El sector inmobiliario y de construcción en España atraviesa una transformación en sus modelos de financiación, pago y captación de inversión. Los criptoactivos han dejado de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en un instrumento real: promotoras que cobran en criptomoneda, constructoras que reciben pagos parciales en activos digitales, sociedades patrimoniales que tokenizen inmuebles o fondos de inversión que canalizan capital a través de tokens. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha reforzado sus capacidades de análisis de este tipo de operaciones y la presión regulatoria no va a disminuir.
España no dispone aún de una ley específica de tributación de criptoactivos análoga a la que regula los instrumentos financieros clásicos. Sin embargo, la normativa tributaria general – en particular la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley General Tributaria – se aplica de forma íntegra a todas las operaciones con activos digitales que realiza una persona jurídica. La AEAT ha emitido criterios de consulta vinculante que configuran una doctrina administrativa clara, aunque en evolución.
Para una empresa inmobiliaria o constructora, los criptoactivos pueden aparecer bajo varias formas. Cada una tiene un tratamiento distinto.
El Reglamento europeo sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), en aplicación progresiva desde 2024, introduce una capa regulatoria adicional que afecta a la categorización de los tokens y que tiene implicaciones directas sobre su tratamiento contable y, por extensión, fiscal. Las empresas inmobiliarias con vocación de captar inversión a través de tokens de participación deben prestar especial atención a esta normativa.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, uno de los errores más frecuentes es asumir que el mero hecho de no convertir los criptoactivos a euros aplaza indefinidamente la obligación tributaria. Ese criterio es incorrecto. La normativa española grava las variaciones de valor realizadas en el momento de la transmisión o del intercambio, con independencia de que el producto de la operación se materialice en moneda fiduciaria.
El Impuesto sobre Sociedades somete a gravamen la renta total de la sociedad con independencia de la forma en que se materialice. El tipo general es del 25 %. Para entidades de nueva creación, el tipo reducido aplicable al primer ejercicio con base imponible positiva y al siguiente es del 15 %.
Dentro de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, los criptoactivos inciden de las siguientes maneras:
¿Qué ocurre cuando una constructora acumula criptoactivos recibidos como pagos parciales y al cierre del ejercicio no los ha transmitido? La sociedad debe integrar en su inventario el valor de esos activos, aplicar las reglas contables de valoración que correspondan y, si procede, reconocer el resultado de la fluctuación de valor en el ejercicio en que se produzca la transmisión o, en su caso, en el de su calificación como activo corriente frente a activo no corriente. Este punto exige criterio contable y fiscal coherente desde el primer momento.
La obligación de informar sobre la tenencia y operativa con criptoactivos se ha reforzado sustancialmente en los últimos años. Dos modelos de declaración informativa resultan especialmente relevantes para las personas jurídicas que operan en España:
Para las empresas inmobiliarias y constructoras que no son operadores habituales de criptoactivos, la existencia de estas obligaciones formales suele ser una sorpresa. Pero la AEAT ha desarrollado capacidades de cruce de información con plataformas de intercambio y con registros de blockchain. El incumplimiento de las obligaciones formales – incluso cuando la tributación material sería correcta – genera sanciones que pueden ser materialmente relevantes.
Además, conviene recordar que España implementó la Directiva europea DAC8, que amplía el intercambio automático de información fiscal a los operadores de criptoactivos en el ámbito de la Unión Europea. Las empresas que operan a través de plataformas europeas o que custodian activos en proveedores ubicados en la Unión Europea quedan dentro de los flujos de información que la AEAT recibirá de forma sistemática.
Hemos asistido a empresas y directivos en inspecciones, reestructuraciones y planificación fiscal internacional. La experiencia muestra que las regularizaciones más costosas no se derivan de grandes fraudes, sino de la ausencia de documentación y de la incoherencia entre el tratamiento contable y el fiscal. Una empresa inmobiliaria que recibe el equivalente en criptomoneda a varios cientos de miles de euros en operaciones de compraventa y no las registra correctamente acumula un pasivo fiscal contingente que puede materializarse en el peor momento: cuando la sociedad afronta una desinversión o una operación corporativa.
