El sector fintech opera, por definición, sin fronteras. Una plataforma de pagos puede tener licencia en España, fondos depositados en Irlanda, infraestructura tecnológica en Estonia y usuarios activos en diez jurisdicciones distintas. Cuando la tesorería se tensiona y la insolvencia asoma, ese mapa geográfico se convierte en un campo de minas jurídico. La dirección de la empresa tiene que tomar decisiones de alto impacto – regulatorio, concursal y de responsabilidad personal – antes de que los plazos empiecen a correr en cada una de esas jurisdicciones de forma simultánea.
La empresa tecnológica convencional puede entrar en concurso y seguir operando con relativa normalidad. Una entidad de pago, una plataforma de financiación participativa o un proveedor de servicios de criptoactivos no puede hacerlo con la misma libertad. La intervención de la autoridad supervisora – en España, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – puede activarse de forma paralela al procedimiento concursal y condicionar cualquier decisión de reestructuración.
Hemos observado en nuestra práctica que los administradores de empresas fintech suelen subestimar esta capa regulatoria cuando evalúan sus opciones en situaciones de tensión financiera. El error es comprensible: el Derecho concursal y el Derecho regulatorio financiero se estudian y se aplican habitualmente por equipos distintos. Pero en una insolvencia transfronteriza del sector, ambos planos son inseparables.
Hay tres elementos que distinguen de forma estructural la insolvencia de una empresa de servicios financieros:
¿Es posible reestructurar una empresa fintech en dificultades sin que la licencia quede en el aire? La respuesta es sí, pero únicamente si el equipo jurídico y el regulatorio trabajan de forma coordinada y con suficiente antelación.
El instrumento central para las insolvencias con efectos en varios Estados miembros de la Unión Europea es el Reglamento europeo de insolvencia. Su lógica descansa sobre el concepto de centro de intereses principales (COMI, por sus siglas en inglés): el Estado miembro en cuyo territorio se localice el COMI de la empresa será el competente para abrir el procedimiento principal.
Para una empresa fintech con sede social en Madrid pero con sede de dirección efectiva en otro Estado, la determinación del COMI no es automática. El Reglamento establece una presunción a favor del domicilio estatutario, pero esa presunción admite prueba en contrario. En nuestra experiencia, la discusión sobre el COMI puede prolongarse y dar lugar a procedimientos secundarios en otros países que complican enormemente la coordinación del proceso principal.
Junto al Reglamento europeo, la reforma de la legislación concursal española – que transpuso la Directiva europea de reestructuración e insolvencia de 2019 – introdujo el régimen de planes de reestructuración como instrumento preconcursal. Este instrumento permite a la empresa negociar con sus acreedores financieros un plan vinculante homologado judicialmente, sin tener que declarar formalmente el concurso de acreedores.
La reforma de 2022 supuso un cambio de paradigma. El texto refundido de la Ley Concursal reconoce ahora de forma explícita la posibilidad de articular reestructuraciones transfronterizas coordinadas entre varios Estados miembros, con reconocimiento mutuo de los procedimientos. Para las empresas fintech con pasivo disperso entre jurisdicciones europeas, este marco abre opciones que no existían hace apenas unos años.
La dirección de una empresa fintech en dificultades se enfrenta a un mapa de decisiones que se superponé en el tiempo. Identificamos cuatro ejes críticos:
El primer paso es determinar si la empresa se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente. La distinción importa: la insolvencia actual activa el deber de solicitar el concurso en el plazo de dos meses. La insolvencia inminente – la probabilidad de no poder cumplir con los vencimientos futuros – no genera ese deber, pero sí permite acudir a los instrumentos preconcursales.
Un diagnóstico tardío o incorrecto es la causa más frecuente de responsabilidad personal del administrador. Hemos asesorado a empresas en las que la dirección confundió una crisis de liquidez temporal con solvencia estructural y esperó demasiado para actuar. El resultado fue la apertura del concurso sin margen de maniobra y con el riesgo de que la conducta de los administradores fuera calificada como concursalmente relevante.
En paralelo al análisis concursal, la empresa supervisada tiene que evaluar sus obligaciones de notificación frente al regulador financiero. El Banco de España, la CNMV y, en su caso, las autoridades equivalentes de otros Estados miembros donde la entidad opere con pasaporte europeo, pueden tener derecho a ser informados de la situación con carácter previo o simultáneo a cualquier actuación concursal.
La omisión de esta notificación no solo genera un riesgo regulatorio adicional. También puede comprometer el éxito del plan de reestructuración: un supervisor que se entera de la situación por los acreedores, y no por la propia entidad, difícilmente colaborará en la aprobación de la transferencia de la licencia que el plan requiere.
