El sector inmobiliario y de la construcción convive con una contradicción estructural: necesita plantillas estables para ejecutar proyectos de larga duración y, al mismo tiempo, debe adaptarse a ciclos de actividad que fluctúan con el mercado, la climatología y la disponibilidad de suelo. Elegir entre un contrato indefinido ordinario y un contrato fijo-discontinuo no es una decisión de recursos humanos de segundo orden. Es una decisión jurídica y financiera que condiciona el coste de la plantilla, la exposición a la improcedencia y la capacidad de la empresa para operar con agilidad durante años.
La reforma laboral aprobada en 2021 modificó en profundidad las reglas del juego para la contratación temporal. Su impacto en inmobiliario y construcción ha sido especialmente intenso, porque este sector dependía históricamente de modalidades temporales cuya legitimidad se apoyaba en la causalidad de obra o servicio determinado. Esa figura desapareció como categoría autónoma para las empresas sujetas al Estatuto de los Trabajadores en la regulación general, aunque los convenios colectivos sectoriales de construcción mantienen especificidades que conviene examinar con detenimiento.
El mensaje central de la reforma es claro. La temporalidad debe ser la excepción. El contrato ordinario de trabajo se presume indefinido, y cualquier modalidad temporal exige que la empresa acredite una causa estructural suficiente. Para el sector inmobiliario y de la construcción, esto ha implicado revisar procesos de contratación que funcionaban desde hace décadas sin cuestionamiento.
¿Qué opciones quedan entonces para gestionar la variabilidad de actividad? Básicamente dos: el contrato indefinido ordinario, cuando la necesidad de trabajo es continua aunque el volumen varíe, y el contrato fijo-discontinuo, cuando la actividad tiene un carácter estacional o cíclico que se repite en el tiempo pero no ocupa toda la jornada anual de forma ininterrumpida.
El convenio colectivo general del sector de la construcción contiene previsiones propias sobre contratación que pueden matizar la aplicación del régimen general. Identificar con precisión el convenio aplicable – sectorial, provincial o de empresa – es el primer paso de cualquier análisis riguroso.
El contrato fijo-discontinuo no es un contrato temporal. Es un contrato indefinido de duración indeterminada en el tiempo, pero con una prestación de servicios que no se distribuye de forma continua a lo largo del año. El trabajador forma parte de la plantilla permanente de la empresa, aunque no esté activo en todos los períodos del año.
En construcción e inmobiliario, este contrato encaja en situaciones como las siguientes. Empresas de montaje de estructuras o rehabilitación que ejecutan obras de temporada alta entre primavera y otoño. Promotoras que abren puntos de venta durante las fases de comercialización de una promoción y los cierran al completar las ventas, para reabrir en la siguiente. Empresas de mantenimiento de instalaciones turísticas o comerciales que operan en ciclos marcados por la actividad de sus clientes.
Lo que no admite el fijo-discontinuo es la variabilidad de carga de trabajo dentro de una actividad continua. Una empresa constructora que trabaja doce meses al año pero en algunos meses tiene más obra que en otros no puede usar el fijo-discontinuo para sus peones o encargados de obra: la necesidad es permanente, aunque el ritmo sea irregular. En este caso, el contrato indefinido ordinario es el único instrumento jurídicamente sólido.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, la confusión entre variabilidad de carga y discontinuidad de actividad es la fuente más frecuente de impugnaciones laborales con resultado desfavorable para la empresa.
