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Reestructuración e insolvencia

Inmobiliario y construcción: cómo negociar con la banca acreedora

Por Beatriz Salazar, Socia · Reestructuración e insolvenciaActualizado:

El sector inmobiliario y de construcción opera con estructuras de financiación complejas: préstamos promotores, créditos sindicados, avales bancarios y deuda subordinada que, en un contexto de ajuste de márgenes o ralentización de ventas, pueden convertirse en una presión insostenible sobre la tesorería. Cuando los vencimientos se acumulan y los bancos acreedores empiezan a activar sus mecanismos de seguimiento, el margen para actuar se estrecha a una velocidad que muchos administradores subestiman. La inacción en ese momento no solo compromete la empresa: compromete al propio administrador.

En breve: Negociar con la banca acreedora en el sector inmobiliario y de construcción exige activar los instrumentos preconcursales y los planes de reestructuración previstos en la legislación concursal antes de que la insolvencia sea formal. La empresa que actúa con suficiente antelación conserva la iniciativa en la negociación; la que espera pierde poder de negociación y, con frecuencia, el negocio.

El marco jurídico que regula la negociación con acreedores financieros

La reforma de la legislación concursal española de 2022 transpuso la Directiva europea de reestructuración e insolvencia e introdujo instrumentos que cambiaron sustancialmente las reglas de juego para empresas con dificultades financieras. El resultado es un sistema que, bien utilizado, permite a una empresa del sector inmobiliario o constructor negociar con sus acreedores financieros de forma ordenada, con protección judicial y sin necesidad de declarar el concurso de acreedores.

El elemento central de ese sistema es el plan de reestructuración. Se trata de un instrumento preconcursal que permite al deudor proponer a sus acreedores financieros una modificación de las condiciones de la deuda: ampliación de plazos, quitas, conversión en capital, nuevas garantías o una combinación de todas ellas. La empresa mantiene su actividad durante la negociación y, si se alcanzan las mayorías previstas en la legislación concursal, el plan puede homologarse judicialmente y vincular incluso a acreedores disidentes.

Junto al plan de reestructuración, la comunicación de inicio de negociaciones al juzgado de lo mercantil – el llamado preconcurso – genera un escudo protector frente a las ejecuciones individuales de los acreedores durante el período de negociación. Es, en términos prácticos, una pausa que permite a la empresa respirar y negociar sin que los acreedores más agresivos rompan el proceso mediante embargos o ejecuciones hipotecarias sobre el activo promotor.

¿Conoce el administrador de su empresa el plazo legal máximo del que dispone para solicitar el concurso de acreedores una vez conocida la insolvencia? La legislación concursal fija ese deber en dos meses desde que se conoció o debió conocerse la situación de insolvencia. Superar ese plazo sin actuar puede generar responsabilidad personal del administrador. Esta es, quizás, la dimensión más subestimada del problema en el sector inmobiliario.

¿Por qué el sector inmobiliario y de construcción presenta riesgos específicos?

La estructura financiera de una promotora o una constructora difiere radicalmente de la de una empresa de servicios o manufactura. Eso hace que la negociación con la banca acreedora tenga particularidades que un asesoramiento genérico no siempre captura.

En primer lugar, el activo principal suele ser suelo o inmueble en desarrollo: un activo ilíquido, de valor variable y, en muchos casos, hipotecado. Cuando la banca acredita con garantía real sobre ese activo, su posición en una eventual liquidación es fuerte. Eso significa que el deudor que no negocia a tiempo corre el riesgo de que la ejecución hipotecaria se produzca antes de que pueda organizarse una alternativa.

En segundo lugar, los proyectos de construcción generan obligaciones cruzadas: deuda bancaria, certificaciones pendientes de cobro, contratas y subcontratas, avales a primer requerimiento y compromisos con compradores de vivienda. Una negociación que solo atiende la deuda financiera sin considerar el resto del pasivo puede resolver el problema a corto plazo y crear uno mayor al mes siguiente.

