la aplicación correcta del régimen exige que la empresa coordine el alta en Seguridad Social con la solicitud ante la AEAT en el plazo legalmente establecido, y que el directivo cumpla el requisito de no residencia previa en España durante los cinco años anteriores.
¿Qué plazos y costes conlleva la movilidad de directivos y el régimen Beckham?
El plazo más crítico es el de solicitud del régimen especial: la empresa dispone de seis meses desde el alta del directivo en la Seguridad Social para presentar la solicitud ante la AEAT. Transcurrido ese plazo, el derecho se pierde de forma definitiva. En cuanto al ámbito temporal del régimen, se aplica durante el año del cambio de residencia y los cinco ejercicios siguientes. El coste de no gestionarlo correctamente incluye el diferencial fiscal que la empresa puede verse obligada a asumir para mantener competitiva la retribución neta del directivo, así como el riesgo de litigios laborales si el contrato no está correctamente diseñado desde el inicio.
¿Qué riesgos hay que evitar en la movilidad de directivos y el régimen Beckham?
Los riesgos más frecuentes son: pérdida del régimen por solicitud fuera de plazo; incompatibilidad del régimen con participaciones societarias significativas del directivo en la empresa; pérdida de la residencia fiscal española por desplazamientos prolongados al extranjero durante la vigencia del régimen; recalificación del contrato de alta dirección como contrato laboral común, con el consiguiente incremento de la indemnización en caso de extinción; y falta de coordinación entre la normativa de Seguridad Social del país de origen y la española, que puede generar dobles cotizaciones o lagunas de cobertura.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en la movilidad de directivos y el régimen Beckham?
El asesoramiento resulta más eficaz cuando se solicita antes de formalizar ningún vínculo contractual. En ese momento, aún es posible elegir el modelo contractual correcto, diseñar el paquete retributivo con el régimen fiscal en mente y coordinar todos los trámites administrativos en el orden y plazo adecuados. Una vez firmado el contrato y realizado el alta en Seguridad Social, el margen de maniobra se reduce considerablemente. En particular, el plazo de seis meses para solicitar el régimen Beckham empieza a correr desde ese momento, y no puede interrumpirse ni prorrogarse.

Análisis elaborado por Hugo Benavent, Asociado · Laboral, movilidad e inversión extranjera, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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