Si desea entender cómo le afectan estas obligaciones a su empresa, escríbanos a info@velardevidal.com.
La dirección de una empresa del sector inmobiliario o de construcción que opere o prevea operar con criptoactivos debe tomar decisiones concretas en tres momentos clave. No hacerlo en tiempo y forma traslada el coste de la omisión a un momento posterior, habitualmente con mayor exposición.
El primer paso es establecer si los criptoactivos van a tener carácter de existencias, de activo financiero o de inversión estratégica en el balance de la sociedad. Esta decisión condiciona el modelo de valoración, el momento de imputación de resultados y la estructura del control interno. En nuestra práctica, hemos observado que las empresas que definen esta política antes de la primera operación evitan los problemas de inconsistencia que generan las inspecciones.
También es el momento de revisar si la operación proyectada puede implicar obligaciones de información adicionales: registro de operadores de servicios de activos virtuales, cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales o restricciones sectoriales en el caso de sociedades que reciban financiación pública.
Cada transacción con criptoactivos debe quedar documentada con fecha, volumen, precio de mercado en el momento de la operación y contrapartida. La ausencia de trazabilidad convierte cualquier revisión posterior – ya sea por auditoría interna, por exigencia de un inversor en un proceso de diligencia debida (due diligence) o por actuación inspectora de la AEAT – en un proceso costoso y con resultado incierto.
Las empresas que gestionan varios proyectos inmobiliarios simultáneos y aceptan criptoactivos como parte del precio en distintas promociones necesitan una política de valoración y registro coherente que impida que los criterios difieran de un proyecto a otro. La inspección de la AEAT aplica el principio de coherencia: un tratamiento diferente para operaciones de la misma naturaleza en el mismo ejercicio es un indicador de irregularidad.
El cierre contable y la liquidación del Impuesto sobre Sociedades son el momento en que se cristaliza la posición fiscal de la sociedad respecto a sus criptoactivos. Los ajustes extracontables necesarios para alinear el resultado contable con la base imponible fiscal deben estar soportados por documentación suficiente. El plazo de declaración anual del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios que coinciden con el año natural vence, con carácter general, el 25 de julio del ejercicio siguiente.
Este momento es también el adecuado para revisar si la sociedad ha cumplido con las obligaciones de presentación de los modelos 172 y 173 y si el perímetro de operaciones declarado es completo. Una regularización voluntaria antes de un requerimiento formal de la AEAT tiene efectos muy distintos – en cuantía de recargos y en calificación de la infracción – que una regularización reactiva.
Las empresas inmobiliarias con estructura internacional – vehículos holding en Luxemburgo, Países Bajos u otras jurisdicciones; promotoras con filiales en el extranjero; inversores no residentes que canalizan capital a través de estructuras corporativas – afrontan una capa adicional de complejidad cuando introducen criptoactivos en su operativa.
Los precios de transferencia son el marco de análisis obligatorio cuando la transacción con criptoactivos se produce entre entidades vinculadas. Si una sociedad española recibe criptoactivos de su matriz extranjera o los transfiere a una filial, el valor de la operación debe corresponder al precio que habría pactado un tercero independiente en condiciones de mercado. La falta de documentación de precios de transferencia es uno de los focos prioritarios de la inspección de la AEAT en operaciones transfronterizas.
¿Qué ocurre cuando el criptoactivo utilizado en la operación no tiene un mercado líquido y su precio de referencia es difuso? En esos casos, la documentación de la metodología de valoración adquiere una relevancia mayor. La empresa debe poder explicar y justificar el precio aplicado con independencia de la fuente de cotización utilizada.
Por otro lado, la fiscalidad internacional de los criptoactivos presenta tensiones evidentes con los convenios para evitar la doble imposición suscritos por España. La calificación de las rentas derivadas de criptoactivos – ¿son ganancias de capital, rentas de actividades empresariales, rentas pasivas? – no es uniforme en todos los convenios, y la posición de la AEAT puede diferir de la de la autoridad tributaria de la jurisdicción de la contraparte. Para las empresas del sector inmobiliario que trabajan con inversores internacionales, este análisis debe hacerse antes de estructurar la operación, no después.