En tercer lugar, el sector opera frecuentemente mediante sociedades vehículo o sociedades de propósito específico creadas para cada promoción. Esa atomización societaria complica la visión global del grupo y puede generar situaciones en las que la insolvencia de una sociedad arrastre a otras que, individualmente, podrían ser viables.

En nuestra práctica hemos observado que las empresas del sector que logran mejores resultados en la negociación con la banca son aquellas que, antes de sentarse a negociar, han hecho un trabajo riguroso de análisis de cada sociedad del grupo, identificado los activos hipotecados, cuantificado los pasivos cruzados y diseñado una propuesta coherente para el conjunto. La negociación parcial o improvisada, en cambio, suele deteriorar la posición del deudor.

¿Cómo se estructura una negociación efectiva con la banca acreedora?

Una negociación con acreedores financieros en el sector inmobiliario no es un proceso lineal. Es, en realidad, un proceso en fases que combina análisis interno, diseño de propuesta, gestión de tiempos procesales y negociación bilateral y multilateral. Veamos cómo debe estructurarse.

Fase 1: diagnóstico financiero y jurídico previo

Antes de dirigirse a la banca, la empresa necesita una imagen fiel de su posición. Eso implica, como mínimo, tres tareas:

  • Inventario completo del pasivo financiero por entidad acreedora, con indicación de los vencimientos, garantías otorgadas y eventuales cláusulas de vencimiento anticipado.
  • Análisis de la situación concursal de cada sociedad del grupo: ¿hay insolvencia actual o inminente? ¿Existe el deber de solicitar el concurso en alguna de ellas?
  • Revisión de la posición de los administradores: ¿han adoptado las decisiones formales exigidas por la legislación societaria ante una situación de pérdidas que reduce el patrimonio neto por debajo del capital social? La omisión en este punto puede generar responsabilidad posterior.

Sin este diagnóstico, la empresa no puede diseñar una propuesta realista ni valorar adecuadamente el margen de negociación disponible.

Fase 2: diseño del plan de reestructuración o la propuesta de negociación

Una vez conocida la posición real, la empresa debe diseñar su propuesta. Esta propuesta debe ser creíble para la banca, lo que significa que tiene que responder a una pregunta central: ¿por qué es mejor para el acreedor aceptar este plan que ejecutar sus garantías?

La respuesta varía según el caso, pero en el sector inmobiliario suele girar en torno a tres argumentos: el valor de los activos en una liquidación ordenada frente a una liquidación forzada; la capacidad de la empresa para generar flujos de caja si se le da tiempo; y el coste temporal y procesal de las ejecuciones judiciales. Un acreedor que ejecuta una hipoteca sobre un activo inmobiliario en construcción, sin comprador final, asume un riesgo real de devaluación del colateral.

El plan puede incluir una refinanciación de la deuda existente, una ampliación de plazos, una quita pactada, la cesión de activos en pago de deuda – la llamada dación en pago – o, en casos más complejos, la conversión de deuda en capital. Cada una de estas opciones tiene implicaciones fiscales y societarias que deben analizarse antes de ponerlas sobre la mesa.

Fase 3: comunicación de inicio de negociaciones y protección judicial

Cuando la empresa ha diseñado su propuesta y considera que necesita protección frente a ejecuciones individuales durante la negociación, puede comunicar al juzgado de lo mercantil el inicio de negociaciones con sus acreedores. Esta comunicación de preconcurso activa la protección legal durante un período determinado.

La activación de esta protección es una decisión estratégica relevante. Por un lado, genera el escudo frente a ejecuciones. Por otro, impone obligaciones de información y transparencia que la empresa debe gestionar. En nuestra experiencia asesorando a empresas en procesos de reestructuración, esta fase requiere coordinación precisa entre el equipo directivo, los asesores jurídicos y, en su caso, los asesores financieros.

Fase 4: negociación bilateral y multilateral

La negociación propiamente dicha tiene dinámicas muy distintas según el número de entidades financieras acreedoras. Una empresa con un único banco acreedor puede negociar bilateralmente con cierta agilidad. Una empresa con cinco o seis entidades en un crédito sindicado o en posiciones individuales paralelas necesita gestionar intereses divergentes y, a menudo, coaliciones de acreedores con estrategias distintas.

