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Derecho societario y operaciones (M&A)

Inmobiliario y construcción: caso de entrada de un fondo mediante préstamo convertible

Por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societarioActualizado:

El sector inmobiliario y de construcción español atraviesa un momento de recomposición de capital. Los fondos de inversión –tanto nacionales como internacionales– buscan posiciones en compañías promotoras, constructoras y patrimonialistas con potencial de crecimiento, pero con apetito por estructuras que les permitan dosificar el riesgo. El préstamo convertible es, en ese contexto, una de las vías de entrada más utilizadas: combina la posición de acreedor con la opción de convertirse en socio. Quien no comprende sus implicaciones reales puede perder el control de la sociedad sin haber firmado una ampliación de capital.

En breve: La entrada de un fondo mediante préstamo convertible en una empresa del sector inmobiliario o de construcción es una operación de Derecho societario que superpone una relación de crédito con derechos de conversión en capital. Su regulación descansa en la legislación societaria y la normativa mercantil. El pacto de socios y la diligencia debida (due diligence) son los instrumentos que determinan, en la práctica, quién controla la sociedad, en qué condiciones se convierte el préstamo y a qué precio se cierra la operación.

Por qué el sector inmobiliario y de construcción atrae este tipo de estructuras

El inmobiliario y la construcción son sectores intensivos en capital y con ciclos pronunciados. Esa combinación crea oportunidades para fondos que buscan rendimientos superiores a los del mercado de renta fija, pero con mayor control sobre el riesgo que una participación en capital desde el inicio.

En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, las promotoras medianas y las constructoras con cartera de proyectos en curso presentan una pauta recurrente: necesitan liquidez para desarrollar suelo o para financiar la fase de edificación, pero sus socios fundadores no quieren diluirse en una ampliación de capital que no garantiza un precio justo hasta que el proyecto esté más maduro. El préstamo convertible resuelve esa tensión, al menos aparentemente.

El fondo, por su parte, obtiene una posición preferente como acreedor. Si la compañía genera el flujo esperado, convierte y participa en el valor creado. Si la compañía no cumple las condiciones pactadas, el fondo conserva su posición de acreedor y puede activar garantías. Esta asimetría es la que hace tan atractivo el instrumento para el inversor y tan peligroso para el empresario que lo firma sin asesoramiento adecuado.

Según los datos del Registro Mercantil que publica periódicamente el Consejo General del Notariado, el número de operaciones de inversión en sociedades inmobiliarias con instrumentos híbridos de deuda ha crecido de forma sostenida en los últimos ejercicios. El mercado lo confirma: el préstamo convertible ha dejado de ser una figura minoritaria para convertirse en un instrumento de uso frecuente en el sector.

¿Qué es, exactamente, un préstamo convertible y cómo opera en una sociedad de construcción?

Un préstamo convertible es un contrato de financiación en virtud del cual el prestamista –en este caso, el fondo– concede un importe a la sociedad receptora y, en lugar de exigir su devolución en dinero, puede convertir el crédito en participaciones o acciones de esa sociedad. La conversión no es automática: se activa mediante condiciones negociadas en el contrato, denominadas habitualmente hitos de conversión o eventos de conversión.

En el sector inmobiliario, esas condiciones suelen vincularse a hitos del proyecto: obtención de licencias, preventa de un porcentaje de unidades, visado técnico del proyecto básico o aprobación del plan parcial. El fondo no convierte hasta que el proyecto demuestra viabilidad. Si el hito no se alcanza en plazo, el préstamo vence y la sociedad debe devolver el principal más los intereses pactados. Esa es la presión real sobre el empresario.

La valoración de la sociedad en el momento de la conversión es el punto más delicado. Puede fijarse de tres formas: un valor predeterminado en el contrato, un descuento sobre la valoración de la siguiente ronda de financiación, o una valoración calculada mediante un mecanismo de ajuste. En nuestra práctica, la segunda opción –el descuento sobre ronda futura– es la más frecuente en operaciones de promotoras medianas, y también la que genera más conflictos cuando la ronda no se produce o se produce en condiciones que el fundador no anticipaba.

Marco societario aplicable: lo que la legislación española exige a la empresa

La Ley de Sociedades de Capital regula la emisión de obligaciones convertibles y los requisitos formales para la conversión. Sin entrar en artículos concretos, el esquema es el siguiente: la sociedad debe contar con una autorización específica de la junta general para emitir instrumentos que puedan derivar en ampliación de capital. En el caso de la sociedad limitada –la forma habitual de la promotora mediana en España–, la junta debe aprobar expresamente la operación y fijar las condiciones de conversión.

