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Preguntas frecuentes sobre despidos colectivos (ERE)

Por Hugo Benavent, Asociado · Laboral, movilidad e inversión extranjeraActualizado:

La decisión de iniciar un despido colectivo es una de las más complejas que afronta la dirección de una empresa. El marco regulatorio español exige cumplir una secuencia de actuaciones precisas, con plazos que no admiten demora y con una negociación obligatoria cuyo resultado condiciona el coste final y la exposición judicial. Cuando la empresa no domina ese proceso desde el inicio, el riesgo de improcedencia y de conflicto colectivo se multiplica.

En breve: Un expediente de regulación de empleo (ERE) es el procedimiento legal que habilita la extinción de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas cuando afecta a un número mínimo de trabajadores fijado por la legislación laboral. La correcta acreditación de la causa, el respeto del periodo de consultas y la negociación con la representación legal de los trabajadores determinan si el despido se considera procedente o, por el contrario, expone a la empresa a una nulidad o improcedencia generalizada.

¿Qué es un despido colectivo (ERE) y cuándo resulta obligatorio este procedimiento?

El Estatuto de los Trabajadores establece umbrales numéricos: cuando las extinciones de contrato previstas superan ciertos mínimos en función del tamaño de la plantilla, la empresa queda obligada a tramitar el procedimiento de despido colectivo. No hacerlo cuando la ley lo exige convierte automáticamente cada extinción en nula. La nulidad obliga, en la mayor parte de los casos, a la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación.

Conviene aclarar un equívoco frecuente: el término ERE es coloquial y designa, en sentido estricto, el expediente de regulación de empleo extintivo. Existe también el ERTE, que es el equivalente suspensivo o de reducción de jornada, sin extinción definitiva de contratos. Son procedimientos con lógicas distintas y consecuencias jurídicas diferentes. La confusión entre ambos genera errores de planificación que hemos observado con frecuencia en empresas que afrontan una reestructuración sin asesoramiento previo.

Desde el punto de vista material, las causas habilitantes son cuatro: económica, técnica, organizativa y productiva. La acreditación de cualquiera de ellas exige documentación concreta y coherente con la realidad de la empresa. Un informe técnico-económico mal elaborado es, en la práctica, la causa más frecuente de fracaso del procedimiento.

¿Cómo se desarrolla el periodo de consultas en un ERE?

El periodo de consultas es el núcleo procedimental del despido colectivo. La empresa debe negociar de buena fe con la representación legal de los trabajadores durante un plazo máximo fijado por la legislación laboral: treinta días naturales con carácter general, o quince si la empresa cuenta con menos de cincuenta trabajadores. Este periodo no es meramente formal: su contenido y su desarrollo son objeto de escrutinio judicial si el despido se impugna.

La apertura del periodo de consultas exige comunicación simultánea a la representación de los trabajadores y a la autoridad laboral competente, junto con una documentación específica que varía según la causa invocada. Un error en la documentación inicial puede invalidad todo el proceso posterior.

¿Qué ocurre si las partes alcanzan un acuerdo? El acuerdo en el periodo de consultas no convierte automáticamente en procedente cada despido individual; sin embargo, reduce de forma significativa el riesgo de impugnación colectiva y establece las condiciones del ERE de manera vinculante para ambas partes. En nuestra práctica hemos comprobado que los acuerdos bien negociados generan una seguridad jurídica superior a la de los ERE resueltos sin acuerdo, aunque la causa esté suficientemente acreditada.

Cuando no se alcanza acuerdo, la empresa puede continuar el procedimiento y notificar individualmente los despidos. A partir de ese momento, cada trabajador dispone de veinte días hábiles para impugnar su despido ante el juzgado de lo social.

¿Qué documentación exige la normativa para iniciar un ERE?

La documentación obligatoria depende de la causa alegada. Con carácter general, la empresa debe presentar una memoria explicativa de las causas, información sobre los criterios de selección de los trabajadores afectados, un plan de medidas sociales de acompañamiento y, cuando proceda, un plan de recolocación externa.

En los ERE por causa económica, resulta imprescindible aportar las cuentas de los últimos ejercicios, la previsión de pérdidas o la acreditación de la disminución persistente de ingresos. La legislación concursal y societaria establecen criterios sobre la documentación financiera admisible. Un balance de situación deteriorado sin proyecciones creíbles no basta: los juzgados de lo social han consolidado criterios exigentes sobre la conexión funcional entre la causa económica y las extinciones previstas.