La experiencia práctica muestra que los bancos acreedores de mayor tamaño suelen tener unidades especializadas en reestructuración con criterios internos de aprobación bien definidos. Saber cómo funciona esa maquinaria, qué información valoran y qué plazos internos manejan es una ventaja competitiva real en la negociación.

Fase 5: formalización y homologación judicial si procede

Una vez alcanzado un acuerdo con los acreedores, es fundamental formalizarlo correctamente. Si el plan de reestructuración alcanza las mayorías previstas en la legislación concursal, puede solicitarse la homologación judicial. Esta homologación extiende los efectos del plan a los acreedores disidentes dentro de la misma clase de crédito, lo que otorga al acuerdo una solidez que un convenio privado no puede proporcionar.

La homologación también protege al deudor frente a impugnaciones posteriores: un plan homologado judicialmente es mucho más resistente que un acuerdo bilateral no formalizado.

Plazos críticos que el administrador no puede ignorar

El administrador de una empresa inmobiliaria o constructora en dificultades financieras opera bajo una presión de plazos que no es opcional. Ignorar esos plazos no detiene su transcurso: simplemente convierte un problema empresarial en un problema personal.

El primero y más importante es el deber de solicitar el concurso de acreedores en el plazo de dos meses desde que se conoció o debió conocerse la insolvencia. La insolvencia no requiere balance negativo: la insolvencia es, en términos legales, la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles. Una empresa que no paga a sus proveedores, que acumula deuda vencida con Hacienda o la Seguridad Social, o que no puede atender los vencimientos bancarios, puede estar en situación de insolvencia aunque su patrimonio contable sea positivo.

El segundo plazo crítico es el que impone la legislación societaria cuando las pérdidas reducen el patrimonio neto por debajo de determinados umbrales del capital social. En esa situación, los administradores tienen obligaciones formales de convocatoria de junta y adopción de medidas. No cumplirlas puede activar mecanismos de responsabilidad personal.

¿Puede un administrador alegar que no sabía que la empresa estaba en insolvencia? La respuesta jurídica es matizada. La legislación concursal contempla el conocimiento real y el conocimiento que el administrador debió tener con una gestión diligente. La ignorancia no deliberada no siempre exime de responsabilidad.

Hemos observado en nuestra práctica que muchos procesos concursales en el sector inmobiliario llegan al juzgado cuando la situación ya es irreversible, no por falta de activos, sino por falta de actuación temprana. El coste de esa tardanza no es solo empresarial: en muchos casos, la sección de calificación del concurso acaba examinando la conducta del administrador.

Responsabilidad de los administradores: el riesgo que no se menciona hasta que es tarde

La responsabilidad de los administradores en contextos de insolvencia es uno de los aspectos más delicados de la reestructuración empresarial en el sector inmobiliario. Y, con demasiada frecuencia, es también el menos conocido hasta que la exposición ya se ha materializado.

La legislación concursal prevé una sección de calificación del concurso que analiza si la insolvencia fue fortuita o culpable. Si el concurso se califica como culpable – lo que ocurre cuando se aprecia dolo o culpa grave del administrador en la generación o agravación de la insolvencia – las consecuencias pueden incluir la inhabilitación para administrar sociedades durante un período determinado y la condena a cubrir el déficit concursal.

Los comportamientos que más frecuentemente aparecen en los procedimientos de calificación son: el retraso injustificado en la solicitud del concurso, el incumplimiento de las obligaciones contables, la realización de actos de disposición sobre activos relevantes en los dos años anteriores al concurso, y la falta de colaboración con la administración concursal.

Hay una creencia extendida en el sector que conviene desmontar: el concurso de acreedores no significa el fin de la empresa. Los instrumentos preconcursales y los planes de reestructuración permiten salvar el negocio si se activan a tiempo. Lo que sí puede significar el final es la inacción prolongada: cuando el concurso llega tarde, los activos inmobiliarios suelen estar deteriorados, los contratos rescindidos y los proveedores clave perdidos.

