El sector de la energía y las renovables en España atraviesa una fase de transformación acelerada. Las inversiones en infraestructuras de generación, almacenamiento y distribución han elevado los niveles de apalancamiento de muchos grupos industriales a cotas que, ante un escenario de subida de tipos, retrasos en permisos administrativos o caída de precios en el mercado mayorista, pueden generar tensiones de tesorería de difícil gestión. Cuando la dirección tarda en reaccionar, el margen de maniobra se estrecha semana a semana. Y con él, la posibilidad de conservar el control de la empresa.
El caso que se expone a continuación es una reconstrucción anonimizada de un proceso real en el que Velarde & Vidal participó como asesor jurídico de la dirección y del órgano de administración. Se trata de un grupo industrial del sector de la energía y las renovables con operaciones en varias comunidades autónomas, activos en plantas fotovoltaicas y eólicas, y un pasivo financiero estructurado en torno a una deuda sindicada con cuatro entidades financieras.
El grupo había ejecutado un plan de crecimiento ambicioso entre los años anteriores a la tensión, financiado con deuda senior y tramos subordinados. La combinación de retrasos en la obtención de autorizaciones administrativas, un periodo de precios eléctricos a la baja y el incremento del coste del servicio de la deuda derivado del entorno de tipos generó un déficit de caja que el equipo directivo trató de resolver, en un primer momento, con medidas operativas propias: reducción de gastos generales, aplazamiento de inversiones no comprometidas y negociaciones bilaterales con dos de los cuatro bancos del sindicato.
La negociación bilateral fracasó. Uno de los acreedores financieros comunicó formalmente su intención de declarar el vencimiento anticipado del tramo que había financiado. En ese momento, la empresa se encontraba, con toda probabilidad, en situación de insolvencia inminente. El consejo de administración convocó una reunión extraordinaria y contactó con Velarde & Vidal.
El texto refundido de la Ley Concursal, reformado en 2022 para transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, introdujo un sistema de herramientas preconcursales que supone un cambio cualitativo respecto al régimen anterior. No se trata únicamente de ampliar los instrumentos disponibles: la reforma modifica la lógica del proceso, desplazando el eje de intervención desde el concurso declarado hacia la fase previa.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, el error más frecuente consiste en tratar el marco concursal como un mecanismo reactivo. La legislación concursal vigente es, en realidad, un sistema de gestión anticipada del riesgo de insolvencia. Los planes de reestructuración, el mecanismo de preconcurso y el procedimiento especial para microempresas están diseñados para que la empresa negocie con sus acreedores antes de perder el control del proceso.
Para un grupo industrial del sector energético, los elementos normativos más relevantes son tres. En primer lugar, el deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses desde que el administrador conoció o debió conocer la situación de insolvencia. En segundo lugar, la posibilidad de comunicar al juzgado la apertura de negociaciones con acreedores – el llamado preconcurso – para suspender temporalmente ese deber y ganar tiempo negociador. En tercer lugar, la herramienta del plan de reestructuración, que permite imponer quitas, esperas o conversiones de deuda a acreedores disidentes si se alcanzan las mayorías legales en cada clase.
La responsabilidad personal de los administradores es el elemento que concentra mayor riesgo cuando la reacción es tardía. La legislación societaria y concursal establece un régimen de responsabilidad que puede extenderse al patrimonio personal del administrador si se acredita que este conocía la insolvencia y no adoptó las medidas exigidas. Hemos visto casos en los que ese riesgo se materializó de forma efectiva. No es una amenaza teórica.
Una vez que el consejo de administración de este grupo industrial asumió la gravedad de la situación, el equipo de Velarde & Vidal trabajó en paralelo en tres frentes durante las primeras semanas.
