La entrada de un fondo de inversión en el capital de una empresa es una de las operaciones con mayor potencial transformador para su crecimiento. También es una de las operaciones en las que los errores cometidos en las primeras fases resultan más difíciles y costosos de revertir. El momento en que un empresario recibe una propuesta de inversión no es el momento de improvisar: es el momento en que cada decisión que se toma sienta las bases del control futuro de la compañía.
La creencia más frecuente que encontramos en la práctica es que, una vez los fundadores y el fondo se han puesto de acuerdo en la valoración, lo demás es papeleo. Esa creencia es errónea y, en nuestra experiencia, es la que más caro sale.
La valoración determina cuánto vale hoy la empresa. El acuerdo de inversión determina quién la controlará mañana. Son dos conversaciones distintas y la segunda es, con frecuencia, la más importante.
Un fondo de capital riesgo o de capital privado no solo aporta dinero. Aporta también un conjunto de derechos – derechos de veto, derechos de información, derechos preferentes de liquidación, cláusulas de arrastre (drag-along) y de acompañamiento (tag-along) – que reconfiguran la distribución de poder dentro de la sociedad. Si la empresa no cuenta con un abogado societario especializado en operaciones de M&A que negocie estos términos con la misma rigurosidad con la que el fondo ha preparado su propuesta, la asimetría de información se traducirá en asimetría de derechos.
En nuestra práctica hemos observado que los fundadores que más valoran el asesoramiento temprano no son los que han leído más sobre capital riesgo: son los que han vivido una negociación anterior sin él.
El proceso de inversión comienza, habitualmente, con una hoja de términos (term sheet). Este documento resume las condiciones principales de la operación: valoración premoney, importe a invertir, tipo de instrumento (participaciones ordinarias, participaciones preferentes, deuda convertible), estructura de la ronda y condiciones suspensivas.
La hoja de términos tiene, con carácter general, naturaleza no vinculante en sus condiciones económicas. Sin embargo, dos de sus cláusulas suelen ser vinculantes desde el primer momento: la de exclusividad – que impide a la empresa negociar con otros inversores durante un período determinado – y la de confidencialidad.
Esto significa que, en la práctica, el margen de negociación del empresario se estrecha sensiblemente una vez que firma la hoja de términos. Por ello, es imprescindible revisar este documento con detenimiento antes de suscribirlo. No todas las hojas de términos son iguales. Hay fondos que utilizan modelos agresivos en materia de derechos de liquidación preferente o de anti-dilución; hay otros que ofrecen condiciones más equilibradas. La revisión de la hoja de términos es el primer acto de asesoramiento estratégico, y es el que mayor impacto tiene en el resultado final de la operación.
Si quiere entender en detalle las cláusulas más relevantes de este documento, le recomendamos consultar nuestra guía sobre cómo negociar una hoja de términos, donde analizamos cada elemento desde la perspectiva del empresario.
Una vez firmada la hoja de términos, el fondo iniciará el proceso de diligencia debida (due diligence). Este proceso tiene por objeto que el inversor verifique que la empresa es exactamente lo que parece: que sus contratos están vigentes, que su propiedad intelectual está correctamente registrada, que sus relaciones laborales son regulares y que no existe ningún pasivo contingente que no haya aflorado en las conversaciones previas.
La diligencia debida abarca, como mínimo, cuatro áreas: mercantil y societaria, fiscal, laboral y de propiedad intelectual. En función del sector y del tamaño de la operación, puede extenderse también a la revisión de contratos de clientes y proveedores, a la situación regulatoria de la empresa y a sus obligaciones en materia de protección de datos.
Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios, y en todas ellas la due diligence ha revelado algún elemento que requería corrección o explicación antes del cierre.
Lo que muchos empresarios no consideran es que la due diligence no solo protege al fondo: también protege al vendedor o al promotor. Un proceso de diligencia bien gestionado con apoyo jurídico propio permite a la empresa controlar el flujo de información, identificar con antelación los puntos débiles que el fondo va a explotar en la negociación de garantías y, en consecuencia, preparar respuestas y soluciones antes de que se conviertan en obstáculos.
El pacto de socios y la due diligence son los dos instrumentos que determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación. Ninguno de los dos es opcional.
El acuerdo de inversión – también llamado contrato de inversión o shareholders' agreement en su versión anglosajona – es el documento que, junto con los estatutos sociales modificados, regula la relación entre la empresa, sus fundadores y el fondo. Sus cláusulas más relevantes son las siguientes.
Los fondos suelen exigir participaciones preferentes o, en su defecto, derechos preferentes de liquidación sobre las participaciones ordinarias. Esto significa que, en caso de venta de la empresa o de liquidación, el fondo recupera su inversión – y, en algunos modelos, un rendimiento mínimo – antes de que los fundadores reciban nada. La estructura de estos derechos puede ser no participativa – el fondo recupera su inversión y no comparte en el reparto adicional – o participativa – el fondo recupera su inversión y además participa en el reparto del excedente como si fuera un socio ordinario.
