El ecosistema de startups y de fondos de venture capital que operan en España convive, cada vez con mayor frecuencia, con una realidad que ningún inversor ni fundador anticipa al cierre del último round: la insolvencia. Cuando la tesorería colapsa, la elección del cauce concursal correcto puede marcar la diferencia entre reflotar el negocio y perderlo. En este análisis comparamos las dos vías que el legislador español pone sobre la mesa: el procedimiento especial para microempresas y el concurso ordinario.
La Ley Concursal, en su texto refundido reformado, establece un procedimiento especial para microempresas que entró en vigor el 1 de enero de 2023. Su diseño parte de un diagnóstico claro: las pymes y empresas pequeñas no pueden sostener los costes y la complejidad del concurso ordinario.
Para una startup, la relevancia de esta distinción es inmediata. Muchas empresas tecnológicas en fase de crecimiento o en etapas post-seed encajan en los parámetros que definen una microempresa conforme a la normativa mercantil y concursal vigente: plantilla reducida, balance todavía modesto y cifra de negocio que no ha alcanzado ciertos umbrales. La norma exige verificar esos umbrales en el momento de presentar la solicitud.
El concurso ordinario, en cambio, está concebido para empresas con una mayor masa activa, con acreedores más heterogéneos y con estructuras de capital más complejas. Una startup con varias rondas de financiación, deuda estructurada y fondos de venture capital como acreedores o socios puede superar los umbrales de la microempresa y verse abocada al procedimiento ordinario.
¿Cómo saber cuál corresponde? La verificación debe hacerse con rigor y sin dilación. En nuestra experiencia asesorando a empresas en estas situaciones, el error más frecuente es dar por supuesto el cauce sin analizar previamente el balance consolidado y la composición real del pasivo.
| Criterio | Procedimiento para microempresas | Concurso ordinario |
|---|---|---|
| Acceso | Disponible si se cumplen los umbrales de microempresa definidos en la normativa concursal vigente | Para empresas que superan dichos umbrales o que así lo elijan |
| Coste relativo | Significativamente inferior: tramitación más ágil y sin administración concursal compleja en muchos casos | Mayor: intervención de administrador concursal, honorarios de escala, costes de masa |
| Plazo estimado | Sensiblemente más breve; fijado por la legislación concursal para este tramo | Variable y generalmente más largo; puede prolongarse durante años en concursos complejos |
| Continuidad de la actividad | Orientado a soluciones de continuación o liquidación simplificada; sin administrador que intervenga la gestión en fase ordinaria | El administrador concursal puede intervenir o suspender las facultades del deudor |
| Reversibilidad | Si hay acuerdo entre acreedores, mayor flexibilidad para mantener la unidad productiva | El plan de reestructuración o convenio permite también la continuidad, pero con mayor formalidad |
| Exposición del administrador | La responsabilidad de administradores se activa igualmente si hay actuación culpable; no hay inmunidad por la vía escogida | La sección de calificación puede declarar el concurso culpable y condenar a los administradores |
| Idoneidad para startups con VC | Alta, si la empresa no supera los umbrales; ideal para fases pre-series A o con pasivo sencillo | Necesario si hay deuda estructurada, convertibles complejos, o pasivo que supera los umbrales |
La tabla anterior refleja el estado del marco normativo vigente. Conviene verificar con la normativa actualizada si la empresa se sitúa en la frontera de los umbrales, ya que un cambio en el balance puede desplazar el cauce aplicable.
Aquí es donde más se equivocan los fundadores. La presión del consejo, la expectativa de cerrar una nueva ronda y el optimismo estructural de los equipos directivos de startups generan un retraso en el diagnóstico que tiene consecuencias jurídicas graves.
La normativa concursal impone el deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses desde que el administrador conoció o debió conocer la insolvencia. Este plazo no es orientativo. Su incumplimiento constituye uno de los elementos que los juzgados de lo mercantil valoran para determinar si el concurso es culpable, con la consiguiente responsabilidad personal de los administradores.
¿Qué ocurre en la práctica? Un fondo de venture capital puede presionar para no activar el concurso mientras negocia una ampliación de capital o una operación de salvamento. Esa negociación no suspende el cómputo del plazo. Si el estado de insolvencia es actual – y no meramente inminente –, la dirección debe actuar.
El instrumento del preconcurso permite comunicar al juzgado la apertura de negociaciones con los acreedores sin solicitar todavía el concurso. Es un escudo temporal de uso estratégico. Pero también tiene su propio calendario procesal, y utilizarlo incorrectamente puede agotar el margen disponible.
Hemos observado, en nuestra práctica, que las empresas que acuden a asesoramiento concursal especializado en la fase de insolvencia inminente – antes de que la caja se agote del todo – preservan más opciones y negocian en mejores condiciones con los fondos inversores y con los acreedores financieros.
Para una empresa tecnológica, el valor no reside en sus activos físicos. Reside en el código, en el equipo, en los contratos con clientes y en la propiedad intelectual. Todo eso es la unidad productiva.
La Ley Concursal prevé mecanismos para transmitir la unidad productiva con continuidad de las relaciones laborales y los contratos en curso, tanto en el marco del concurso ordinario como en el procedimiento para microempresas. Esta figura es especialmente relevante en el ecosistema de venture capital: permite que un fondo o un competidor adquiera el negocio operativo de la empresa insolvente, incluyendo su tecnología y su plantilla, mientras el cascarón societario liquida el pasivo.