El primero fue el diagnóstico jurídico y financiero de la situación real. No toda tensión de tesorería equivale a insolvencia actual en sentido legal. La distinción entre insolvencia inminente, insolvencia probable e insolvencia actual tiene consecuencias directas sobre qué instrumentos están disponibles y con qué urgencia hay que activarlos. En este caso, el análisis de los flujos de caja proyectados y del calendario de vencimientos confirmó que el grupo se encontraba en insolvencia inminente, lo que abría la puerta al plan de reestructuración sin necesidad de solicitar el concurso.
El segundo frente fue la comunicación de preconcurso ante el juzgado de lo mercantil competente. Esta comunicación suspende temporalmente el deber de solicitar el concurso y otorga al deudor un espacio protegido para negociar con sus acreedores. El efecto de protección frente a ejecuciones individuales que acompaña a la comunicación de preconcurso es uno de los elementos más valiosos del proceso. Sin él, cualquier acreedor individual podría ejecutar garantías o embargar cuentas mientras se negocia la reestructuración global, haciendo inviable cualquier acuerdo.
El tercero fue la preparación del mapa de acreedores y la estrategia de clases. La legislación concursal vigente exige clasificar a los acreedores por categorías homogéneas para votar el plan. En este grupo, los acreedores financieros del sindicato constituían la clase dominante. Dos de ellos concentraban más del cincuenta por ciento del pasivo financiero y, por tanto, podían determinar la viabilidad del plan. La estrategia de negociación debía lograr su adhesión antes de presentar el plan al juzgado para evitar que los acreedores disidentes pudieran bloquearlo.
¿Cuánto tiempo real dispone la dirección para actuar en un escenario de este tipo? Menos del que suele estimarse. El plazo de dos meses desde el conocimiento de la insolvencia no es un plazo de negociación: es el límite legal a partir del cual la responsabilidad del administrador puede comprometerse. La negociación real comienza antes, con la comunicación de preconcurso, que tiene sus propios plazos de prórroga y caducidad.
El plan de reestructuración elaborado para este grupo tenía tres ejes principales.
El primero fue la separación jurídica de la unidad productiva central de los activos con mayor incertidumbre regulatoria. En el sector de la energía y las renovables, los proyectos en distintas fases de madurez tienen perfiles de riesgo muy diferentes. Un proyecto con autorización de acceso y conexión concedida, con permiso de construcción firme y contrato de compraventa de energía suscrito, es un activo con valor de mercado claro. Un proyecto en fase de tramitación administrativa es, en muchos casos, una contingencia cuya valoración razonable puede ser muy inferior a la que figura en los libros. La separación de estos perfiles dentro de la estructura del grupo permitió a los acreedores financieros negociar con claridad sobre qué activos respaldaban su crédito.
El segundo eje fue la negociación de una quita y una espera combinadas sobre el tramo de deuda subordinada. Los acreedores subordinados, conscientes de su posición en el orden de prelación, aceptaron una reducción del principal a cambio de mantener una participación minoritaria en el capital de la sociedad resultante del proceso. Esta conversión parcial de deuda en capital – el mecanismo conocido como debt-to-equity swap – permitió aliviar la carga del servicio de la deuda sin sacrificar la continuidad operativa del grupo.
El tercer eje fue la negociación con los acreedores del sindicato financiero senior. Aquí el margen era menor, porque los acreedores senior contaban con garantías reales sobre los principales activos del grupo – plantas con instalación consolidada y contratos de generación vigentes. La propuesta que finalmente se acordó combinó una extensión del plazo de amortización, la liberación de parte de las garantías sobre proyectos en tramitación y la creación de un mecanismo de revisión anual vinculado a la evolución de los precios del mercado mayorista eléctrico.
En nuestra práctica hemos observado que los procesos de reestructuración que fracasan no lo hacen, por lo general, por falta de viabilidad económica del negocio subyacente. Fracasan porque la dirección tardó en activar el proceso, porque la clasificación de acreedores se abordó sin rigor jurídico o porque la negociación con el sindicato se inició sin una posición negociadora suficientemente documentada.