| Criterio | Contrato indefinido ordinario | Contrato fijo-discontinuo |
|---|---|---|
| Naturaleza de la actividad | Necesidad permanente y continua de trabajo, aunque con volumen variable | Actividad que se repite de forma cíclica o estacional; no ocupa todo el año |
| Encaje en construcción | Plantilla estable de obra, personal técnico y de dirección de proyectos, administración | Personal de obras con marcada estacionalidad, equipos de comercialización de promociones por fases |
| Coste de extinción (improcedencia) | 33 días/año, máximo 24 mensualidades | 33 días/año, máximo 24 mensualidades (misma regla; el tiempo de inactividad computa) |
| Indemnización por extinción procedente (objetivo) | 20 días/año, máximo 12 mensualidades | 20 días/año, máximo 12 mensualidades (misma regla) |
| Plazo para impugnar el despido | 20 días hábiles desde la fecha de efectos | 20 días hábiles desde la fecha de efectos |
| Llamamiento del trabajador | No aplica (el trabajador trabaja de forma continua) | Obligatorio en la forma y plazo que fije el convenio; la falta de llamamiento puede equipararse a un despido |
| Exposición regulatoria si se usa incorrectamente | Baja si la actividad es efectivamente continua | Alta si la actividad es en realidad permanente: el contrato puede declararse indefinido ordinario con retroactividad |
| Flexibilidad operativa | Menor: la extinción requiere causa y procedimiento | Mayor en los períodos de inactividad, pero el trabajador mantiene todos sus derechos durante el período activo |
| Idoneidad por perfil | Técnicos, jefes de obra, personal de gestión, directivos | Operarios de montaje o rehabilitación estacional, equipos de venta de fases de promoción |
| Reversibilidad de la elección | Alta: el convenio o acuerdo puede prever la conversión a fijo-discontinuo con garantías | Baja si el contrato es impugnado: la conversión judicial a indefinido ordinario suele conllevar costes adicionales |
La tabla anterior resume los criterios estructurales. Sin embargo, la decisión correcta en cada empresa depende de la actividad real del puesto, del convenio aplicable y de la historia contractual del trabajador. Dos puestos con el mismo título pueden requerir modalidades distintas si la naturaleza del trabajo difiere.
El llamamiento es la obligación más delicada de gestión en el contrato fijo-discontinuo. La empresa debe comunicar al trabajador su reincorporación con la antelación y en la forma que establezca el convenio colectivo aplicable. Si el convenio no lo regula, rigen las reglas generales de la legislación laboral.
La omisión del llamamiento o un llamamiento realizado fuera de forma puede ser calificado judicialmente como despido tácito. En ese caso, el trabajador dispone de veinte días hábiles para impugnar la falta de llamamiento como despido. Si el juzgado de lo social lo califica como improcedente, la empresa afronta la indemnización de treinta y tres días de salario por año trabajado con el límite de veinticuatro mensualidades.
Hemos observado que muchas empresas de construcción no llevan un registro sistemático de los llamamientos: comunican la vuelta a obra verbalmente o a través del encargado, sin dejar constancia escrita ni acuse de recibo. Este hábito, perfectamente operativo durante años, se convierte en una fuente de litigios cuando la relación laboral se deteriora.
El protocolo mínimo recomendable incluye: comunicación escrita con acuse de recibo, indicación del puesto y la fecha de incorporación, y archivo en el expediente del trabajador. Un proceso sencillo que elimina casi por completo el riesgo de impugnación por falta de forma.
La dirección de una empresa inmobiliaria o constructora enfrenta, a lo largo del ciclo de vida de una promoción o de un ejercicio fiscal, varias decisiones laborales de primer orden. Identificarlas con suficiente antelación es la diferencia entre gestionar el coste y sufrirlo.
El primer momento crítico es la contratación inicial. Elegir la modalidad equivocada en el momento de incorporar al trabajador no es un problema menor que se puede corregir más adelante sin coste. Si la empresa contrata como fijo-discontinuo a alguien cuya actividad es en realidad permanente, el riesgo de que un tribunal declare la relación como indefinida ordinaria crece proporcionalmente con el tiempo de servicio. Y la deuda de derechos que se acumula – cotizaciones, antigüedad, indemnización – puede ser muy relevante.
El segundo momento crítico es la no renovación o el fin de temporada. La empresa que decide no llamar a un fijo-discontinuo para la siguiente campaña debe ser consciente de que esa decisión puede ser impugnada. Si no existe causa suficiente o el procedimiento no es correcto, el coste puede equipararse al de un despido improcedente.
El tercer momento crítico, especialmente relevante en construcción, es la extinción del contrato al finalizar una obra. Desde la eliminación del contrato de obra y servicio como modalidad autónoma, la empresa debe encuadrar correctamente estos ceses. En muchos casos, la extinción procede por causas objetivas que requieren un procedimiento específico. El plazo de veinte días hábiles para que el trabajador impugne el despido comienza desde la fecha de efectos, no desde que la empresa notifica internamente la decisión.