Para las causas técnicas, organizativas y productivas, la documentación debe acreditar la necesidad de la medida para mantener o mejorar la competitividad de la empresa. Los informes de consultoría externa pueden complementar la memoria, pero no la sustituyen. La valoración de la prueba documental es uno de los aspectos donde el asesoramiento temprano de un abogado laboral de empresa marca una diferencia sustancial.

En el ámbito de nuestra práctica, la preparación de la documentación previa al inicio formal del procedimiento suele ser la fase más determinante. Las empresas que llegan a nosotros con el proceso ya iniciado y la documentación incompleta enfrentan opciones de corrección limitadas.

¿Qué indemnizaciones corresponden a los trabajadores en un ERE?

La indemnización legalmente establecida para el despido por causas objetivas en el marco de un ERE es de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades. Esta es la indemnización mínima obligatoria para que el despido se considere procedente.

No obstante, en la práctica negocial de los ERE, las indemnizaciones pactadas superan frecuentemente ese mínimo. El nivel de la indemnización acordada depende de la fortaleza de la causa, de la capacidad negociadora de las partes, de la situación financiera de la empresa y del perfil de los trabajadores afectados. Los directivos y los trabajadores con mayor antigüedad son, habitualmente, los colectivos en torno a los cuales se producen los debates indemnizatorios más complejos.

Existe un error de percepción extendido en la dirección de algunas empresas: creer que ofrecer una indemnización generosa basta para blindar jurídicamente el proceso. La causa, el procedimiento y la negociación previa determinan el coste real y el riesgo de improcedencia. Una indemnización superior al mínimo legal no sana un defecto procedimental grave, ni convierte en procedente un despido cuya causa no está suficientemente acreditada.

En los despidos de personal de alta dirección, las reglas son distintas. El contrato de alta dirección se rige por normativa específica y los pactos de indemnización en caso de extinción deben revisarse antes de iniciar cualquier proceso de reestructuración. Hemos asesorado reestructuraciones, contratación de directivos y movilidad internacional en empresas medianas y grandes; la distinción entre el régimen del trabajador ordinario y el del alto directivo es uno de los puntos que con más frecuencia genera sorpresas en la dirección.

¿Qué riesgos específicos enfrenta la empresa si el ERE se impugna?

La impugnación de un ERE puede producirse por dos vías principales: la acción colectiva, ejercida por la representación de los trabajadores ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia competente, y las acciones individuales de cada trabajador despedido ante el juzgado de lo social.

Si el ERE es declarado nulo, la consecuencia es la readmisión obligatoria de todos los trabajadores afectados, con abono de los salarios dejados de percibir. Esta es la peor consecuencia posible desde el punto de vista empresarial, tanto en términos económicos como organizativos. Las causas más frecuentes de nulidad son: defectos graves en el periodo de consultas, fraude, dolo o abuso de derecho, y vulneración de derechos fundamentales.

Si el despido individual es declarado improcedente, la empresa debe optar entre la readmisión o el abono de una indemnización de treinta y tres días de salario por año de servicio, con un máximo de veinticuatro mensualidades. Esta indemnización es notablemente superior a la del despido objetivo procedente, lo que pone en evidencia el coste de no acreditar correctamente la causa.

Además del coste indemnizatorio, una impugnación exitosa genera daño reputacional, paraliza procesos organizativos y consume recursos de gestión que la empresa difícilmente puede cuantificar en el momento de tomar la decisión inicial. El riesgo de conflicto colectivo sostenido en el tiempo es otro factor que la dirección suele subestimar.

¿Cómo se gestiona el riesgo de nulidad? Mediante una preparación documental rigurosa, un diseño correcto del periodo de consultas y una negociación con la representación de los trabajadores orientada a alcanzar un acuerdo equilibrado. El asesoramiento jurídico especializado desde la fase de planificación, no desde la fase de conflicto, es la medida más eficaz de gestión de este riesgo.

¿Qué papel juega el plan de igualdad en el diseño del ERE?

Las empresas obligadas a contar con un plan de igualdad deben garantizar que los criterios de selección de los trabajadores afectados por el ERE no impliquen discriminación directa ni indirecta por razón de sexo. La legislación laboral vigente exige que estos criterios sean objetivos, transparentes y aplicados de forma homogénea.

