El sector energético y de renovables vive en España una fase de consolidación sin precedentes. Los proyectos de generación solar, eólica y de almacenamiento atraen capital nacional e internacional, y la vía preferida para ordenar ese crecimiento es la fusión de sociedades. Quien no estructura correctamente la operación pierde el control sobre la valoración, los plazos regulatorios y la distribución de riesgos entre los socios.
Una fusión entre dos sociedades industriales ordinarias y una fusión entre promotoras de parques eólicos no son operaciones equivalentes desde el punto de vista jurídico. Esa diferencia es, en nuestra experiencia, la fuente más frecuente de sorpresas desagradables para el equipo directivo.
El sector de energía y renovables presenta tres características que condicionan toda operación de M&A. Primera: los activos nucleares son las autorizaciones administrativas – concesiones, permisos de acceso y conexión a la red, puntos de acceso otorgados por el operador del sistema. Segunda: la normativa sectorial puede exigir comunicación o aprobación previa ante los organismos reguladores competentes. Tercera: los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) incorporan cláusulas de cambio de control que, si no se identifican en la diligencia debida, pueden resolverse automáticamente con la fusión.
¿Significa eso que una fusión en renovables es más arriesgada? No necesariamente. Significa que es diferente, y que el equipo asesor debe conocer esas especificidades antes de redactar el primer borrador del proyecto de fusión.
Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios, y la constante que observamos es que cuanto antes se estructura el proceso, menor es el coste de transacción y mayor la certidumbre para todas las partes.
La legislación societaria española contempla dos modalidades principales: la fusión por absorción y la fusión por creación de nueva sociedad. Existe también la fusión inversa, de uso frecuente en operaciones de M&A con estructuras de vehículo de adquisición, y la fusión transfronteriza dentro del espacio europeo, regulada por la normativa comunitaria traspuesta al ordenamiento español.
En el sector energético, la fusión por absorción es la fórmula más utilizada. La razón es práctica: permite que la sociedad absorbente mantenga su historial regulatorio, sus autorizaciones administrativas y sus contratos de red, absorbiendo la sociedad objetivo con todos sus activos y pasivos.
La creación de nueva sociedad es más adecuada cuando ninguno de los dos grupos fusionados tiene una posición regulatoria claramente superior y se quiere construir una entidad nueva sin lastre de expedientes sancionadores o de pasivos contingentes no cuantificados.
La elección de modalidad tiene consecuencias fiscales, registrales y regulatorias que conviene analizar antes de comprometerse con ningún esquema. El régimen fiscal de neutralidad aplicable a las fusiones –contemplado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades– requiere que la operación esté económicamente justificada y no se realice con la finalidad principal de obtener una ventaja fiscal. Este análisis debe hacerse desde el inicio, no una vez firmado el proyecto de fusión.
La diligencia debida (due diligence) en una operación de fusión en el sector energético no se limita a revisar los estados financieros auditados y los contratos mercantiles. Tiene tres dimensiones adicionales que son propias del sector.
Revisión de autorizaciones administrativas. Cada instalación de generación requiere una cadena de autorizaciones que puede incluir la autorización de instalación, la autorización de explotación y los permisos de acceso y conexión. La fusión puede requerir notificación o novación de esas autorizaciones ante la administración competente. Si la operación cierra sin haberlo verificado, la sociedad resultante puede encontrarse operando sin cobertura administrativa válida.
Análisis de cláusulas de cambio de control. Los contratos PPA, los acuerdos de financiación de proyecto (project finance) y muchos contratos de arrendamiento de terrenos incorporan cláusulas que otorgan al acreedor o a la contraparte el derecho a resolver o renegociar el contrato cuando cambia el control de la sociedad. En una fusión, el cambio de control se produce de forma automática. Identificar esas cláusulas y negociar los waivers correspondientes antes del cierre es una tarea de la fase de diligencia debida, no de la fase post-cierre.
Pasivos medioambientales y regulatorios. Las instalaciones energéticas, en especial las que tienen componente de almacenamiento o las que operan en suelo con uso previo industrial, pueden arrastrar contingencias medioambientales que no figuran en el balance. Una revisión de los expedientes administrativos y de las actas de inspección forma parte de cualquier diligencia bien ejecutada.
Si quiere profundizar en el alcance de este proceso, puede consultar nuestra guía sobre preguntas frecuentes sobre diligencia debida en operaciones societarias.
El proyecto de fusión es el documento nuclear del proceso. Lo redactan los órganos de administración de las sociedades participantes y debe cumplir con los requisitos formales que exige la Ley de Sociedades de Capital. Su contenido mínimo abarca la identificación de las sociedades, el tipo de canje de acciones o participaciones, el procedimiento de entrega de los nuevos títulos, la fecha a partir de la cual las nuevas acciones o participaciones dan derecho a participar en beneficios, la fecha desde la que las operaciones se consideran realizadas por cuenta de la sociedad absorbente y los derechos de los titulares de derechos especiales.
En el sector energético, el proyecto debe incluir un análisis explícito de las consecuencias de la fusión sobre las autorizaciones administrativas y sobre los contratos que contienen cláusulas de cambio de control. Esta información es relevante para los socios minoritarios, que deben poder valorar el impacto de la operación sobre el valor de su participación.
El tipo de canje es, en la práctica, uno de los puntos de mayor conflicto. Los socios de cada sociedad participante quieren maximizar el valor asignado a su aportación. Cuando las sociedades tienen activos regulados –derechos de acceso a la red, permisos de construcción en trámite, proyectos en desarrollo– la valoración de esos activos intangibles requiere un criterio técnico y jurídico que va más allá de la contabilidad formal.
