Una adquisición empresarial puede transformar la trayectoria de una compañía. También puede destruir valor si el comprador descubre, semanas después del cierre, pasivos ocultos, litigios sin provisionar o contratos de clientes que no sobrevivirán al cambio de control. La diferencia entre un resultado y otro reside, con frecuencia, en la calidad y el alcance de la diligencia debida (due diligence) ejecutada antes de firmar.
Muchos directivos consideran la diligencia debida un coste operativo que puede comprimirse en plazo o en alcance para acelerar el cierre. Esa creencia es, en nuestra experiencia, uno de los errores más costosos en operaciones de M&A.
El análisis previo cumple al menos tres funciones estratégicas. Primera, información: ofrece al comprador una fotografía real del negocio que va a adquirir. Segunda, negociación: los hallazgos condicionan el precio definitivo, las retenciones en garantía y las declaraciones y garantías (representations and warranties) que el vendedor asumirá. Tercera, decisión de continuar o retirarse: en ocasiones el análisis revela contingencias que hacen inviable la operación en los términos planteados.
Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios, y en todas ellas el peso de la negociación posterior a los hallazgos de diligencia ha superado en importancia al de la negociación inicial del precio.
¿Puede una empresa asumir el riesgo de operar sin este proceso? Técnicamente sí. Prácticamente, significa cerrar la operación con información incompleta y asumir que las contingencias que no se identificaron tampoco se han pactado cómo distribuir.
La diligencia debida no está definida en la Ley de Sociedades de Capital como un procedimiento específico. Sin embargo, la legislación societaria y mercantil española establece el contexto en el que opera: el deber de información precontractual, el régimen de responsabilidad por vicios ocultos del Código de Comercio y las exigencias derivadas de las declaraciones y garantías que las partes incluyen en el contrato de compraventa de participaciones o acciones.
La estructura contractual habitual de una operación de M&A en España incluye un acuerdo de confidencialidad (NDA) inicial, una hoja de términos (term sheet) no vinculante, el acceso a la data room durante la fase de diligencia, y el contrato de compraventa definitivo con sus anexos de declaraciones y garantías. Cada uno de estos instrumentos tiene implicaciones jurídicas propias bajo el Derecho español.
En lo que se refiere al acuerdo de confidencialidad, su alcance debe ser suficiente para proteger la información sensible del vendedor durante el proceso, pero no tan amplio que impida al comprador compartir los hallazgos con sus asesores o con los financiadores de la operación. Un NDA mal redactado puede dejar a ambas partes en una posición débil.
La hoja de términos, aunque generalmente no vinculante en su conjunto, puede contener cláusulas con efectos obligatorios: exclusividad temporal para negociar, costes en caso de ruptura de negociaciones o prohibición de contactar con terceros durante un período. La Ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad precontractual recuerdan que la ruptura injustificada de negociaciones avanzadas puede generar responsabilidad, incluso cuando no existe contrato definitivo.
La diligencia debida es multidisciplinar. En operaciones de tamaño medio, las áreas de análisis más relevantes son las siguientes.
El alcance exacto depende del sector, del tamaño de la operación y del nivel de riesgo que el comprador está dispuesto a retener.
Una diligencia mal planificada puede hacer fracasar la operación por razones que nada tienen que ver con el fondo del negocio. El comprador que tarda demasiado pone en riesgo la exclusividad. El que avanza demasiado rápido firma con contingencias que no ha identificado.
En nuestra práctica, recomendamos estructurar el proceso en dos fases. La primera, una diligencia de alto nivel (red flag review), permite identificar en un plazo breve los riesgos que podrían hacer inviable la operación. Esta fase consume menos recursos y permite al comprador decidir si merece la pena avanzar hacia la diligencia completa.
La segunda fase, la diligencia detallada, se ejecuta con un equipo multidisciplinar que accede a la data room y genera un informe completo de hallazgos. Este informe tiene dos usos inmediatos: alimentar la negociación del precio y las garantías, y construir la lista de declaraciones y garantías que el vendedor firmará en el contrato.