En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, los ERE en los que la composición del colectivo afectado muestra una sobrerrepresentación significativa de mujeres generan un riesgo elevado de impugnación por discriminación indirecta. Este riesgo existe aunque la empresa no haya tenido ninguna intención discriminatoria. La intención no es el elemento determinante: lo es el efecto estadístico sobre el colectivo protegido.

La revisión del plan de igualdad vigente y de los criterios de selección propuestos es, por tanto, una actuación obligada antes de iniciar el periodo de consultas. Las empresas que no disponen de plan de igualdad cuando están obligadas a ello acumulan un riesgo adicional de sanción administrativa independiente del proceso de despido colectivo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede actuar de oficio cuando recibe comunicación del inicio de un ERE, verificando el cumplimiento de las obligaciones de igualdad y de la normativa aplicable. Una inspección durante el periodo de consultas, si detecta incumplimientos, puede condicionar gravemente el desarrollo del procedimiento.

¿Cómo afecta la movilidad internacional a un despido colectivo?

La globalización de las plantillas introduce una variable que no siempre se considera al diseñar un ERE: la situación de los trabajadores desplazados al extranjero, de los empleados extranjeros en España y de los directivos acogidos a regímenes especiales como el régimen de impatriados conocido coloquialmente como régimen Beckham.

Un trabajador desplazado al extranjero que mantiene su relación laboral con la empresa española puede estar incluido en el colectivo afectado por el ERE. La determinación del derecho aplicable a su contrato, la coordinación con las autoridades laborales del país de destino y el cálculo de la indemnización deben analizarse con especial cuidado. En operaciones transfronterizas, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente.

Los trabajadores acogidos al régimen de impatriados disfrutan de un tipo de gravamen del 24 % sobre rendimientos del trabajo hasta 600.000 euros, con requisito de no haber sido residente fiscal en España en los cinco años anteriores y duración de aplicación del año del cambio de residencia y los cinco siguientes. La extinción de su contrato puede tener implicaciones fiscales específicas que conviene evaluar antes de incluirles en el ERE.

Asimismo, cuando la empresa tiene trabajadores extranjeros con autorización de residencia vinculada a su relación laboral, la extinción del contrato puede afectar a su situación migratoria. Este aspecto, que a menudo se ignora en la planificación de los ERE, puede generar obligaciones adicionales de información y asesoramiento para la empresa.

¿Qué decisiones de planificación previa puede adoptar la empresa antes de iniciar el ERE?

La fase previa al inicio formal del procedimiento es, en muchos casos, la más estratégica. Las decisiones que se toman en esta fase determinan buena parte del resultado. Identificar correctamente la causa, dimensionar el colectivo afectado, revisar los contratos de los trabajadores de alta dirección, preparar la documentación económica y diseñar la estrategia de negociación con la representación de los trabajadores son actuaciones que deben estar completadas antes de la comunicación de apertura del periodo de consultas.

Una empresa que inicia el ERE sin haber completado esta preparación se coloca en una posición de debilidad negociadora que es difícil de revertir una vez que el proceso está en marcha. Los plazos del procedimiento son cortos. La representación de los trabajadores, si está bien asesorada, utilizará cualquier debilidad documental o procedimental como argumento de negociación o, en su defecto, como causa de impugnación posterior.

Además, conviene evaluar si existen medidas alternativas al despido que la empresa debería al menos analizar y documentar: reubicaciones, modificaciones de condiciones de trabajo, reducciones de jornada o suspensiones temporales de contratos. La normativa laboral exige que la empresa haya considerado estas alternativas. No hacerlo, o no documentarlo, debilita la defensa de la causa.

Si el volumen de la reestructuración lo justifica, la empresa debe valorar también la contratación de un servicio de recolocación externa, no solo como obligación legal en determinados supuestos, sino como herramienta que reduce el conflicto social y facilita la negociación en el periodo de consultas. Puede consultar los aspectos generales de cómo gestionar un ERTE para comprender las diferencias con el procedimiento suspensivo.

¿Cuándo conviene contratar asesoramiento especializado en materia laboral de empresa?

La respuesta directa es: antes de que el proceso comience formalmente. El asesoramiento jurídico especializado en Derecho del trabajo de empresa no es un recurso de gestión de crisis; es un instrumento de planificación. Cuando el abogado laboral de empresa se incorpora después del inicio del periodo de consultas, su margen de actuación está condicionado por decisiones que ya no pueden deshacerse.