La protección de la unidad productiva es uno de los objetivos centrales de cualquier proceso de reestructuración en el sector industrial. En el caso de este grupo energético, la continuidad operativa de las plantas – generación, facturación, relaciones con el operador del sistema – no podía interrumpirse bajo ninguna circunstancia durante la negociación.
El marco de la comunicación de preconcurso proporcionó, como se ha indicado, una protección inicial frente a ejecuciones individuales. Pero la protección de la unidad productiva en sentido amplio exigía, además, asegurar que los contratos de suministro, los acuerdos de operación y mantenimiento y las autorizaciones administrativas se mantuvieran en vigor durante el proceso. Esto requirió una revisión detallada de las cláusulas de resolución automática y de los supuestos de cambio de control incluidos en cada contrato relevante.
En el sector de la energía y las renovables, las autorizaciones administrativas merecen una atención específica. A diferencia de lo que ocurre con los contratos privados, las autorizaciones son derechos otorgados intuitu regulae: su transmisión o su mantenimiento en el contexto de una reestructuración puede requerir comunicaciones o autorizaciones previas ante el órgano regulador competente. Gestionar este aspecto de forma proactiva evitó que el proceso de reestructuración fuese percibido por la Administración como un factor de riesgo para la continuidad de los proyectos.
La práctica de reestructuración e insolvencia de Velarde & Vidal incorpora sistemáticamente este análisis regulatorio en los procesos del sector energético, porque la omisión de una comunicación administrativa en el momento adecuado puede generar una contingencia que bloquee la eficacia del plan.
Los acreedores financieros de un sindicato bancario cuentan, habitualmente, con equipos especializados en reestructuración y con acceso a asesores externos de primer nivel. La asimetría de información y de recursos entre la empresa deudora y el sindicato acreedor es real y tiene consecuencias prácticas en la mesa de negociación.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios. En todos los casos, la presencia de asesoramiento jurídico especializado en la empresa deudora marcó una diferencia sustancial en la calidad del acuerdo alcanzado. No solo en términos de las condiciones económicas – quita, plazo, tipo – sino en la preservación de derechos que, sin asesoramiento, el deudor tiende a ceder sin advertirlo: mecanismos de revisión, cláusulas de pari passu, limitaciones a los covenants financieros, tratamiento de los activos en tramitación.
En este caso concreto, el banco agente del sindicato presentó un borrador de term sheet que incluía una cláusula de vencimiento acelerado vinculada a cualquier deterioro en los índices de cobertura del servicio de la deuda. Esta cláusula, redactada de forma amplia, habría otorgado al sindicato un mecanismo de resolución anticipada ante cualquier variación en los precios del mercado eléctrico. La negociación jurídica de esa cláusula – su delimitación precisa, la introducción de un periodo de cura y la fijación de umbrales razonables – fue, en retrospectiva, uno de los elementos que mayor valor aportó al proceso.
El plan de reestructuración fue aprobado por las clases de acreedores con las mayorías requeridas por la legislación concursal. El juzgado de lo mercantil homologó el plan dentro del plazo previsto por la normativa. El grupo mantuvo la continuidad operativa de sus plantas durante todo el proceso y preservó los permisos administrativos en vigor.
No corresponde afirmar que este resultado es garantizable en otros supuestos. Cada proceso de reestructuración es diferente, y el resultado depende de variables que no están bajo el control exclusivo del asesor: la composición del pasivo, la actitud de los acreedores, la situación del mercado y la capacidad de la dirección para ejecutar el plan operativo comprometido.
Lo que sí puede afirmarse, con fundamento en la experiencia de este y otros procesos similares, es que la anticipación en la activación del proceso es el factor que más influye en la calidad del resultado. Las empresas que contactan con su asesor jurídico cuando la tensión de tesorería es todavía gestionable tienen opciones que no están disponibles cuando la insolvencia ya es actual. Los planes de reestructuración, el preconcurso y los mecanismos de protección previstos en la legislación concursal solo despliegan su eficacia plena si se activan antes de que el tiempo se haya agotado.