La planificación temporal es crítica. La exclusividad pactada en la hoja de términos es limitada. Si la diligencia no concluye dentro de ese período, el vendedor puede reanudar negociaciones con terceros. Los plazos los fija el acuerdo entre las partes, pero en operaciones de tamaño medio la fase de diligencia detallada suele requerir varias semanas de trabajo coordinado.
¿Qué ocurre cuando el vendedor no facilita acceso suficiente a la documentación? Esa resistencia es, en sí misma, una señal de alerta que el comprador debe valorar antes de decidir si continúa la negociación.
Ninguna diligencia es exhaustiva. Siempre existe información que no está disponible, contingencias que no se han materializado todavía o riesgos que son inherentes al negocio. El contrato y sus instrumentos accesorios son los mecanismos para distribuir ese riesgo residual entre comprador y vendedor.
Las declaraciones y garantías (representations and warranties) son afirmaciones del vendedor sobre el estado del negocio a la fecha del cierre. Si resultan inexactas, generan responsabilidad del vendedor. La negociación de su alcance, de las exclusiones y del régimen de responsabilidad – importes máximos, plazos de reclamación, umbrales de minimis – es una de las partes más técnicas de cualquier operación de M&A.
El pacto de socios, cuando el comprador va a coincidir en el capital con el vendedor o con otros socios existentes, es el instrumento que regula la relación futura. Gobierno corporativo, derecho de arrastre (drag along), derecho de acompañamiento (tag along), derechos de adquisición preferente en transmisiones futuras, y mecanismos de salida son cláusulas que deben quedar cerradas antes del cierre, no después. Confiar en que los estatutos estándar son suficientes para regular esa relación es el mito más común que encontramos, y el más peligroso.
Los estatutos de una sociedad son públicos y están sujetos a las exigencias de la legislación societaria. El pacto de socios, en cambio, es un contrato privado entre las partes que puede recoger compromisos que los estatutos no pueden o no deben reflejar. Ambos instrumentos son necesarios; ninguno sustituye al otro.
Hemos observado que las operaciones en las que el pacto de socios se negocia en paralelo a la diligencia, y no como un añadido de última hora, cierran con menos fricciones y con una distribución del riesgo más equilibrada para ambas partes.
Los hallazgos de una diligencia no siempre son bloqueantes. Con frecuencia, son contingencias conocidas que el comprador puede asumir si se reflejan correctamente en el precio o en las garantías.
Entre los hallazgos más habituales que encontramos en operaciones de empresa española de tamaño medio destacan los siguientes.
Cada uno de estos hallazgos tiene un tratamiento técnico específico. Puede traducirse en un ajuste del precio, en una retención en cuenta de garantía, en una indemnización específica del vendedor o en una condición para el cierre que exige resolverlo antes de transmitir las participaciones.
Cuando se prescinde de la diligencia o se ejecuta de manera insuficiente, las consecuencias se materializan de formas diversas.
La más directa es el pago de un precio que no refleja el valor real del activo. Una contingencia fiscal o laboral no identificada puede reducir sustancialmente el valor que el comprador creyó adquirir.
La segunda consecuencia, menos visible pero igualmente costosa, es la ausencia de mecanismos contractuales para reclamar. Si el comprador no incluyó en el contrato declaraciones y garantías precisas sobre las materias en las que luego aparece el problema, su capacidad de reclamación frente al vendedor puede ser muy limitada.
La tercera consecuencia es el impacto en la integración postadquisición. Los problemas que no se detectaron antes del cierre consumen el tiempo y los recursos de la dirección en el período más crítico para consolidar el negocio adquirido.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, el coste de un proceso de diligencia bien ejecutado es una fracción del coste de remediar los problemas que ese proceso habría identificado.
No toda adquisición sigue el mismo esquema. La estructura elegida – compraventa de participaciones o acciones, compraventa de activos, aportación a una sociedad holding, fusión o escisión – determina en qué medida el comprador asume los pasivos históricos del negocio y, por tanto, qué áreas de la diligencia son más críticas.
