El marco laboral español exige a la dirección de empresa una comprensión precisa de los instrumentos de ajuste de plantilla antes de activar cualquier procedimiento. Un expediente de regulación de empleo mal diseñado, o iniciado sin causa documentada, puede convertir una reestructuración necesaria en un conflicto judicial de consecuencias imprevisibles. La complejidad regulatoria, que combina el Estatuto de los Trabajadores, el desarrollo reglamentario y la doctrina consolidada de los tribunales laborales, hace que el momento de intervención del asesor jurídico sea determinante.
El expediente de regulación de empleo, conocido como ERE, designa el procedimiento colectivo de extinción de contratos de trabajo. Su consecuencia es la terminación definitiva de la relación laboral de un número determinado de trabajadores dentro de un período de referencia. Hablamos de despido colectivo en sentido estricto.
El ERTE, por su parte, es un procedimiento temporal. Puede articularse como suspensión de contratos – durante la cual la relación queda en suspenso pero no se extingue – o como reducción de jornada, reduciendo las horas efectivas de trabajo sin eliminar el vínculo. Ninguna de las dos vías supone la extinción del contrato.
Esta distinción tiene consecuencias prácticas muy concretas. En el ERE se pagan indemnizaciones de extinción. En el ERTE, en cambio, los trabajadores afectados acceden a la prestación por desempleo proporcional, y la empresa soporta un impacto diferente en su tesorería. La elección entre uno y otro instrumento debe responder a la naturaleza y duración real de la causa que justifica la medida, no a una preferencia de conveniencia inmediata.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, uno de los errores más frecuentes es iniciar un ERTE cuando la situación objetiva apunta ya a una reestructuración permanente. Los tribunales laborales han consolidado el criterio de que el encadenamiento sucesivo de ERTEs para eludir las consecuencias del despido colectivo puede calificarse como fraude de ley, con los riesgos de nulidad que eso implica.
La legislación laboral española fija umbrales numéricos a partir de los cuales las extinciones o suspensiones de contratos deben tramitarse mediante el procedimiento colectivo. Esos umbrales dependen del tamaño de la plantilla y del número de afectados dentro de un período determinado.
Una empresa que extinga contratos por debajo de esos umbrales puede tramitar despidos individuales u objetivos, que tienen un régimen procedimental distinto y plazos más cortos. Sin embargo, la acumulación de despidos que, tomados en su conjunto, superan los umbrales del despido colectivo puede dar lugar a la nulidad de las extinciones individuales si el tribunal aprecia que se han usado para eludir el procedimiento colectivo obligatorio. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han aplicado este criterio de manera reiterada.
La causa que justifica el procedimiento puede ser económica, técnica, organizativa o de producción. En la práctica, la causa económica es la más utilizada, y exige acreditar una situación objetiva. El nivel de documentación exigido es elevado: balances, cuentas de resultados, proyecciones y cualquier otro soporte que permita al período de consultas valorar la realidad empresarial.
¿Qué ocurre cuando la causa existe pero la documentación es insuficiente? La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado en reiteradas ocasiones que la insuficiencia documental puede llevar a la declaración de nulidad del despido colectivo, con el efecto de readmisión obligatoria de todos los trabajadores afectados. Este riesgo justifica por sí solo la intervención de un abogado laboral de empresa desde el momento en que la dirección plantea la posibilidad de restructurar la plantilla.
Iniciar un ERE o un ERTE supone activar una serie de obligaciones formales y sustantivas que la empresa debe gestionar de manera simultánea. La primera es la comunicación a la representación legal de los trabajadores, que abre el período de consultas.
El período de consultas es la pieza central del procedimiento. No es una mera formalidad. Los tribunales han establecido que la negociación debe ser real y efectiva: los representantes de los trabajadores deben recibir la documentación en tiempo y forma, y la empresa debe estar dispuesta a modificar su propuesta inicial si los argumentos lo justifican. Una negociación de mera apariencia puede viciar el procedimiento.
Simultáneamente, la empresa debe comunicar el inicio del procedimiento a la autoridad laboral. La intervención de la Inspección de Trabajo es posible en cualquier momento del proceso. En determinados supuestos, la Inspección emite informe que el órgano judicial puede valorar como medio de prueba.