El cuarto momento crítico es la reestructuración de plantilla. Una empresa que encadena varios proyectos y necesita redimensionar su estructura de personal entre proyectos puede estar ante un despido colectivo (ERE) si el número de afectados supera los umbrales legales. Activar un proceso de despido colectivo sin asesoramiento previo, o fragmentarlo para evitar los umbrales, son los dos errores más costosos que podemos señalar en nuestra práctica.
Existe una creencia muy extendida en el sector de que el fijo-discontinuo es una fórmula flexible que permite gestionar la plantilla con comodidad y sin el coste del despido. Esta creencia es, en buena parte, un mito jurídicamente peligroso.
El primer riesgo es la declaración judicial de relación laboral indefinida ordinaria. Si un trabajador contratado como fijo-discontinuo puede acreditar que prestó servicios de forma continua o que la actividad no tenía carácter estacional, el juzgado puede declararle indefinido ordinario con efectos retroactivos. Esto implica reconocer toda la antigüedad desde el inicio de la relación y calcular la indemnización sobre esa base ampliada.
El segundo riesgo es la conversión automática por incumplimiento del llamamiento. La falta de llamamiento oportuno puede no solo dar lugar a una reclamación individual, sino activar una acción colectiva si afecta a varios trabajadores de forma simultánea. En empresas que contratan decenas de fijos-discontinuos para el inicio de obra, un error sistémico en el proceso de llamamiento puede derivar en un conflicto colectivo de gran envergadura.
El tercer riesgo es la acumulación de deuda de cotizaciones. Los períodos de inactividad del fijo-discontinuo tienen una regulación específica en materia de Seguridad Social. Un uso incorrecto del contrato puede generar diferencias de cotización que la Inspección de Trabajo detecta con relativa facilidad en visitas de comprobación rutinarias.
La causa, el procedimiento y la negociación previa son los tres factores que determinan el coste real y la probabilidad de improcedencia en cualquier extinción laboral. Indemnizar sin más no es siempre la vía más segura ni la más barata: una improcedencia declarada judicialmente puede suponer costes adicionales de proceso y honorarios de procuradores que no estaban en el cálculo inicial de la empresa.
Las empresas inmobiliarias de cierto tamaño, y en especial las promotoras con capital extranjero o las constructoras con proyectos internacionales, incorporan con frecuencia directivos de alta dirección y trabajadores en régimen de movilidad internacional. Estas situaciones añaden una capa de complejidad que conviene anticipar.
El personal de alta dirección no está sujeto al Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere al régimen de extinción de contrato. La normativa específica que regula esta relación laboral especial prevé sus propias reglas de indemnización y procedimiento. Incorporar a un director general o a un director de operaciones como trabajador ordinario indefinido – o, peor aún, como fijo-discontinuo – cuando la naturaleza del cargo exige la modalidad especial es un error con consecuencias sustanciales.
Para los trabajadores desplazados a España desde el extranjero, el régimen de impatriados conocido coloquialmente como régimen Beckham permite tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a un tipo del 24 % sobre la base imponible hasta 600.000 euros, con un tipo del 47 % sobre el exceso. El requisito clave es no haber sido residente fiscal en España en los cinco años anteriores al desplazamiento, exigencia que la Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes redujo desde los diez años que se exigían anteriormente. El régimen se aplica durante el año de cambio de residencia y los cinco años siguientes.
Este régimen puede ser relevante para promotoras internacionales que incorporan directivos europeos o de terceros países para liderar operaciones en España. La coordinación entre el contrato laboral o mercantil del directivo, su régimen de Seguridad Social y el tratamiento fiscal debe planificarse antes de la incorporación, no después.
En operaciones con implicaciones fuera de España – por ejemplo, grupos con proyectos simultáneos en España y en otros mercados – coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para asegurar la coherencia de la estructura global.
La pregunta que con mayor frecuencia recibimos de directores de recursos humanos y directores financieros del sector es esta: ¿cuándo es el momento de pedir asesoramiento externo?
La respuesta es siempre la misma. Antes de que el problema exista. No cuando el trabajador ya ha presentado papeleta de conciliación. No cuando la Inspección de Trabajo ha iniciado actuaciones. No cuando el consejo de administración recibe la demanda. El asesoramiento preventivo cuesta una fracción de lo que cuesta resolver un conflicto laboral ya declarado.
