La mayoría de las startups llegan a un momento crítico: la caja se agota, los inversores no renuevan y la dirección no sabe qué palanca activar primero. En ese instante, la diferencia entre cerrar de forma ordenada o destruir valor – y arrastrar responsabilidad personal al administrador – la determina cuánto antes se actúa y qué instrumentos se eligen. El marco concursal español ofrece herramientas reales para este escenario. El problema es que pocas compañías las conocen antes de que sea tarde.
Las startups operan bajo una lógica financiera que las distingue del resto del tejido empresarial. Queman caja de forma deliberada, financiadas por capital riesgo con la expectativa de crecer antes de ser rentables. Esa estructura es legítima y eficiente cuando los flujos de inversión se sostienen. Cuando se cortan, la empresa puede pasar de aparentemente solvente a técnicamente insolvente en semanas.
Hemos asesorado con regularidad a compañías de base tecnológica en las que la insolvencia no era evidente en el balance hasta que un vencimiento de deuda o el fin de una ronda dejaba al descubierto la imposibilidad de pagar compromisos corrientes. Ese desfase temporal entre la señal real y el reconocimiento formal genera el mayor riesgo: el administrador que no actúa en el plazo legal puede incurrir en responsabilidad personal por las deudas sociales generadas desde el momento en que debería haber actuado.
La estructura accionarial típica de una startup – con fondos de venture capital como socios mayoritarios o con derechos de liquidación preferente – añade complejidad adicional. Los intereses del fondo y del fundador administrador no siempre coinciden en un proceso concursal. Esa tensión debe gestionarse con claridad jurídica desde el primer momento.
¿Qué distingue a una empresa que logra reestructurarse de una que llega al concurso sin margen? En nuestra experiencia, la diferencia es invariablemente temporal: quienes activan el asesoramiento concursal con antelación tienen opciones; quienes esperan a que el banco ejecute o el proveedor demande, no.
El marco de referencia es el texto refundido de la Ley Concursal, reformado para transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, que entró en vigor en España en 2022. Esta reforma introdujo novedades relevantes para el entorno startup y para las empresas respaldadas por fondos de capital riesgo.
El sistema articula una escalera de herramientas ordenadas por grado de intervención judicial:
La exoneración del pasivo insatisfecho tiene una dimensión especialmente relevante para los fundadores de startups que han avalado personalmente líneas de crédito o que pueden quedar expuestos como consecuencia de una declaración de concurso culpable. Saber desde el principio si la situación puede derivar en esa calificación es determinante para la estrategia.
Puede ampliar el contexto sobre los instrumentos disponibles en nuestra área de práctica de reestructuración e insolvencia.
La gestión de una crisis de tesorería en una startup tiene una lógica secuencial. Las decisiones que se toman – o que se omiten – en las primeras semanas condicionan todas las opciones posteriores.
El primer paso es el más incómodo: reconocer formalmente que la empresa se encuentra o puede encontrarse en situación de insolvencia. La normativa concursal distingue entre insolvencia actual (no puedo pagar ahora) e insolvencia inminente (preveo que no podré pagar en el futuro próximo). Esta segunda categoría es la más útil para las startups: permite activar mecanismos preconcursales antes de que la situación sea irreversible.
En nuestra práctica hemos observado que los administradores de startups tienden a confundir la esperanza de una nueva ronda con la ausencia de insolvencia. Son conceptos distintos. Si los compromisos de pago no pueden atenderse con los recursos existentes – con independencia de la expectativa de inversión futura – la insolvencia puede estar ya presente.
Los fondos de capital riesgo tienen intereses propios en el proceso. Algunos cuentan con derechos de liquidación preferente que pueden convertirse en crédito concursal privilegiado. Otros pueden tener incentivos para apoyar una reestructuración si perciben valor residual en el negocio. Mapear esas posiciones antes de entrar en cualquier negociación formal es esencial.
La comunicación temprana y documentada con los inversores tiene también un valor probatorio: demuestra que el administrador ha actuado con diligencia y de buena fe, requisito imprescindible para acceder posteriormente a la exoneración del pasivo.
En muchas startups, el activo de mayor valor no es tangible: es la unidad productiva – el equipo, la tecnología, las licencias, los contratos de clientes. La normativa concursal permite la transmisión de la unidad productiva en el marco del concurso, lo que puede preservar el negocio bajo una estructura diferente aunque la sociedad deudora no sobreviva. Esta posibilidad debe analizarse con antelación suficiente para que la operación no se realice en condiciones de urgencia que deterioren el precio.
La responsabilidad de los administradores es el vector de riesgo personal más relevante de todo el proceso. La normativa societaria y la legislación concursal establecen que el administrador que no convoca junta para disolver la sociedad en situación de pérdidas cualificadas, o que no solicita el concurso en el plazo legal, puede responder personalmente de las deudas sociales generadas desde ese momento.
