El sector energético español atraviesa una de sus fases de transformación más intensas en décadas. La confluencia de objetivos de descarbonización, la madurez de los proyectos de energía solar y eólica y el interés sostenido de fondos de infraestructura europeos y norteamericanos ha convertido a España en uno de los destinos preferentes de inversión renovable en la Unión Europea. Para las empresas del sector, esto significa algo concreto: las ventanas de oportunidad se abren y se cierran con rapidez. Quien no ha estructurado su sociedad de forma adecuada, quien no ha ordenado sus títulos administrativos o quien no cuenta con un pacto de socios que regule la entrada de nuevos capitales puede ver cómo la operación que llevaba meses negociando se cae por un defecto documental evitable.
Abordar una compraventa o una entrada de capital en una empresa de energías renovables con las mismas herramientas que se aplicarían a una compañía de servicios genérica es uno de los errores más frecuentes que encontramos en nuestra práctica. El error no es catastrófico en el arranque. Se vuelve caro en el momento en que el inversor realiza su diligencia debida.
El sector eléctrico en España está regulado por una legislación sectorial densa que condiciona de forma directa la estructura societaria de los proyectos. Las autorizaciones administrativas, las inscripciones en el Registro Administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, los contratos de acceso y conexión a la red y los regímenes retributivos aplicables son activos intangibles de primer orden. Su titularidad, su transmisibilidad y sus condiciones de mantenimiento constituyen el núcleo de cualquier operación de M&A en el sector.
¿Qué distingue, en la práctica, una transacción energética de una operación industrial convencional? En primer lugar, la dualidad entre el activo físico (el parque solar, el aerogenerador, la instalación) y el activo regulatorio (el permiso de acceso, la autorización de explotación, el contrato de compraventa de energía). Ambos se compran y se venden, pero su transmisión sigue reglas distintas. En segundo lugar, la existencia de financiación de proyecto (project finance) vinculada a la sociedad vehículo condiciona cualquier cambio de control. Los contratos de financiación suelen incluir cláusulas de cambio de control que exigen el consentimiento del prestamista antes de cerrar la operación.
La Ley de Sociedades de Capital ofrece el armazón formal. Pero el contenido real de la operación lo determinan la legislación del sector eléctrico, la normativa de redes y el régimen de inversiones extranjeras. En determinadas operaciones con participantes no comunitarios o que afectan a infraestructuras consideradas estratégicas, el control de inversiones extranjeras directas obliga a obtener autorización administrativa previa. Este es un plazo que no puede ignorarse en el calendario de cierre.
Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios, y la experiencia acumulada nos permite afirmar que el sector energético añade una capa regulatoria que requiere trabajo previo a la fase de negociación, no durante ella.
La mayor parte de los proyectos de energía renovable en España se articula a través de una sociedad de propósito específico – comúnmente denominada sociedad vehículo o special purpose vehicle – constituida bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada. Esta elección tiene implicaciones directas sobre la gobernanza del proyecto, la distribución de riesgos entre socios y la transmisibilidad de las participaciones.
La Ley de Sociedades de Capital permite que el capital de una sociedad de responsabilidad limitada se constituya con una aportación mínima de un euro, si bien la normativa introduce mecanismos de reserva obligatoria hasta alcanzar los tres mil euros de capital efectivo. En la práctica, los proyectos de energía se constituyen con un capital social que refleja las aportaciones reales de los promotores, sin que el mínimo legal sea el referente.
Lo que más condiciona la vida de la sociedad vehículo no es el capital, sino el pacto de socios. El pacto de socios es el instrumento que regula cómo se toman las decisiones estratégicas, en qué condiciones puede entrar un tercero, cómo se valora la sociedad en caso de salida y qué ocurre si uno de los socios incumple sus compromisos. Los estatutos estándar que proporciona cualquier notaría no resuelven ninguna de estas cuestiones. Esta es la creencia errónea que con mayor frecuencia encontramos entre promotores de proyectos renovables que afrontan por primera vez una ronda de inversión o una desinversión parcial.