En los casos con componente transfronterizo, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para asegurar que la posición fiscal española es coherente con el tratamiento en el país de origen del inversor o del activo.
Puede consultar en detalle nuestra práctica en Fiscal y tributario y ampliar su conocimiento sobre los procedimientos de comprobación en nuestro recurso sobre preguntas frecuentes sobre inspección de la AEAT.
El sector inmobiliario y de construcción en España atrae con frecuencia a directivos y profesionales de alto perfil procedentes del extranjero. Gestores de fondos inmobiliarios, directores de desarrollo de promotoras internacionales o responsables de proyectos de gran escala que trasladan su residencia fiscal a España pueden acogerse al denominado régimen de impatriados, conocido coloquialmente como régimen Beckham.
Este régimen permite tributar a un tipo del 24 % sobre la base imponible hasta 600.000 euros y al 47 % sobre el exceso, frente a la escala progresiva general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El requisito principal es no haber sido residente fiscal en España en los cinco años anteriores al desplazamiento, plazo que la Ley de Startups redujo de diez a cinco años. El régimen es aplicable durante el año del cambio de residencia y los cinco ejercicios siguientes.
Cuando estos directivos o profesionales tienen criptoactivos en su patrimonio previo a la llegada a España, la planificación fiscal del momento de entrada y de la posterior transmisión de esos activos es crítica. El tratamiento de las ganancias derivadas de criptoactivos bajo el régimen de impatriados tiene especificidades que deben analizarse antes de que se produzca el traslado de residencia, porque algunas decisiones no son reversibles una vez que se ha establecido la residencia fiscal en España.
La creencia de que la planificación fiscal solo importa cuando llega la inspección es uno de los errores que más caro sale a las empresas del sector inmobiliario. El régimen aplicable y la documentación previa determinan la factura fiscal y la exposición ante la AEAT. Una empresa que diseña su política de criptoactivos antes de realizar su primera operación significativa tiene, en nuestra experiencia, una posición radicalmente distinta ante cualquier revisión posterior.
El coste del asesoramiento preventivo es materialmente inferior al de la gestión de una inspección, y mucho menor que el de una regularización con recargos e intereses de demora. Pero la ventaja no es solo económica: una política de criptoactivos bien documentada mejora la imagen de la sociedad ante inversores, entidades financieras y potenciales adquirentes. En un proceso de diligencia debida, la existencia de pasivos fiscales contingentes no documentados relacionados con criptoactivos puede retrasar o frustrar una operación corporativa.
Una empresa del sector industrial que había aceptado criptomoneda como parte del precio en varias operaciones de compraventa de suelo industrial sin registro adecuado nos consultó cuando ya había recibido un requerimiento de información de la AEAT. El proceso de regularización fue materialmente más costoso – en tiempo, en honorarios y en la cuantía final ingresada – que lo que habría supuesto una planificación inicial. El calendario del procedimiento inspector consumió recursos directivos durante varios meses, con el impacto operativo que eso conlleva en una empresa en pleno ciclo promotor.
Para una perspectiva comparada sobre cómo tributan las empresas en otros sectores con operativas similares, puede consultar nuestra guía sobre logística y transporte: cómo tributa una empresa.
El siguiente esquema resume los puntos de control que debe verificar periódicamente una empresa del sector:
La tributación de los criptoactivos en el sector inmobiliario se solapa frecuentemente con cuestiones de Derecho societario – estructura del vehículo inversor, emisión de tokens de participación, reorganizaciones – que requieren un análisis integrado fiscal y mercantil. Del mismo modo, las operaciones transfronterizas que utilizan criptoactivos pueden tener implicaciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y en la normativa de inversión extranjera directa. En Velarde & Vidal coordinamos estas dimensiones desde un enfoque unitario, sin que el cliente deba gestionar la desconexión entre distintos asesores.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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