La diferencia entre ambas estructuras puede ser, en términos económicos para el fundador, muy significativa. Es una de las negociaciones más técnicas de toda la operación.
El fondo exigirá derechos de información periódica: cuentas mensuales o trimestrales, acceso al plan de negocio actualizado, notificación de eventos relevantes. También exigirá, habitualmente, un puesto en el consejo de administración o, como mínimo, derechos de asistencia y voz sin voto.
Los derechos de veto sobre determinadas decisiones son otra pieza central del gobierno corporativo que el fondo negociará. Estas decisiones vetables incluyen, con frecuencia, la aprobación del presupuesto anual, la realización de nuevas rondas de financiación, la contratación o destitución de directivos clave, la modificación de los estatutos y la venta de activos significativos. El alcance de estos vetos determina, en la práctica, el grado de autonomía operativa que conservará la dirección de la empresa.
Si la empresa realiza una ronda de financiación posterior a una valoración inferior a la de la ronda actual (lo que se conoce como down round), el fondo querrá proteger el valor de su participación mediante cláusulas de anti-dilución. Existen dos modalidades principales: full ratchet – que ajusta la participación del fondo como si hubiera invertido al precio más bajo – y weighted average – que pondera la dilución en función del volumen de la nueva ronda. La segunda es, para el fundador, sensiblemente menos penalizadora que la primera.
La cláusula de arrastre (drag-along) permite al fondo obligar a los demás socios – incluidos los fundadores – a vender sus participaciones a un tercero comprador si el fondo decide aceptar la oferta. La cláusula de acompañamiento (tag-along) protege a los socios minoritarios: si el fondo vende sus participaciones, los fundadores tienen derecho a vender las suyas en las mismas condiciones.
Ambas cláusulas son habituales y razonables. Lo que exige negociación es su configuración: los umbrales de mayoría necesarios para activar el drag-along, el precio mínimo garantizado y el perímetro de socios afectados.
El fondo querrá mantener su porcentaje de participación en rondas futuras. Para ello exigirá derechos de suscripción preferente (pro-rata rights) que le permitan participar en nuevas ampliaciones de capital antes de que se ofrezcan a terceros. En algunas operaciones, el fondo también negocia derechos de acompañamiento en rondas futuras (follow-on rights) que le permiten invertir más allá de su porcentaje.
Una confusión habitual es pensar que los estatutos sociales regulan adecuadamente la relación entre socios. Los estatutos son un documento público, inscrito en el Registro Mercantil, y su contenido está limitado por lo que la legislación societaria permite elevar a rango estatutario. El pacto de socios es un contrato privado, no inscrito, que puede regular con mucho mayor detalle y flexibilidad las obligaciones de los socios entre sí.
El pacto de socios puede establecer compromisos de permanencia (lock-up) de los fundadores, objetivos de negocio vinculados a la remuneración de los directivos socios (ratchets de gestión), procedimientos para la resolución de conflictos entre socios e, incluso, escenarios de compra forzosa (buy-sell, shotgun clauses) para cuando la relación entre socios se deteriora irreparablemente.
Los estatutos estándar no regulan nada de esto. La creencia de que los estatutos estándar bastan para regular la relación entre socios es, precisamente, el mito más peligroso en una operación de inversión. Un pacto de socios bien redactado es la primera línea de defensa del fundador frente a un fondo con más experiencia negociadora.
Para profundizar en las cláusulas más relevantes en operaciones con fondos de capital riesgo y capital privado, puede consultar nuestro análisis sobre startups y venture capital: cláusulas clave, donde abordamos estas estructuras con mayor detalle técnico.
Una vez concluida la due diligence y negociadas las principales condiciones del acuerdo, llega la fase de redacción y negociación de la documentación definitiva. Esta documentación incluye, habitualmente: el contrato de compraventa o suscripción de participaciones, la modificación de estatutos sociales, el pacto de socios, y los contratos de gestión o de servicios de los fundadores si estos tienen una vinculación contractual con la empresa diferente a la puramente societaria.
La firma del acuerdo definitivo es el cierre de la operación. Se realiza, habitualmente, en una única jornada en la que se eleva a escritura pública la ampliación de capital o la compraventa, se modifica la escritura de constitución de la sociedad para incorporar los nuevos estatutos y se firma el pacto de socios en documento privado.
El período entre la firma de la hoja de términos y el cierre varía en función de la complejidad de la operación y de la celeridad con que se realice la due diligence. En nuestra experiencia, una operación de inversión en una empresa mediana con una due diligence completa rara vez se cierra en menos de ocho semanas, y es habitual que el proceso se extienda durante tres o cuatro meses.