¿Cómo se cuantifica esa exposición? Depende de cuántas deudas se hayan generado durante el período de omisión. En startups con burn rate elevado, el importe puede ser significativo en pocas semanas.
El plan de reestructuración es el instrumento central de la reforma de 2022 y el más adecuado para empresas con deuda financiera estructurada, como las startups que han recibido préstamos participativos, líneas de crédito bancarias o financiación de los propios fondos.
El plan permite negociar con los acreedores afectados la modificación de los términos de la deuda – quitas, esperas, conversiones en capital – y obtener la homologación judicial sin necesidad de que todos los acreedores voten a favor. La regla de la mayoría, articulada por clases de crédito, puede imponerse a los acreedores disidentes dentro de los límites que fija la norma.
Para una startup, las implicaciones prácticas son relevantes:
El acceso a este instrumento exige actuar antes de la declaración de concurso. Una vez declarado el concurso, el plan de reestructuración preconcursal ya no es viable. Esta restricción temporal es la razón por la que el asesoramiento temprano no es una opción, sino una condición para mantener abiertas las alternativas.
Si su empresa afronta tensiones de deuda financiera, nuestro equipo puede orientarle sobre los mecanismos de refinanciación de deuda disponibles antes del concurso.
La comunicación de negociaciones al juzgado de lo mercantil – lo que la práctica denomina habitualmente preconcurso – es un mecanismo de protección temporal que permite al deudor negociar con sus acreedores sin el riesgo inmediato de una solicitud de concurso necesario por parte de un acreedor.
Para una startup, el preconcurso puede ganar tiempo valioso. Ese tiempo debe dedicarse a negociar el plan de reestructuración, explorar la entrada de un nuevo inversor o preparar la transmisión de la unidad productiva. No es un instrumento de dilación: la normativa fija plazos precisos durante los cuales se mantiene la protección, y si no se alcanza un acuerdo o no se solicita el concurso, el mecanismo caduca.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios en los que el uso estratégico del preconcurso fue determinante para completar la negociación con acreedores financieros en condiciones razonables. El margen que ofrece este instrumento es real, pero exige ser utilizado con un plan claro desde el primer día.
La calificación del concurso como culpable es el riesgo más grave que puede asumir un administrador de una startup en situación concursal. Un concurso culpable puede generar responsabilidad personal e ilimitada del administrador por el déficit concursal – la diferencia entre el pasivo y los activos liquidados.
Las causas que pueden llevar a la calificación culpable son variadas. Algunas son especialmente frecuentes en el entorno startup:
En nuestra experiencia asesorando a empresas tecnológicas, la presión de los inversores para recuperar su inversión antes del concurso es uno de los factores de riesgo más frecuentes. Una operación de retorno de capital o de amortización de préstamo con el fondo, realizada cuando la empresa ya era técnicamente insolvente, puede ser revisada por la administración concursal y generar las consecuencias descritas.
La responsabilidad de los administradores debe evaluarse antes de tomar cualquier decisión de disposición de activos o de pago preferencial. No después.
Existe una creencia extendida en el ecosistema startup según la cual acudir a un abogado concursal equivale a admitir el fracaso. Esa percepción tiene un coste real. La realidad que observamos en nuestra práctica es la opuesta: quienes activan el asesoramiento cuando la tensión de tesorería es todavía manejable tienen más opciones, más tiempo para negociarlas y menor exposición personal.
El valor del asesoramiento temprano opera en tres planos:
Un análisis concursal riguroso permite determinar si la empresa se encuentra en insolvencia actual o inminente, qué instrumentos están disponibles y cuáles son los plazos que obligan a actuar. Este diagnóstico no tiene por qué conducir al concurso: puede concluir en una estrategia de reestructuración extrajudicial o en un plan de viabilidad que evite cualquier procedimiento formal.
Cada semana de demora cierra una puerta. El plan de reestructuración preconcursal requiere que la empresa no haya sido declarada en concurso. La exoneración del pasivo insatisfecho exige haber actuado de buena fe y dentro de los plazos. La transmisión de la unidad productiva en condiciones razonables requiere tiempo para estructurar la operación. Ninguna de estas opciones puede activarse retroactivamente.
El asesoramiento documentado desde el momento en que se identifica la dificultad financiera es la mejor prueba de la diligencia y buena fe del administrador. Si el concurso llega a declararse, esa documentación es el escudo frente a una eventual calificación culpable.
Puede conocer un caso real de reestructuración resuelta favorablemente antes del concurso en nuestro caso de refinanciación en el sector de energía y renovables.
Antes de tomar ninguna decisión formal, el equipo directivo de una startup debe verificar los siguientes puntos con su asesor concursal:
Este análisis no es un trámite burocrático. Es la hoja de ruta que determina qué opciones están abiertas y cuáles ya se han cerrado.
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