En operaciones de energía, el pacto de socios debe contemplar, como mínimo: las mayorías reforzadas para decisiones sobre el activo principal (cesión de la autorización, modificación del contrato de compraventa de energía, refinanciación), los derechos de adquisición preferente y de arrastre (drag-along y tag-along), los mecanismos de valoración en caso de desacuerdo entre socios, y las restricciones de transferencia vinculadas a las obligaciones de la financiación de proyecto.
¿Cuándo conviene estructurar este pacto? La respuesta es inequívoca: antes de la primera ronda de inversión, no después. Un promotor que ha desarrollado el proyecto desde cero durante dos o tres años sin un pacto escrito se encuentra, en el momento de la entrada del inversor, en una posición negociadora debilitada. El inversor llegará con su propia versión del pacto, diseñada para proteger sus intereses.
La diligencia debida (due diligence) en energía y renovables tiene un perfil diferencial respecto a otros sectores. El inversor – ya sea un fondo de infraestructura, una empresa de utilities o un family office con mandato de activos reales – no solo examina los estados financieros. Revisa la cadena de titularidades del activo regulatorio desde su origen.
En nuestra experiencia asesorando a compradores y vendedores en este sector, los focos de riesgo más frecuentes en la diligencia son los siguientes. Primero, la correcta inscripción de la instalación en el registro administrativo correspondiente y la titularidad actualizada de la autorización de explotación. Segundo, la validez y vigencia del contrato de acceso y conexión a la red de transporte o distribución, así como cualquier condición suspensiva pendiente de cumplimiento. Tercero, el historial de incumplimientos con la administración competente: retrasos en la puesta en servicio, modificaciones de la instalación no comunicadas o condiciones del permiso ambiental no satisfechas. Cuarto, la estructura de la financiación: importe vivo, covenants relevantes y cláusulas de cambio de control.
El hallazgo de cualquiera de estos problemas durante la diligencia tiene un impacto directo sobre el precio. El comprador solicitará un ajuste de precio, una retención en garantía (escrow) o, en los casos más graves, condicionará el cierre a la subsanación previa de la contingencia. Cuando el vendedor no ha realizado una diligencia propia (vendor due diligence) antes de lanzar el proceso, la negociación de estas contingencias se desarrolla bajo presión y en condiciones desfavorables.
La diligencia debida que el comprador encarga a su asesor es, en definitiva, un ejercicio de valoración del riesgo regulatorio y contractual. El precio que se paga por un activo renovable refleja en gran medida la calidad y la firmeza de su situación jurídica y administrativa.
Una de las particularidades de las transacciones en el sector renovable es la complejidad de la determinación del precio de compra. Existen dos grandes modalidades: el precio cerrado (locked-box) y el precio ajustable con mecanismo de ajuste post-cierre (closing accounts). La elección entre una y otra no es neutra: tiene implicaciones sobre el riesgo que asume cada parte y sobre el momento en que se reconocen los flujos de caja del proyecto.
En operaciones de activos en construcción o en fase de desarrollo, es habitual que el precio incluya componentes variables ligados al cumplimiento de hitos regulatorios o de construcción (condiciones suspensivas o resolutorias, pagos diferidos, earn-outs). La redacción de estas cláusulas exige precisión técnica. Un earn-out mal redactado puede convertirse en una fuente de litigios años después del cierre.
Las garantías y declaraciones (representations and warranties) que el vendedor otorga al comprador constituyen otro elemento central. En operaciones de energía, las garantías más relevantes se refieren a la titularidad y vigencia de las autorizaciones, la inexistencia de cargas o gravámenes no comunicados, la ausencia de litigios pendientes relacionados con el proyecto y la veracidad de los modelos financieros aportados. La duración de estas garantías, los límites cuantitativos de responsabilidad y los mecanismos de reclamación deben negociarse con cuidado.
En los últimos años, las operaciones de mayor tamaño en el mercado español han incorporado el seguro de garantías (warranty and indemnity insurance, conocido comúnmente como W&I), que transfiere el riesgo de incumplimiento de las garantías a una aseguradora. Este instrumento ha reducido la fricción en el cierre de operaciones al eliminar la necesidad de retenciones elevadas en garantía. Su uso se ha extendido también a operaciones de tamaño medio en el sector renovable.