Desde el punto de vista de la dirección, la gestión de comunicación interna es igualmente crítica. Una filtración anticipada o un mensaje ambiguo pueden generar alarma, deteriorar el clima laboral e incluso condicionar el resultado de la negociación. Hemos asesorado reestructuraciones en empresas medianas y grandes donde la coordinación entre el equipo jurídico y la dirección de personas fue el factor que marcó la diferencia en la calidad del acuerdo final.
Para el caso del ERTE, la empresa tiene además la obligación de gestionar las solicitudes de prestación por desempleo de los trabajadores afectados, lo que implica coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal. El incumplimiento de estas obligaciones complementarias genera sanciones en el ámbito de la normativa de Seguridad Social.
Los plazos del procedimiento de consultas varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. La normativa fija un período máximo, pero el procedimiento puede concluir antes si se alcanza acuerdo. En nuestra práctica, los procedimientos que se inician con documentación completa y con una propuesta fundamentada tienden a resolverse en el plazo mínimo legal o cerca de él.
El coste de un ERE incluye, en primer lugar, la indemnización por extinción. La indemnización por despido objetivo es de veinte días de salario por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. En el despido colectivo acordado, las partes pueden pactar importes superiores, y con frecuencia lo hacen. La negociación colectiva del acuerdo final es el momento en que el diferencial entre una buena y una mala asesoría jurídica se traduce directamente en euros.
El coste del ERTE es diferente. Durante la suspensión o reducción de jornada, la empresa deja de abonar el salario correspondiente al tiempo no trabajado, y los trabajadores perciben la prestación por desempleo proporcional. Sin embargo, la empresa sigue soportando las cotizaciones sociales que la normativa aplicable no exonere, y debe mantener los compromisos de ERTE que hubiera asumido, como los de no despedir durante un período determinado.
¿Qué ocurre si la empresa incumple los compromisos adquiridos durante el ERTE? Los tribunales han declarado improcedentes, con las consecuencias económicas correspondientes, los despidos producidos durante el período de salvaguarda del empleo. La indemnización por despido improcedente asciende a treinta y tres días de salario por año trabajado, con un máximo de veinticuatro mensualidades, aunque para contratos anteriores a 2012 el cómputo de los tramos anteriores a esa fecha se realiza conforme al régimen anterior.
Puede consultar el análisis detallado de cuándo y cómo activar cada instrumento en nuestra pieza ERE y ERTE: cuándo y cómo, donde desarrollamos los umbrales, los requisitos de documentación y los escenarios de acuerdo y desacuerdo.
El riesgo más grave es la declaración de nulidad del despido colectivo. La nulidad obliga a la readmisión de todos los trabajadores afectados y al abono de los salarios de tramitación desde la fecha de efecto de la extinción. En procedimientos con muchos afectados, el impacto económico de una declaración de nulidad puede superar con creces el coste de la indemnización que se pretendía evitar.
Las causas de nulidad más frecuentes que hemos observado en la práctica son: ausencia de documentación suficiente, negociación de mera apariencia, selección de afectados que vulnera derechos fundamentales o reglas de preferencia de permanencia, y notificación defectuosa a los trabajadores o a sus representantes.
Un riesgo específico que merece atención es la afectación de trabajadores con especial protección: delegados sindicales, miembros del comité de empresa, trabajadoras embarazadas, personas en situación de reducción de jornada por cuidado de hijos. La inclusión de estos colectivos en el ERE sin cumplir los requisitos adicionales que la normativa exige genera impugnaciones individuales con alta probabilidad de éxito judicial.
Existe también un riesgo frecuentemente infravalorado por la dirección: la impugnación colectiva del procedimiento por los representantes de los trabajadores, simultánea o posterior al acuerdo. Incluso cuando se ha suscrito un acuerdo en el período de consultas, los trabajadores individualmente o sus representantes pueden impugnar si concurren determinadas circunstancias. Un acuerdo bien documentado y negociado con rigor es la mejor protección frente a esta vía de impugnación.
La creencia de que indemnizar es siempre la vía más segura y barata para extinguir un contrato es un mito extendido entre directivos sin asesoramiento jurídico especializado. La realidad es que la causa, el procedimiento y la negociación previa determinan el coste real y el riesgo de improcedencia. Pagar una indemnización superior a la debida sin haber agotado el procedimiento colectivo puede, además, crear precedentes internos que condicionen futuras reestructuraciones.
En toda empresa con representación legal de los trabajadores – delegados de personal o comité de empresa –, el procedimiento de consultas debe canalizarse a través de dicha representación. Su papel es activo: pueden solicitar documentación adicional, proponer medidas alternativas y suscribir o rechazar el acuerdo final.