El asesoramiento temprano no es un coste; es la diferencia entre una reestructuración viable y una liquidación innecesaria. Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios, y la constante que más se repite es la siguiente: los que llegan a tiempo tienen opciones; los que esperan, no siempre las tienen.

La unidad productiva: cómo preservar el negocio en un proceso concursal

Cuando la negociación extrajudicial no prospera y el concurso de acreedores se hace inevitable, existe un instrumento que merece atención particular en el sector inmobiliario: la transmisión de la unidad productiva. Este mecanismo permite vender el negocio en funcionamiento – incluyendo contratos, licencias, trabajadores y activos – como un conjunto, con mayor valor que el que tendría en una liquidación por piezas separadas.

La unidad productiva en el sector inmobiliario puede incluir licencias de obra, contratos con compradores de vivienda, contratos de arrendamiento de activos patrimoniales, personal técnico de la promotora o el equipo de proyecto de la constructora. La preservación de estos elementos en una transmisión ordenada puede ser la diferencia entre una liquidación que destruye valor y una que lo preserva para los acreedores.

La legislación concursal regula con detalle los requisitos para la transmisión de unidades productivas en concurso: la necesidad de oferta competitiva, el papel de la administración concursal, el tratamiento de los contratos de trabajo y los contratos con clientes. La complejidad de este proceso exige un asesoramiento especializado que combine derecho concursal, derecho laboral y, en muchos casos, derecho urbanístico cuando hay licencias o concesiones administrativas implicadas.

¿Cómo reduce el asesoramiento temprano el coste y el riesgo de la reestructuración?

La pregunta que muchos directivos formulan en privado es esta: ¿merece la pena incurrir en el coste del asesoramiento jurídico cuando la empresa ya tiene presión de tesorería? La respuesta, basada en la experiencia práctica, es inequívoca.

El asesoramiento temprano reduce el coste de la reestructuración por varias vías. La primera es la preservación de la iniciativa negociadora: una empresa que acude a la banca con una propuesta elaborada, respaldada por un diagnóstico riguroso, negocia desde una posición muy distinta a la de una empresa que acude simplemente a pedir plazo. La segunda es la prevención de la responsabilidad del administrador: un proceso bien documentado, con las decisiones adoptadas en tiempo y forma, construye una barrera de protección frente a eventuales acciones de responsabilidad posteriores.

La tercera vía es la más difícil de cuantificar pero probablemente la más relevante: el asesoramiento temprano permite explorar alternativas que desaparecen a medida que el tiempo pasa. Los planes de reestructuración requieren que el deudor no esté ya en concurso. Las negociaciones con compradores de unidades productivas requieren activos en funcionamiento. Los acuerdos con proveedores clave requieren que esos proveedores sigan en la mesa. Cada semana de inacción cierra puertas.

Para una empresa del sector inmobiliario o de construcción con tensión de tesorería, el momento óptimo para buscar asesoramiento no es cuando los acreedores han iniciado ya acciones legales. Es cuando los primeros vencimientos empiezan a generar dificultades, cuando el banco acreedor pide información extraordinaria o cuando el equipo directivo empieza a tener conversaciones informales sobre la situación financiera de la empresa. Ese es el momento en que las opciones son más amplias y el coste de la solución es menor.

Si desea conocer con mayor detalle los instrumentos de reestructuración disponibles en el marco del Derecho concursal español, puede consultar nuestra área de reestructuración e insolvencia.

Checklist para el administrador de una empresa inmobiliaria o constructora en dificultades

Antes de tomar ninguna decisión sobre cómo afrontar la negociación con la banca acreedora, el administrador debe poder responder a estas preguntas con precisión:

  • ¿Cuál es la posición de tesorería exacta a treinta, sesenta y noventa días?
  • ¿Existe deuda vencida y no pagada con entidades financieras, Hacienda o la Seguridad Social?
  • ¿Se han comunicado formalmente a los acreedores las dificultades de pago o se ha actuado de forma reactiva?
  • ¿Han adoptado los administradores las decisiones formales que exige la legislación societaria en caso de pérdidas que afectan al patrimonio neto?
  • ¿Existe un inventario actualizado del pasivo financiero por entidad, con indicación de garantías reales constituidas?
  • ¿Se ha analizado si alguna sociedad del grupo está en situación de insolvencia actual o inminente?
  • ¿Se dispone de un asesoramiento jurídico especializado en reestructuración e insolvencia o el asesor habitual carece de experiencia concursal?
  • ¿Se ha evaluado la opción de un plan de reestructuración o de la comunicación de inicio de negociaciones al juzgado de lo mercantil?