En nuestra experiencia, los supuestos más frecuentes en que la empresa debería haber solicitado asesoramiento antes son: la comunicación prematura a los trabajadores antes de cumplir los requisitos formales, la apertura del periodo de consultas con documentación incompleta, la inclusión en el colectivo afectado de trabajadores con protección reforzada sin análisis previo y la ausencia de coordinación con los asesores fiscales sobre el tratamiento de las indemnizaciones.

Las empresas que reestructuran plantilla de forma recurrente, que contratan talento internacional o que tienen estructuras de alta dirección complejas necesitan un asesor laboral de empresa que conozca no solo el procedimiento del ERE, sino también su interacción con el régimen de impatriados, con los planes de igualdad vigentes y con las obligaciones de compliance laboral. Estas interacciones son frecuentes y sus consecuencias, cuando se ignoran, pueden ser costosas.

El asesoramiento temprano no elimina el conflicto laboral, pero lo gestiona con mejores instrumentos. La diferencia entre un ERE bien planificado y uno ejecutado de forma reactiva no se mide solo en términos de indemnización: se mide en términos de nulidad evitada, de inspecciones superadas y de tiempo de dirección recuperado para la gestión del negocio.

Servicios relacionados

Los procesos de despido colectivo se enmarcan habitualmente en reestructuraciones empresariales más amplias que también afectan a la estructura societaria y al cumplimiento normativo de la empresa. Nuestro equipo de Derecho laboral y movilidad internacional trabaja de forma coordinada con las áreas de Derecho societario y de protección de datos y compliance, de modo que los aspectos de gobierno corporativo y de tratamiento de datos de los trabajadores afectados por el ERE se gestionan de manera integrada. Asimismo, cuando el ERE incluye personal de alta dirección con paquetes retributivos complejos, nuestros especialistas en fiscalidad corporativa se incorporan al equipo desde la fase de planificación.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica despidos colectivos (ERE) para una empresa?
Un despido colectivo o ERE implica la extinción simultánea de un número mínimo de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. La empresa queda obligada a tramitar un procedimiento regulado que incluye la apertura de un periodo de consultas con la representación de los trabajadores, la comunicación a la autoridad laboral y la entrega de documentación justificativa. El incumplimiento de los requisitos formales puede determinar la nulidad de los despidos, con obligación de readmisión. La correcta planificación previa es determinante para el resultado del proceso.
¿Qué plazos y costes conlleva despidos colectivos (ERE)?
El periodo de consultas tiene una duración máxima de treinta días naturales con carácter general, o quince si la empresa tiene menos de cincuenta trabajadores. Tras su conclusión, la empresa puede notificar individualmente los despidos. Cada trabajador dispone de veinte días hábiles para impugnar. La indemnización mínima por despido procedente en un ERE es de veinte días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades. En la negociación, es habitual que las partes acuerden condiciones superiores, especialmente en empresas de mayor dimensión o con plantillas de alta cualificación.
¿Qué riesgos hay que evitar en despidos colectivos (ERE)?
Los riesgos principales son la nulidad por defectos procedimentales, la improcedencia de los despidos individuales por acreditación insuficiente de la causa, la discriminación indirecta por razón de sexo en los criterios de selección y las sanciones administrativas derivadas de incumplimientos de normativa laboral. Una documentación incompleta en el inicio del procedimiento y una negociación en el periodo de consultas mal conducida son las dos fuentes de riesgo más frecuentes. El asesoramiento especializado desde la fase de planificación permite identificar y mitigar estos riesgos antes de que el proceso esté en marcha.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en despidos colectivos (ERE)?
El momento óptimo para incorporar asesoramiento especializado es antes del inicio formal del procedimiento. La fase de planificación previa determina la solidez de la causa, la calidad de la documentación y la estrategia de negociación. Cuando la empresa detecta que una reestructuración de plantilla puede ser necesaria, debe contactar con un abogado laboral de empresa de inmediato. En nuestra práctica, los procesos que llegan a nosotros en fase de conflicto tienen opciones de corrección más limitadas que los que se planifican con antelación suficiente. Puede contactarnos en cualquier momento en nuestra página de servicio sobre despidos colectivos.

Análisis elaborado por Hugo Benavent, Asociado · Laboral, movilidad e inversión extranjera, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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