Para el vendedor, estructurar bien estos mecanismos antes de iniciar el proceso de venta es una decisión de valor. Un proceso que arranca con una documentación ordenada, una situación regulatoria saneada y un pacto de socios que no introduce restricciones inesperadas a la transmisión se cierra más rápido, con menos ajustes de precio y con menor exposición residual.
La entrada de nuevos socios en una sociedad vehículo energética exige revisar no solo el pacto, sino también los estatutos y el reglamento de funcionamiento del órgano de administración. Los proyectos renovables con varios socios institucionales y un promotor originario conviven frecuentemente en una estructura donde los equilibrios de poder están formalmente establecidos pero informalmente contestados.
La junta general de la sociedad es el foro donde se aprueban las decisiones que afectan al activo del proyecto. La formulación y el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a la aprobación por la junta constituye una obligación formal cuyo incumplimiento genera responsabilidades para los administradores y señales negativas en el mercado. En operaciones de venta, un historial de depósitos irregulares es uno de los primeros elementos que el comprador verifica.
Las cuentas deben ser formuladas por el órgano de administración en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio, y aprobadas por la junta dentro de los seis primeros meses del ejercicio social. En proyectos con financiación bancaria, el cumplimiento de estos plazos es también un covenant financiero. La tensión entre el calendario societario y el calendario de la financiación es un punto de fricción recurrente en la gestión ordinaria de estas sociedades.
Un consejo de administración – o un administrador único bien instruido – que conoce sus obligaciones formales y las cumple con rigor ofrece al inversor una señal de calidad de gestión que, en la práctica, acelera los procesos de diligencia y reduce los descuentos de precio por riesgo operativo.
El mercado renovable español ha madurado hasta el punto en que las operaciones de adquisición de proyectos individuales conviven con estructuras más complejas: plataformas de activos, joint ventures entre promotores y fondos, y alianzas estratégicas para el desarrollo conjunto de carteras de proyectos.
Una joint venture en energía es, en esencia, un problema de gobernanza compartida aplicado a un activo con alta intensidad regulatoria. Los socios de una joint venture deben acordar, antes de la constitución, cómo se toman las decisiones sobre el desarrollo del proyecto, cómo se financia cada fase, qué ocurre si uno de los socios no puede o no quiere continuar y en qué condiciones puede un tercero adquirir la posición de cualquiera de ellos.
La estructura holding se utiliza con frecuencia para agregar proyectos renovables bajo un único vehículo de inversión, ya sea para facilitar la financiación corporativa o para permitir desinversiones parciales sin necesidad de deshacer cada proyecto individualmente. La sociedad holding introduce una capa adicional de complejidad en la gobernanza, en la transmisión de acciones y en el tratamiento fiscal de los dividendos y las plusvalías. La coordinación entre el derecho societario y la normativa tributaria en estas estructuras es indispensable para que el diseño sea eficiente.
Hemos observado, en nuestra experiencia asesorando a empresas en España, que las estructuras holding en el sector renovable que se diseñan sin previsión fiscal de salida generan fricciones considerables en el momento de la desinversión. La corrección posterior de estas estructuras es posible, pero suele ser más costosa en tiempo y recursos que el diseño correcto desde el principio.
España recibe con regularidad inversión extranjera directa en proyectos de energía renovable procedente de fondos de infraestructura domiciliados en el Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Norteamérica, entre otros. Esta realidad introduce una dimensión transfronteriza que afecta tanto a la estructura de la operación como a su calendario.
El régimen de control de inversiones extranjeras directas establece, para determinadas operaciones que afectan a infraestructuras energéticas consideradas estratégicas, un mecanismo de autorización previa. La calificación de un activo renovable como infraestructura crítica o estratégica depende de criterios que conviene verificar caso a caso antes de diseñar el calendario de cierre. Arrancar un proceso de venta sin haber evaluado si la operación está sujeta a este régimen puede suponer un retraso significativo.
Cuando el inversor es una entidad no comunitaria, el análisis del régimen de control de inversiones debe realizarse en una fase temprana del proceso, idealmente en la fase de preparación del proceso de venta, antes de la firma de la hoja de términos (term sheet). La hoja de términos y el eventual acuerdo de confidencialidad (NDA) son los instrumentos que vertebran la fase preliminar de cualquier operación de M&A, y su redacción define ya las reglas del proceso.