Si alguna de estas preguntas no tiene respuesta clara, el primer paso es obtenerla. Sin esa información, cualquier negociación con la banca se produce en condiciones de asimetría informativa que favorece al acreedor.

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Las situaciones de dificultad financiera en el sector inmobiliario y de construcción se gestionan en la intersección de varias disciplinas jurídicas. La reestructuración de deuda financiera tiene implicaciones fiscales que conviene analizar desde el primer momento, ya que determinadas operaciones – como la quita de deuda o la dación en pago – pueden generar bases imponibles inesperadas. Del mismo modo, cuando el proceso afecta a contratos laborales o al personal de obra, la coordinación entre el ámbito concursal y el ámbito laboral es determinante para la viabilidad del plan.

En procesos que implican activos inmobiliarios con complejidad registral o urbanística, o cuando la negociación afecta a sociedades con inversores extranjeros, el asesoramiento integrado que combina reestructuración, fiscal e inmobiliario produce mejores resultados que los enfoques sectoriales aislados. Puede ampliar información sobre los aspectos específicos del sector inmobiliario en procesos concursales en este recurso sobre reintegración patrimonial en el sector.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica cómo negociar con la banca acreedora para una empresa?
Negociar con la banca acreedora implica diseñar una propuesta de modificación de las condiciones de la deuda – ampliación de plazos, quitas, nuevas garantías o conversión – que sea más ventajosa para el acreedor que la alternativa de la ejecución. Para una empresa inmobiliaria o constructora, el proceso requiere un análisis previo de la posición de cada sociedad del grupo, la situación de las garantías reales constituidas y la capacidad de generación de flujos de caja futuros. Hacerlo sin asesoramiento especializado aumenta el riesgo de llegar a la negociación en posición de debilidad o de activar involuntariamente mecanismos de responsabilidad del administrador.
¿Qué plazos y costes conlleva cómo negociar con la banca acreedora?
Los plazos dependen del instrumento utilizado y del número de acreedores implicados. La comunicación de inicio de negociaciones al juzgado de lo mercantil activa un período de protección con una duración determinada por la legislación concursal. Los planes de reestructuración tienen sus propios plazos de negociación y homologación. Lo que no tiene plazo fijo es la negociación bilateral, aunque el tiempo es una variable crítica: cuanto más avanzada está la situación de insolvencia, más estrecho es el margen. En cuanto a los costes, dependen de la complejidad del proceso y del número de entidades implicadas, pero siempre deben compararse con el coste de no actuar.
¿Qué riesgos hay que evitar en cómo negociar con la banca acreedora?
Los principales riesgos son cuatro. Primero, el retraso en la comunicación de la insolvencia, que puede generar responsabilidad personal del administrador. Segundo, la negociación parcial que resuelve el problema con un acreedor sin considerar el conjunto del pasivo. Tercero, la realización de actos de disposición sobre activos relevantes durante el período previo al eventual concurso, que pueden ser objeto de rescisión. Cuarto, la falta de documentación de las decisiones adoptadas por el órgano de administración, que debilita la posición del administrador en una eventual sección de calificación.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en cómo negociar con la banca acreedora?
Desde el primer momento en que la dirección identifica dificultades para atender los vencimientos financieros o detecta que la situación de tesorería puede deteriorarse en los próximos meses. El asesoramiento temprano permite explorar los instrumentos preconcursales, diseñar la propuesta con suficiente antelación y preservar la iniciativa negociadora. Esperar a que la banca tome la iniciativa o a que los vencimientos se acumulen reduce drásticamente las opciones disponibles y eleva el coste de cualquier solución.

Análisis elaborado por Beatriz Salazar, Socia · Reestructuración e insolvencia, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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