El depósito de cuentas en el Registro Mercantil es un requisito previo que el fondo siempre verifica. Una sociedad con cuentas no depositadas genera una señal de alarma inmediata durante la diligencia debida y puede bloquear la operación o deteriorar la valoración. En nuestra experiencia, este es uno de los primeros errores que detectamos en las empresas que llegan a nosotros una vez iniciada la negociación con el fondo.

La normativa societaria exige también que la conversión no vulnere el derecho de suscripción preferente de los socios existentes, salvo que la junta lo excluya expresamente. Este punto es crítico: si los socios actuales no comprenden que están renunciando a un derecho, pueden impugnar la operación posteriormente. El plazo para impugnar acuerdos sociales caduca, con carácter general, en un año, salvo que el acuerdo sea contrario al orden público, en cuyo caso la acción no caduca. Una impugnación tardía, aunque fallida, genera incertidumbre que puede paralizar el proyecto durante meses.

La normativa de inversión extranjera impone, en determinados supuestos, un régimen de autorización previa cuando el inversor procede de fuera de la Unión Europea o cuando la operación afecta a sectores calificados como estratégicos. El sector inmobiliario no está genéricamente excluido, pero conviene verificar si la tipología del activo –suelo industrial, infraestructuras, determinadas zonas costeras– activa los mecanismos de control de inversiones extranjeras directas. El Apéndice normativo de referencia es el régimen de control de inversiones extranjeras directas, cuya aplicación conviene analizar caso a caso.

¿Qué decisiones y plazos críticos debe gestionar la dirección antes de firmar?

La dirección de la empresa enfrenta una secuencia de decisiones que, si no se gestionan en el orden correcto, generan costes significativos o pérdida irreversible de posición. El error más habitual que hemos observado en operaciones de este tipo es invertir el orden: negociar los términos económicos antes de ordenar la estructura societaria.

La primera decisión es la estructural. ¿Recibe el préstamo convertible la sociedad operativa o una sociedad holding creada para la operación? La respuesta tiene implicaciones fiscales, de responsabilidad y de control que no son menores. En sectores como el inmobiliario, donde la promotora suele tener activos vinculados a proyectos concretos, la interposición de una sociedad holding permite aislar el riesgo y facilita la salida del fondo en el futuro. Asesoramos con frecuencia a empresas que ya han firmado el préstamo sobre la sociedad operativa y que, al querer reestructurar, descubren que el coste fiscal y mercantil de la reorganización supera ampliamente el ahorro que habrían obtenido si hubieran ordenado la estructura antes.

La segunda decisión es la valoración. La dirección debe tener una valoración propia, fundamentada, antes de sentarse a negociar con el fondo. Sin ella, acepta por defecto la valoración que propone el inversor, que lógicamente maximiza su posición. En el sector inmobiliario, la valoración de la sociedad depende en gran medida del estado del suelo, de las licencias obtenidas y de la preventa comprometida. Todos esos elementos deben documentarse antes de la diligencia debida.

La tercera decisión es el pacto de socios. El pacto de socios es el documento que regula la relación entre el fondo y los socios originarios una vez producida la conversión. Incluye cláusulas de gobierno corporativo –quién nombra consejeros, cómo se toman decisiones reservadas–, cláusulas de liquidez –arrastre, acompañamiento, derecho de adquisición preferente– y cláusulas de protección del inversor –antidilución, ratchet, información periódica–. Sin pacto de socios, o con un pacto deficiente, el fondo puede ejercer derechos que el empresario no previó. Con los estatutos estándar no basta. Esa es la creencia errónea más frecuente y más costosa que encontramos.

En cuanto a los plazos, la junta de socios que aprueba la operación debe convocarse con la antelación mínima que fija la legislación aplicable. La formalización ante notario, la inscripción en el Registro Mercantil y, en su caso, la comunicación a las autoridades de control de inversiones tienen sus propios plazos. La dirección debe prever un calendario realista: las operaciones bien estructuradas en el sector inmobiliario rara vez cierran en menos de ocho semanas desde la firma de la hoja de términos (term sheet).

La diligencia debida en el sector inmobiliario: qué revisa el fondo y qué debe preparar la empresa

La diligencia debida (due diligence) que realiza el fondo en una empresa inmobiliaria o constructora es, por su naturaleza, más compleja que en otros sectores. Los activos son físicos, están sujetos a normativa urbanística de varias administraciones y arrastran contingencias que no siempre afloran en la contabilidad.