Si la empresa carece de representación legal de los trabajadores, la legislación laboral contempla mecanismos sustitutorios: la designación ad hoc de representantes por los propios trabajadores o, en su defecto, la intervención de las secciones sindicales si representan la mayoría necesaria. La correcta constitución de la comisión negociadora es un presupuesto de validez del procedimiento.
La negociación con la representación de los trabajadores no es un trámite formal. Es el espacio en el que se construye o se destruye la viabilidad del procedimiento. Una empresa que llega a esa negociación con documentación incompleta, con una propuesta rígida o sin una estrategia clara corre el riesgo de no alcanzar acuerdo, lo que obliga a continuar el procedimiento sin él y asume el riesgo adicional de impugnación posterior.
La situación de los directivos y altos cargos en un procedimiento de reestructuración tiene particularidades relevantes. La alta dirección – en sentido estricto, los sujetos a la relación laboral especial del personal de alta dirección – está excluida del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y se rige por su propia normativa especial.
Esto significa que los directivos sujetos a esa relación especial no se incluyen en el cómputo de afectados a efectos del despido colectivo, y que la extinción de su contrato sigue un régimen propio. Sin embargo, su desvinculación en el contexto de una reestructuración puede tener implicaciones desde la perspectiva de las cláusulas de no competencia (non-compete) y de la liquidación de compromisos variables que hubieran pactado.
En operaciones con componente internacional – grupos multinacionales que restructuran en España –, la coordinación entre la normativa laboral española y los compromisos contractuales del directivo en el país de origen es un elemento de complejidad adicional. En esos supuestos, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para asegurar la coherencia del tratamiento transfronterizo.
La movilidad internacional de trabajadores también puede verse afectada por un ERTE: trabajadores desplazados que están sujetos a regímenes especiales de Seguridad Social o que disfrutan del régimen de impatriados requieren un análisis individualizado. Puede encontrar más información sobre ese régimen en nuestro análisis sobre el régimen de impatriados y su aplicación.
La normativa de igualdad introduce una capa adicional de exigencia en los procedimientos de reestructuración. Las empresas con obligación de elaborar un plan de igualdad – aquellas que superen el umbral de plantilla fijado por la normativa vigente – deben verificar que los criterios de selección de los trabajadores afectados no producen un impacto adverso desproporcionado sobre ningún colectivo protegido.
La Inspección de Trabajo y los tribunales han prestado atención creciente a este aspecto. En procedimientos de despido colectivo, el análisis estadístico de la composición por género, edad y otras variables del colectivo afectado puede ser requerido por los representantes de los trabajadores durante el período de consultas. Una desviación significativa que no encuentre justificación objetiva puede dar lugar a impugnaciones por discriminación.
El plan de igualdad no suspende sus efectos durante un ERTE. Las medidas en él comprometidas deben seguir ejecutándose en la medida en que sean compatibles con la situación de suspensión o reducción de jornada. La empresa que no haya elaborado o registrado su plan de igualdad cuando estaba obligada a ello afronta, adicionalmente, el riesgo sancionador correspondiente.
La respuesta es inequívoca: antes de comunicar cualquier decisión. El momento de intervención del asesor jurídico no es el de resolver un problema, sino el de evitar que se produzca. En nuestra práctica, los procedimientos que se inician con un equipo jurídico integrado desde el diseño de la estrategia tienen resultados sustancialmente mejores que los que acuden al asesoramiento una vez iniciado el conflicto.
¿Por qué marca diferencia el momento de la intervención? Porque la causa debe existir y documentarse antes de iniciar el procedimiento, no construirse durante él. Porque la estrategia de comunicación interna debe diseñarse antes de que circulen los primeros rumores. Porque los errores cometidos en los primeros pasos – notificaciones defectuosas, documentación incompleta, selección de afectados sin criterios objetivos – son difíciles o imposibles de subsanar una vez iniciado el período de consultas.
El asesoramiento temprano también permite valorar si el ERE o el ERTE es el instrumento adecuado o si existen alternativas – movilidad funcional, modificación sustancial de condiciones de trabajo, inaplicación de convenio – que permiten a la empresa alcanzar su objetivo con menor coste y menor riesgo de impugnación.
Si quiere entender cómo le afecta la normativa de ERE y ERTE en su situación concreta, escríbanos a info@velardevidal.com.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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