Una vez redactado, el proyecto se deposita en el Registro Mercantil, y las sociedades que participan en la fusión deben publicar determinados anuncios para garantizar los derechos de los acreedores. Los acreedores de cada sociedad disponen de un plazo de un mes desde la publicación para ejercitar el derecho de oposición a la fusión si consideran que su crédito queda en riesgo.
Esta es la pregunta que con mayor frecuencia omite hacerse el equipo directivo hasta que ya se ha comprometido con la estructura de la operación.
España mantiene un régimen de autorización previa para determinadas inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos. El sector energético figura entre los sectores sometidos a ese control. Cuando uno de los socios de la fusión es una entidad no residente en la Unión Europea, o cuando la sociedad resultante va a quedar participada mayoritariamente por un inversor extranjero, la operación puede requerir autorización previa del Consejo de Ministros antes de ejecutar la fusión.
El incumplimiento de este trámite convierte la operación en nula de pleno derecho. No es una multa. Es la nulidad de la fusión ya ejecutada, con las consecuencias prácticas que eso implica sobre los registros de autorizaciones, los contratos de financiación y los acuerdos con clientes.
Incorporar el análisis de control de inversiones extranjeras directas en la fase de planificación, antes de negociar la hoja de términos (term sheet), permite dimensionar correctamente los plazos de la operación. Una autorización de esta naturaleza puede requerir varios meses. Si no se prevé en el calendario de cierre, puede convertirse en una fuente de incumplimiento de los compromisos asumidos en los documentos preliminares.
Nuestro equipo de Derecho societario y operaciones (M&A) analiza el impacto de la normativa de inversión extranjera desde la primera fase de la operación, antes de que los plazos comprometan las opciones disponibles.
El proyecto de fusión debe ser aprobado por las juntas generales de todas las sociedades participantes. La Ley de Sociedades de Capital exige que el acuerdo se adopte con el quórum y las mayorías reforzadas que correspondan al tipo social.
Los socios minoritarios tienen derechos específicos en este proceso. Pueden impugnar el acuerdo de fusión si consideran que el tipo de canje es inadecuado o que el proceso no ha respetado los requisitos formales. La acción de impugnación de acuerdos sociales caduca, con carácter general, en el plazo de un año desde la adopción del acuerdo, aunque los acuerdos contrarios al orden público no están sujetos a ese plazo de caducidad.
La gestión de los socios minoritarios es, en nuestra experiencia, uno de los aspectos que con mayor frecuencia se subestima en las fusiones de promotoras energéticas. Muchas de estas sociedades se constituyeron con pactos de socios poco desarrollados o con estatutos estándar. Al llegar el momento de la fusión, emergen desacuerdos sobre la valoración de los activos, sobre el reparto de los derechos de gestión en la nueva entidad y sobre las cláusulas de salida.
La creencia de que con los estatutos estándar basta para regular la relación entre socios es uno de los errores más costosos que observamos. El pacto de socios y la diligencia debida determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación. Un acuerdo de confidencialidad (NDA) y un pacto de socios bien estructurado desde la constitución o desde la primera ronda de entrada de capital reducen notablemente el riesgo de bloqueo en la fase de aprobación de la fusión.
Para una perspectiva más amplia sobre la gestión de conflictos entre socios en operaciones estructurales, puede consultar nuestro análisis sobre prevención y gestión de conflictos de interés en estructuras societarias.
La fusión produce sus efectos jurídicos plenos en el momento de su inscripción en el Registro Mercantil. A partir de ese momento, se extingue la sociedad o las sociedades absorbidas, se transmite en bloque su patrimonio a la sociedad absorbente y los socios de las sociedades extinguidas reciben participaciones o acciones de la absorbente según el tipo de canje acordado.
La transmisión universal de activos y pasivos incluye, en principio, todos los contratos, derechos y obligaciones de las sociedades extinguidas. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, los contratos que contienen cláusulas de cambio de control pueden quedar excluidos de esa transmisión automática o pueden activar derechos de resolución para la contraparte.
En el ámbito energético, las inscripciones en los registros administrativos de instalaciones deben actualizarse para reflejar el cambio de titularidad derivado de la fusión. Este trámite no es automático y requiere presentar ante la administración competente – generalmente la comunidad autónoma o el Ministerio para la Transición Ecológica – la documentación acreditativa de la fusión inscrita. Los plazos para completar estas actualizaciones varían según la administración, y la demora en su tramitación puede generar incidencias en los registros de producción y en la facturación de energía volcada a la red.
La sociedad holding que resulta de la fusión, o la sociedad absorbente que incorpora nuevos activos, debe también revisar su estructura de gobierno corporativo. Es el momento de actualizar los estatutos, formalizar el nuevo pacto de socios – si no existía o si el anterior ha quedado superado por la nueva estructura –, y definir las políticas de inversión y de distribución de dividendos que regirán la etapa post-fusión.
Antes de firmar el proyecto de fusión, el equipo directivo debe haber resuelto, al menos, los siguientes puntos:
Una operación de M&A en el sector energético que no aborda sistemáticamente estos puntos genera, en la fase post-cierre, un conjunto de contingencias que suelen resultar más costosas que el asesoramiento preventivo que las hubiera evitado.
Las fusiones en el sector energético intersectan con la fiscalidad de las operaciones de reestructuración, el Derecho de la competencia cuando la operación tiene dimensión relevante de mercado, y la normativa de protección de datos en la transmisión de bases de datos de clientes. Nuestro equipo integra la perspectiva fiscal desde el inicio del proceso, coordinando el análisis societario con el examen del impacto en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Para operaciones con presencia en más de una jurisdicción, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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