El fondo revisará, como mínimo, cuatro grandes áreas. Primera: la titularidad del suelo y la cadena de transmisiones, incluyendo cargas, servidumbres y litigios pendientes. Segunda: el estado urbanístico de los activos –clasificación del suelo, estado de tramitación de los instrumentos de planeamiento, licencias obtenidas o en tramitación–. Tercera: la estructura societaria y los contratos relevantes: contratos con constructoras, contratos de preventa, contratos de financiación bancaria preexistente. Cuarta: las contingencias fiscales y laborales, incluyendo posibles regularizaciones del Impuesto sobre la Renta de no Residentes si hay socios extranjeros o activos afectados por el régimen de las operaciones vinculadas.

En nuestra práctica, las contingencias urbanísticas son las que más sorpresas generan durante la diligencia. Un suelo clasificado como urbanizable no consolidado puede parecer un activo valioso en la contabilidad, pero si el instrumento de planeamiento que lo desarrolla lleva años paralizado en el ayuntamiento, su valor real es muy inferior. El fondo lo detectará. La empresa debe anticiparlo y documentar la situación administrativa de cada activo antes de iniciar el proceso.

El acuerdo de confidencialidad (NDA) debe firmarse antes de abrir el data room. Es un error frecuente compartir documentación sin un NDA vigente y bien redactado: si la operación no cierra, la información sensible sobre el patrimonio inmobiliario de la sociedad queda expuesta. Hemos observado situaciones en las que un fondo que no cerró la operación utilizó la información obtenida para competir directamente en las mismas subastas de suelo.

¿Cómo reduce el asesoramiento temprano el coste y el riesgo de la operación?

La respuesta es clara y la resume bien la experiencia de las operaciones que hemos acompañado: el coste del asesoramiento jurídico en la fase previa a la firma de la term sheet es una fracción del coste de renegociar o litigar una vez que el préstamo convertible está formalizado y el fondo ha ejercido derechos que el empresario no anticipó.

Existen tres momentos en los que el asesoramiento genera valor diferencial. El primero es antes de la negociación: ordenar la estructura, verificar el cumplimiento registral y preparar la documentación que el fondo va a revisar. El segundo es durante la negociación: revisar la term sheet y el contrato de préstamo convertible con un criterio propio, no solo con el del asesor del fondo. El tercero es en el cierre: coordinar la junta de socios, la formalización notarial, el Registro Mercantil y, si procede, las comunicaciones a las autoridades de control de inversiones.

Un empresario del sector de la construcción que llegó a nosotros con una operación ya avanzada describía así la situación: el fondo había redactado una cláusula de antidilución de amplio espectro que, en la práctica, le permitía convertir su préstamo a un precio muy inferior al pactado si la sociedad realizaba cualquier ampliación de capital futura, incluso para socios estratégicos. La renegociación de esa cláusula, una vez firmada la term sheet, tuvo un coste –en tiempo y en concesiones– muy superior al que habría tenido si hubiera sido identificada antes de la firma.

La operación bien asesorada también reduce el riesgo de que la conversión se produzca en condiciones que erosionen la posición del fundador sin que este haya tomado una decisión consciente al respecto. En el sector inmobiliario, donde los ciclos de proyecto pueden durar tres o cuatro años, una cláusula de conversión automática mal redactada puede activarse en el peor momento del ciclo.

Errores frecuentes que hemos identificado en este tipo de operaciones

La primera categoría de errores es la estructural: sociedad receptora inadecuada, falta de holding, activos mezclados con la actividad operativa. La segunda es la documental: cuentas no depositadas, pactos parasociales anteriores no comunicados al fondo, contratos de obra relevantes con condiciones que afectan al valor del activo.

La tercera categoría es la negocial: aceptar una term sheet sin analizarla en detalle porque "es solo orientativa". En nuestra experiencia, los términos de la term sheet –el tipo de interés del préstamo, el mecanismo de valoración, el porcentaje de descuento en la conversión, los derechos de gobernanza reservados al fondo– suelen trasladarse casi literalmente al contrato definitivo. Quien firma la term sheet sin revisarla ha negociado, en realidad, el contrato definitivo.