En una compraventa de participaciones o acciones, el comprador adquiere la sociedad con todo su historial. Los pasivos ocultos pasan al comprador si no se gestionan contractualmente. La diligencia debe ser completa.
En una compraventa de activos, el comprador puede seleccionar los activos que adquiere y, en principio, excluir los pasivos que no quiere asumir. Sin embargo, la legislación laboral española establece reglas de subrogación que pueden limitar esa exclusión cuando se trata de una unidad productiva autónoma. El análisis de esta circunstancia es especialmente relevante en sectores con plantillas numerosas o convenios colectivos complejos.
La elección entre una estructura u otra no es solo fiscal – aunque la eficiencia fiscal de la operación es un factor determinante – sino también un instrumento de gestión del riesgo identificado en la diligencia.
Para un análisis detallado de las implicaciones jurídicas de las operaciones de M&A en el mercado español, puede consultar nuestra práctica de Derecho societario y operaciones (M&A), donde desarrollamos los principales instrumentos y estructuras disponibles.
Antes de abrir la data room al comprador, o antes de encargar la diligencia como adquirente, la dirección de la empresa debe haber respondido afirmativamente a las siguientes cuestiones.
La preparación previa del vendedor no solo agiliza el proceso. También mejora su posición negociadora: una sociedad ordenada, con su documentación completa y sus contingencias provisionadas, transmite confianza y reduce el margen de ajuste de precio que el comprador intentará negociar a partir de los hallazgos.
Si la operación tiene componente transfronterizo – un adquirente o un objetivo en otra jurisdicción europea – la complejidad aumenta. En esos casos, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para asegurar que el análisis cubre las exigencias regulatorias de cada mercado relevante. Para operaciones con exposición al sector financiero regulado, puede resultar útil consultar también nuestro análisis sobre la due diligence en el sector fintech y servicios financieros, que aborda los requisitos específicos de ese entorno regulado.
El momento en que el asesor jurídico se incorpora al proceso tiene consecuencias directas sobre el coste y el resultado de la operación.
Cuando el asesor entra solo para revisar el contrato definitivo, su capacidad de proteger al cliente está limitada por las decisiones ya tomadas en fases anteriores. Si la hoja de términos estableció condiciones desfavorables, si la exclusividad se concedió sin contraprestación adecuada, o si el alcance de la diligencia fue insuficiente, el contrato puede mitigar pero no eliminar los riesgos derivados de esas decisiones previas.
Cuando el asesor se incorpora desde la fase de negociación de la hoja de términos, puede influir sobre la estructura de la operación, el alcance de la diligencia y los mecanismos de ajuste del precio. Eso permite construir una posición negociadora más sólida y reducir las sorpresas en el cierre.
En operaciones de M&A, el asesoramiento temprano no es un coste adicional. Es la decisión que determina si el proceso se gestiona de forma proactiva o reactiva. La diferencia entre ambas posiciones puede ser sustancial en términos de precio, condiciones y riesgo residual.
Para operaciones que involucren estructuras de gobierno corporativo específicas o reorganizaciones internas previas al proceso de venta, nuestro equipo de gobierno corporativo puede aportar el análisis estructural necesario antes de iniciar la diligencia.
El análisis de diligencia debida se conecta de forma natural con otras áreas de la práctica jurídica de empresa. Las contingencias fiscales identificadas en la diligencia requieren el concurso de especialistas en legislación tributaria española y, en operaciones internacionales, en precios de transferencia. Los hallazgos en materia laboral exigen coordinación con el equipo de Derecho del trabajo para valorar correctamente el impacto en el precio. En operaciones con componente tecnológico o de datos, la diligencia sobre propiedad intelectual y cumplimiento del RGPD puede ser tan crítica como el análisis financiero. En Velarde & Vidal integramos estas perspectivas en un equipo multidisciplinar que cubre la operación desde la fase de hoja de términos hasta el cierre y la integración postadquisición.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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