Tres lecciones del proceso merecen ser destacadas para cualquier grupo industrial del sector energético que se enfrente a una situación similar.
La primera: el diagnóstico de la situación jurídica y financiera no puede delegarse exclusivamente en el equipo de dirección financiera. El umbral entre insolvencia inminente e insolvencia actual tiene consecuencias jurídicas que requieren un análisis técnico específico.
La segunda: la clasificación de los acreedores en clases es una decisión estratégica, no un trámite formal. Una clasificación mal diseñada puede hacer inviable un plan que, económicamente, sería viable. Puede consultarse más información sobre los mecanismos de concurso de acreedores y sus alternativas preconcursales en el apartado correspondiente del sitio.
La tercera: en el sector de la energía y las renovables, la dimensión regulatoria del proceso – autorizaciones, permisos, relaciones con el operador del sistema – es tan relevante como la dimensión financiera. Ignorarla o abordarla tardíamente puede generar contingencias que pongan en riesgo la eficacia del plan acordado.
¿Qué debería hacer hoy la dirección de un grupo industrial del sector de la energía y las renovables que detecte señales de tensión financiera? La respuesta no es esperar a confirmar si la situación empeora. La respuesta es iniciar el diagnóstico.
El marco de decisión que hemos empleado en este y en otros procesos similares se articula en torno a cuatro preguntas que cualquier consejero delegado o director financiero puede formular internamente.
Primera: ¿puede la empresa atender sus obligaciones de pago en los próximos doce meses con los flujos de caja proyectados, sin necesidad de refinanciar vencimientos o de disponer de líneas de crédito no confirmadas? Si la respuesta es no, o es incierta, el proceso debe iniciarse.
Segunda: ¿tiene el órgano de administración documentado el análisis de la situación y las medidas adoptadas? La responsabilidad personal del administrador no se activa únicamente por el resultado – la insolvencia – sino por la omisión del deber de diligencia. El registro formal de las decisiones adoptadas y de sus fundamentos es una protección que conviene activar desde el primer momento.
Tercera: ¿existe en el pasivo del grupo algún tramo cuyo vencimiento, en los próximos seis a doce meses, no puede ser atendido sin un acuerdo de refinanciación? Si la respuesta es sí, el plazo para iniciar la negociación es ahora, no cuando el vencimiento se acerque.
Cuarta: ¿tienen los contratos clave del grupo – acuerdos de compraventa de energía, contratos de operación y mantenimiento, contratos de financiación de proyectos – cláusulas de vencimiento anticipado vinculadas a eventos financieros o a cambios en la situación del grupo? Si es así, el análisis de esas cláusulas debe realizarse antes de que cualquier evento las active.
El proceso de reestructuración que hemos descrito en este caso comenzó, en la práctica, el día en que el consejo de administración del grupo decidió hacer esa pregunta a su asesor jurídico. No el día en que el banco comunicó el vencimiento anticipado. Esa diferencia de pocas semanas fue la que determinó que el proceso pudiera resolverse con un plan de reestructuración en lugar de derivar hacia un concurso de acreedores con consecuencias mucho más severas para los accionistas, el equipo y los proyectos en tramitación.
Para una perspectiva más amplia sobre el tratamiento jurídico de los procesos de insolvencia en sectores industriales intensivos en tecnología, puede resultar de interés consultar el dosier sobre tecnología, reestructuración e insolvencia publicado en este sitio.
Los procesos de refinanciación de deuda en grupos industriales suelen presentar intersecciones con la práctica de Derecho societario cuando el plan incluye conversión de deuda en capital, ampliaciones de capital o modificaciones estructurales. Asimismo, la dimensión fiscal del proceso – tratamiento de las quitas, estructuras de consolidación tributaria del grupo, impacto en el Impuesto sobre Sociedades – exige una coordinación estrecha con el área fiscal desde las primeras fases del diseño del plan. En Velarde & Vidal gestionamos ambas vertientes de forma integrada.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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