La cuarta categoría es la fiscal. El préstamo convertible tiene un tratamiento fiscal específico bajo la normativa del Impuesto sobre Sociedades: los intereses son deducibles para la sociedad, pero la conversión puede generar una renta para el prestamista o para la sociedad en función de cómo se instrumente. La interacción con el régimen de operaciones vinculadas –cuando el fondo tiene ya participación en la sociedad antes de la conversión, aunque sea minoritaria– añade complejidad. Conviene que el asesoramiento fiscal forme parte del equipo desde el inicio, no como revisión posterior.

Puede profundizar en los aspectos comparativos de las vías de entrada en compañías inmobiliarias en nuestra comparativa sobre estructuras de gobierno y entrada de socios en el sector inmobiliario y de construcción.

Checklist de cierre: lo que la dirección debe verificar antes de formalizar la operación

Este resumen operativo recoge los puntos de verificación esenciales que la dirección debe confirmar antes de formalizar un préstamo convertible con un fondo en el sector inmobiliario o de construcción.

  • Estructura societaria ordenada: sociedad receptora identificada, holding constituido si procede, estatutos actualizados.
  • Cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, con la formulación realizada dentro de los tres meses desde el cierre del ejercicio y la aprobación por la junta dentro de los seis primeros meses del ejercicio.
  • Pacto de socios negociado y revisado antes de la firma del contrato de préstamo convertible.
  • Diligencia debida interna completada: titularidades, cargas, estado urbanístico de activos, contingencias fiscales y laborales.
  • Acuerdo de confidencialidad (NDA) firmado antes de la apertura del data room.
  • Análisis del régimen de control de inversiones extranjeras directas si el fondo es no comunitario o si los activos pertenecen a categorías sensibles.
  • Análisis fiscal de la operación, incluyendo el tratamiento de los intereses, la conversión y el régimen de operaciones vinculadas.
  • Calendario de junta general y formalización notarial coordinado con el cierre previsto.
  • Verificación de derechos de suscripción preferente de socios actuales y, en su caso, aprobación de la exclusión por la junta.
  • Revisión de la term sheet por asesor propio antes de su firma.

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Preguntas frecuentes

¿Qué implica entrada de un fondo mediante préstamo convertible para una empresa?
Implica que la empresa recibe financiación de un fondo bajo la forma de un préstamo que puede convertirse en capital –participaciones o acciones– si se cumplen determinadas condiciones pactadas. El fondo pasa de ser acreedor a ser socio. Para la empresa, supone aceptar condiciones de gobernanza, información periódica y posibles mecanismos de dilución que deben estar bien regulados en el contrato y en el pacto de socios. En el sector inmobiliario y de construcción, las condiciones de conversión suelen vincularse al estado de los proyectos: licencias, preventa o financiación bancaria.
¿Qué plazos y costes conlleva entrada de un fondo mediante préstamo convertible?
El proceso habitual, desde la firma de la term sheet hasta el cierre formal, no suele resolverse en menos de ocho semanas en operaciones bien estructuradas. El calendario incluye la diligencia debida del fondo, la negociación del contrato y del pacto de socios, la convocatoria y celebración de la junta general de socios, la formalización ante notario y la inscripción en el Registro Mercantil. Si la operación afecta a inversión extranjera directa en sectores sensibles, el plazo puede extenderse por los procedimientos de autorización. En cuanto a costes, dependen de la complejidad de la operación y no deben evaluarse al margen del coste de no asesorarse.
¿Qué riesgos hay que evitar en entrada de un fondo mediante préstamo convertible?
Los principales riesgos son: aceptar un mecanismo de valoración que perjudique al fundador en la conversión; firmar una term sheet sin revisión propia; no regular el derecho de suscripción preferente de los socios actuales; omitir el pacto de socios o redactarlo de forma deficiente; no anticipar las contingencias urbanísticas y fiscales que el fondo detectará en la diligencia debida; y no verificar si el régimen de control de inversiones extranjeras directas es aplicable. En el sector inmobiliario, los activos ocultan complejidades que no afloran en la contabilidad.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en entrada de un fondo mediante préstamo convertible?
Lo antes posible: antes de firmar la term sheet, no después. El asesoramiento previo a la negociación permite ordenar la estructura societaria, preparar la documentación para la diligencia debida y revisar las condiciones del inversor con criterio propio. Una vez firmada la term sheet, la renegociación de condiciones es costosa en tiempo y en concesiones. El asesoramiento temprano no solo reduce el riesgo jurídico: también mejora la posición negociadora de la empresa frente al fondo, que llega a la mesa con su propio equipo asesor.

Análisis elaborado por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societario, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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