Para operaciones que requieren coordinación con marcos jurídicos extranjeros, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente, de modo que el cliente cuenta con un punto de referencia único en España y con interlocutores especializados en cada plaza relevante.
¿Qué ventaja comparativa ofrece España para el inversor extranjero en renovables? Un mercado de activos con profundidad, un marco regulatorio maduro aunque exigente, y un sistema judicial y arbitral con experiencia en disputas de energía. El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) es la institución de referencia para la resolución de disputas en operaciones de inversión energética en España. Incorporar una cláusula de arbitraje en los contratos de joint venture y en los pactos de socios es una práctica habitual en operaciones con participantes internacionales.
El riesgo regulatorio en el sector energético no es abstracto. Se materializa en contingencias concretas que, si no se identifican y gestionan antes del cierre, se trasladan al comprador o generan reclamaciones post-cierre.
Los riesgos más frecuentes que identificamos en operaciones de M&A energético son los siguientes. En primer lugar, la caducidad o el riesgo de caducidad de permisos de acceso y conexión a la red por incumplimiento de los plazos de desarrollo fijados por la administración. Este es un riesgo que puede haberse materializado o estar a punto de materializarse en el momento de la venta. En segundo lugar, la existencia de procedimientos administrativos sancionadores abiertos por la administración competente, relacionados con la instalación o con el incumplimiento de condiciones del permiso ambiental. En tercer lugar, la existencia de impugnaciones de terceros – propietarios de terrenos colindantes, comunidades de propietarios, administraciones locales – sobre alguno de los títulos habilitantes del proyecto.
La acción de impugnación de acuerdos sociales adoptados en la junta general tiene un plazo de caducidad que la normativa societaria fija con carácter general en un año, salvo que el acuerdo sea contrario al orden público, en cuyo caso no caduca. En proyectos que han pasado por fases de reorganización societaria, este es un punto que la diligencia del comprador revisará con atención.
La gestión proactiva de estos riesgos – mediante una diligencia vendedora, la regularización de situaciones administrativas pendientes y la preparación de un cuaderno de venta (information memorandum) que refleje fielmente el estado del activo – es la decisión de mayor impacto sobre el resultado final de la operación. En nuestra experiencia, la diferencia entre una operación que se cierra en el plazo previsto y a un precio satisfactorio y una que se arrastra durante meses en renegociaciones no suele estar en el mercado: está en la calidad de la preparación.
Si su empresa está evaluando una operación de compraventa, entrada de capital o reorganización en el sector energético, esta es la fase en la que el asesoramiento añade más valor. Escríbanos a info@velardevidal.com y le ayudamos a comparar la vía más adecuada para su situación.
El siguiente checklist sintetiza los aspectos que, en nuestra práctica, una empresa del sector energético debe tener ordenados antes de iniciar cualquier proceso de inversión, desinversión o reorganización societaria.
Este checklist no es exhaustivo. Cada operación tiene su propia casuística. Pero recorrerlo sistemáticamente antes de lanzar un proceso de M&A elimina las sorpresas más costosas.
Las operaciones societarias en el sector energético tienen implicaciones que van más allá del Derecho de sociedades. La dimensión fiscal – tanto en el diseño de la estructura como en el cierre de la operación – es indisociable del asesoramiento societario. Nuestro equipo de Fiscal y tributario trabaja de forma integrada con el equipo de Derecho societario y operaciones (M&A) para que el cliente no reciba consejos contradictorios de asesores distintos.
Del mismo modo, las operaciones con componente tecnológico o con activos de datos relevantes – cada vez más frecuentes en proyectos de energía que incorporan plataformas de gestión digital o soluciones de almacenamiento inteligente – requieren asesoramiento en materia de propiedad intelectual y protección de datos. Puede encontrar una perspectiva comparable a este dosier aplicada al sector tecnológico y financiero en nuestro dosier sobre Derecho societario y M&A en el sector fintech.
Para quienes deseen profundizar en la dimensión de gobernanza corporativa, recomendamos también nuestro análisis sobre el papel del secretario del consejo de administración, figura clave en la documentación y la formalización de las decisiones societarias de los proyectos energéticos.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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