Hemos asesorado reestructuraciones, contratación de directivos y movilidad internacional en empresas medianas y grandes del sector inmobiliario y de la construcción. En nuestra experiencia, los casos que generan mayor coste no son los más complejos jurídicamente, sino los más evitables: una modalidad contractual elegida sin análisis previo, un llamamiento realizado sin la forma adecuada, un despido objetivo ejecutado sin seguir el procedimiento correcto.
¿Qué debe hacer concretamente una empresa que está diseñando su modelo de contratación para la próxima campaña de obra o de comercialización?
En primer lugar, auditar los contratos en vigor. Identificar si los contratos fijos-discontinuos existentes responden realmente a actividades con carácter cíclico o estacional, o si encubren necesidades permanentes que deberían haberse cubierto con indefinidos ordinarios. Esta auditoría no solo reduce el riesgo futuro: permite también regularizar situaciones que, si se detectaran por la Inspección de Trabajo, generarían un pasivo mayor.
En segundo lugar, revisar el convenio aplicable. El convenio colectivo sectorial de la construcción, los convenios provinciales y los eventuales convenios de empresa contienen reglas específicas sobre llamamiento, jornada, categorías profesionales y extinción que prevalecen sobre la regulación general cuando son más favorables para el trabajador. Desconocer estas reglas es una fuente recurrente de errores.
En tercer lugar, diseñar protocolos de llamamiento y extinción. Documentar cada llamamiento, dejar constancia del método y del plazo, archivar los acuses de recibo. Para las extinciones al finalizar una fase de actividad, definir el procedimiento correcto según la causa que ampare cada cese.
En cuarto lugar, anticipar los umbrales del despido colectivo. Si la empresa prevé reducciones de plantilla que pueden superar los umbrales legales, conviene planificar con suficiente antelación el proceso de consultas y negociación. Un despido colectivo (ERE) bien ejecutado tiene un coste predecible y negociado. Uno mal gestionado puede derivar en nulidades y reintegros que multiplican el coste inicial.
Por último, integrar la variable laboral en la planificación financiera del proyecto. El coste de personal no es solo el salario bruto más la cotización social. Incluye el coste potencial de extinción, el coste de los procedimientos y, en su caso, el coste de los litigios. Cuantificar este pasivo contingente con criterio jurídico es parte del análisis de viabilidad de cualquier promoción o proyecto de cierta envergadura.
La empresa del sector inmobiliario y de la construcción que supera los umbrales previstos en la legislación laboral está obligada a elaborar y aplicar un plan de igualdad. Esta obligación no es una carga meramente formal: la ausencia de plan de igualdad en una empresa obligada a tenerlo constituye una infracción grave que puede aflorar en cualquier proceso de inspección o en el contexto de un litigio laboral.
Los planes de igualdad deben negociarse con la representación legal de los trabajadores y registrarse en el registro competente. Su contenido mínimo incluye diagnóstico de situación, objetivos, medidas y sistemas de seguimiento. En empresas con alta rotación de plantilla – característica habitual del sector – mantener el plan actualizado requiere un esfuerzo de gestión continua.
Más allá del plan de igualdad, la empresa constructora debe atender otras obligaciones colectivas: registro horario, protocolo de acoso, auditoría retributiva cuando proceda y, en su caso, canal de denuncias conforme a la normativa de protección de denunciantes. La integración de todas estas obligaciones en un sistema de compliance laboral coherente es la forma más eficiente de gestionarlas.
La auditoría laboral como instrumento de diagnóstico permite identificar de forma sistemática todas las áreas de exposición antes de que se materialicen en un conflicto. En nuestra práctica, la recomendamos como punto de partida para cualquier empresa que lleve más de dos años sin revisar sus contratos y procedimientos laborales.
La gestión correcta del modelo de contratación en inmobiliario y construcción tiene implicaciones que van más allá del Derecho laboral. Las decisiones sobre estructura de plantilla afectan al tratamiento fiscal de los costes de personal y, en proyectos con inversión extranjera, a la configuración societaria del vehículo promotor. Nuestro equipo de laboral y movilidad internacional trabaja de forma integrada con las áreas fiscal y societaria para ofrecer un análisis completo que contemple todas las variables.
Si su empresa está diseñando el modelo de contratación para una nueva fase de actividad o revisando una plantilla existente, puede consultar también nuestra guía de contratación de personal en el sector inmobiliario y de la construcción, donde desarrollamos los pasos del proceso desde la clasificación profesional hasta la formalización del contrato.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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