La transmisión de la unidad productiva requiere una planificación previa. No puede improvisarse en el momento de la liquidación. Los juzgados de lo mercantil exigen un plan creíble y la identificación precisa de qué elementos integran esa unidad. Si la empresa ha esperado demasiado, el valor se ha erosionado: el equipo se ha ido, los contratos han vencido o los clientes han migrado.
Un plan de reestructuración bien diseñado, activado antes de que la insolvencia sea irreversible, puede ofrecer a los fondos de venture capital la posibilidad de conservar su participación en la nueva estructura o de recuperar parte de su inversión mediante la cesión ordenada del negocio. Ninguna de las dos opciones está disponible si se espera demasiado.
La reforma de 2022 introdujo en el Derecho español los planes de reestructuración como instrumento preconcursal con plena eficacia legal. Este mecanismo permite a la empresa que todavía no es insolvente – o que afronta una insolvencia probable – acordar con sus acreedores financieros una restructuración del pasivo sin necesidad de declarar el concurso.
Para una startup o una empresa en cartera de un fondo de venture capital, el plan de reestructuración ofrece ventajas que ninguno de los dos procedimientos concursales puede igualar:
El plan de reestructuración no es adecuado para todas las situaciones. Si el pasivo operativo es muy amplio – con proveedores, empleados y Hacienda entre los principales acreedores –, la negociación bilateral de un plan con los fondos de deuda puede resultar insuficiente. En ese caso, el concurso ordinario ofrece un marco de protección más completo.
La clave es el diagnóstico previo. Antes de decidir la vía, es imprescindible analizar la estructura del pasivo, la viabilidad del negocio y el calendario de vencimientos. Ese análisis es el trabajo de un abogado concursal con experiencia en reestructuración, no una decisión que pueda adoptarse en la reunión de consejo en la que se constata la crisis de liquidez.
Si quiere entender qué opción es más adecuada para su empresa, puede plantear su caso a nuestro equipo escribiendo a info@velardevidal.com. Le ayudaremos a evaluar las opciones disponibles antes de que el plazo legal se agote.
Los fundadores que son también administradores de la sociedad soportan un riesgo personal que con frecuencia desconocen o minimizan. La normativa concursal contempla la calificación del concurso como culpable cuando la insolvencia ha sido generada o agravada por una actuación dolosa o gravemente negligente de los administradores.
En el contexto de una startup, los comportamientos más habituales que abren la puerta a la calificación culpable son los siguientes:
Los representantes de los fondos de venture capital que ocupan asientos en el consejo de administración de la participada no están exentos de esta exposición. Si participaron activamente en las decisiones que generaron o agravaron la insolvencia, pueden verse incluidos en la sección de calificación. Este es un riesgo que los equipos de gestión de los fondos deben valorar en su función de supervisión de las participadas en dificultades.
La exoneración del pasivo insatisfecho –conocida como mecanismo de segunda oportunidad– está disponible en la legislación concursal vigente para el deudor de buena fe. No aplica cuando se declara el concurso culpable. Ese detalle, solo, debería ser suficiente para motivar una actuación diligente y temprana.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios. En el sector tecnológico, la complejidad no procede de la masa de activos físicos, sino de la estructura de capital: notas convertibles, pactos de socios con derechos de liquidación preferente, instrumentos de deuda participativa, cláusulas de anti-dilution en los contratos de inversión.
Cuando una startup o su fondo inversor nos contacta, el primer paso es siempre el mismo: un análisis urgente de la estructura de pasivo, de los contratos vigentes y del estado de la caja. Ese análisis determina qué cauce es el adecuado y cuánto tiempo queda para actuar.
El trabajo comprende tres ejes que se desarrollan en paralelo:
Puede obtener más información sobre nuestro enfoque en reestructuración e insolvencia en nuestra página de práctica. Para empresas que ya están en proceso, nuestra guía sobre cómo continuar la actividad durante el concurso resulta de utilidad: cómo continuar la actividad durante el proceso concursal.
Antes de concluir, recogemos las señales que, en nuestra experiencia, indican que la dirección de una startup o empresa en cartera de un fondo debe convocar una consulta concursal sin demora:
Ninguna de estas señales aislada es automáticamente determinante. En conjunto, configuran un escenario de insolvencia inminente o actual que exige análisis inmediato. La inacción en este punto es el mayor riesgo para el administrador: no el concurso en sí, sino el retraso en abordarlo.
El proceso concursal de una startup rara vez es solo concursal. La reestructuración de la deuda se entrelaza con las modificaciones de la estructura societaria, la renegociación de los pactos de socios y la revisión de los contratos de inversión. Nuestro equipo de Derecho societario y operaciones trabaja en coordinación con el área de reestructuración para preservar la coherencia de la operación. Cuando el proceso implica litigación o arbitraje entre socios, colaboramos además con abogados colegiados en la defensa ante los juzgados de lo mercantil. Para cuestiones relacionadas con el sector inmobiliario y la inversión extranjera en procesos de adquisición de unidades productivas, puede consultar también nuestra sección de preguntas frecuentes sobre segunda oportunidad y reestructuración inmobiliaria.
Para una primera valoración, escríbanos a info@velardevidal.com.
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