Esta es también la razón por la que el asesoramiento temprano reduce el coste total de la operación: una empresa que llega a la negociación del acuerdo definitivo con su posición claramente definida, con los puntos débiles de su due diligence ya identificados y con los límites de negociación establecidos, cierra antes y con menos horas de asesoramiento acumuladas que una empresa que improvisa en cada fase.
El cierre no es el final del proceso jurídico: es el inicio de una relación societaria regulada por el acuerdo de inversión y el pacto de socios. Las obligaciones postinversión más relevantes para la empresa son las siguientes.
En primer lugar, las obligaciones de información periódica al fondo: entrega de cuentas mensuales o trimestrales, convocatoria de reuniones del consejo en los plazos pactados y notificación inmediata de eventos relevantes – litigios, pérdidas significativas, cambios en el equipo directivo.
En segundo lugar, el cumplimiento de las restricciones a la transmisión de participaciones. Los fundadores estarán habitualmente sujetos a períodos de lock-up durante los cuales no podrán vender sus participaciones, y a derechos de adquisición preferente del fondo si desean transmitirlas después de ese período.
En tercer lugar, las obligaciones de gestión vinculadas al plan de negocio. Algunos acuerdos de inversión incluyen hitos de crecimiento o de rentabilidad cuyo incumplimiento activa mecanismos de reajuste en la participación del fondo o en los derechos de voto de los fundadores.
Por último, la sociedad holding. En muchas operaciones de inversión, especialmente cuando participan fondos de capital privado, se estructura la inversión a través de una sociedad holding que actúa como vehículo de control. Esta estructura tiene implicaciones fiscales y de gobierno corporativo que conviene analizar con antelación, tanto desde la perspectiva de la compraventa de empresa como desde la del régimen fiscal aplicable a los dividendos y plusvalías.
La gestión jurídica de la relación postinversión es tan importante como la negociación del acuerdo inicial. Hemos observado con frecuencia que los conflictos entre socios no surgen en el momento del cierre, sino meses después, cuando alguna de las partes interpreta de forma diferente una cláusula del pacto o cuando las circunstancias del negocio se alejan de lo previsto en el plan de negocio. Un pacto de socios bien redactado, con mecanismos de resolución de conflictos claros, es la mejor prevención frente a estos escenarios.
En nuestra práctica asesorando a empresas en operaciones de inversión, hemos identificado un conjunto de errores recurrentes que conviene anticipar.
El primero es negociar la valoración antes de tener asesoramiento jurídico. La valoración y la estructura de la operación son negociaciones interdependientes: aceptar una valoración sin conocer los derechos preferentes de liquidación que irán asociados a ella puede resultar en que el fundador reciba, en el escenario de salida, una cantidad sensiblemente inferior a la que el titular de las participaciones ordinarias esperaría.
El segundo es firmar la hoja de términos sin revisarla. Como se ha indicado, la cláusula de exclusividad y la de confidencialidad son vinculantes desde el primer momento. Una hoja de términos firmada sin revisión puede contener condiciones que luego resultan difíciles de modificar en la negociación del acuerdo definitivo, porque el fondo argumentará que ya fueron aceptadas.
El tercero es no preparar la due diligence con antelación. Una empresa que no ha hecho un ejercicio de autodiagnosis antes de la due diligence del fondo llegará a esa fase con sorpresas desagradables: contratos mal formalizados, propiedad intelectual sin registrar, relaciones laborales irregulares o contingencias fiscales no provisionadas. Cada una de estas incidencias se traducirá, en la negociación, en una reducción del precio o en garantías más gravosas para los fundadores.
El cuarto es confiar en que el fondo redactará un pacto de socios equilibrado. El fondo tiene abogados especializados que redactan pactos de socios con regularidad. El empresario que no cuenta con asesoramiento propio está, en la práctica, aceptando el pacto que el fondo ha diseñado para proteger sus propios intereses.
El quinto es no pensar en la salida desde el principio. El momento de negociar las condiciones de salida – el precio mínimo de arrastre, los plazos de liquidez, los derechos de venta preferente – es el momento de la inversión, no cuando el fondo decide que ha llegado la hora de desinvertir. Un empresario que no ha negociado estos términos desde el inicio puede encontrarse en una posición muy vulnerable cuando el fondo decide ejercer sus derechos de salida.
A continuación recogemos los hitos críticos del proceso, ordenados por fase.
La firma de un acuerdo de inversión es una operación en la que confluyen el Derecho societario, la fiscalidad de las operaciones de M&A y, en muchos casos, la normativa de protección de datos cuando el fondo revisa los activos digitales de la empresa. En Velarde & Vidal asesoramos estas operaciones de forma coordinada entre nuestras prácticas de Derecho societario y operaciones (M&A), fiscal y protección de datos, de modo que la empresa dispone de un equipo integrado durante todo el proceso. Si la operación incluye activos de propiedad intelectual o tecnología, nuestra práctica especializada en propiedad intelectual y tecnología puede incorporarse al equipo desde la fase de due diligence.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.