La elección – o la aceptación pasiva – de la jurisdicción en la que se abre el procedimiento principal tiene consecuencias de primer orden. El Derecho concursal de cada Estado miembro presenta diferencias relevantes en materia de prelación de créditos, régimen de contratos en vigor, posibilidades de financiación interina y protección de los nuevos fondos aportados.
Para una empresa fintech con deuda estructurada en varias jurisdicciones, la optimización del COMI puede marcar la diferencia entre un plan viable y un concurso liquidatorio. Esta decisión debe tomarse antes de que cualquier acreedor presente una solicitud de apertura de procedimiento en otra jurisdicción, porque la carrera por fijar el COMI tiene consecuencias que son muy difíciles de revertir una vez iniciadas.
El valor de la confidencialidad en la fase preconcursal es enorme. Los planes de reestructuración prevén la posibilidad de negociar con los acreedores – típicamente los acreedores financieros institucionales – bajo un régimen de comunicación reservada al juzgado. Esta comunicación activa determinados efectos de protección para la empresa, como la paralización de ejecuciones individuales.
La gestión de la comunicación con los acreedores en un contexto transfronterizo exige coordinar los equipos jurídicos de cada jurisdicción relevante y asegurarse de que el mensaje y la estrategia negociadora son coherentes en todos los frentes. Una discrepancia entre la posición que se mantiene ante los acreedores españoles y la que se comunica a los acreedores irlandeses puede destruir la confianza necesaria para alcanzar el acuerdo.
De todos los instrumentos que ofrece el ordenamiento español tras la reforma de 2022, el plan de reestructuración es el que mejor se adapta a las necesidades del sector fintech y de los servicios financieros. Hay tres razones fundamentales para ello.
La primera es la confidencialidad. A diferencia del concurso de acreedores, el plan de reestructuración puede negociarse y homologarse sin la publicidad que supone la declaración concursal. Para una entidad cuyo activo principal es la confianza de sus clientes y su reputación ante el supervisor, la ausencia de publicidad no es un detalle menor: es, en muchos casos, una condición de viabilidad del proceso.
La segunda es la velocidad. Los procedimientos de reestructuración están diseñados para ser más ágiles que el concurso. En un sector donde la tecnología y los mercados cambian con rapidez, el tiempo es un factor crítico. Un plan que se negocia y se homologa en meses puede salvar una plataforma que un concurso prolongado destruiría irreversiblemente.
La tercera es la flexibilidad en el tratamiento de los acreedores. El plan de reestructuración permite diseñar clases de acreedores con tratamientos diferenciados y aplicar el mecanismo de arrastre de disidentes – también conocido como cross-class cram-down – que permite homologar el plan incluso cuando alguna clase de acreedores vota en contra, siempre que se cumplan los requisitos legales. Este mecanismo, introducido en la reforma de 2022, es especialmente relevante para estructuras de deuda complejas con tramos senior y júnior.
La responsabilidad personal del administrador es el vector de riesgo que más preocupa a los consejos de administración que asesoramos. Y con razón. La legislación concursal española contempla la calificación del concurso como culpable cuando la insolvencia ha sido causada o agravada por la conducta dolosa o gravemente negligente de los administradores.
En un contexto transfronterizo, el riesgo se multiplica. Los administradores de una empresa fintech pueden estar expuestos simultáneamente a las normas de responsabilidad concursal españolas y a las equivalentes de otras jurisdicciones donde la empresa tenga presencia jurídica relevante. La coordinación de las defensas en varios frentes exige una estrategia única y coherente.
El factor determinante para limitar la exposición es la temporalidad de la actuación. Un administrador que detecta la insolvencia inminente, activa los instrumentos preconcursales disponibles y gestiona el proceso de forma ordenada tiene una posición defensiva sólida. El administrador que espera, que permite que la empresa continúe acumulando deuda impagada y que retrasa la declaración de concurso una vez superado el umbral de insolvencia actual, asume un riesgo personal que puede incluir la condena a cubrir el déficit concursal.
La pregunta que debe hacerse cualquier director financiero o consejero delegado de una empresa fintech con tensiones de tesorería no es «¿estamos en concurso?», sino «¿cuándo empezó a correr el plazo?».
Cuando la reestructuración no es viable y el concurso de acreedores resulta inevitable, la transmisión de la unidad productiva – el conjunto de activos que forma la plataforma tecnológica operativa – es habitualmente la vía que preserva más valor para los acreedores y para los clientes.
La venta de unidad productiva en el sector fintech presenta complejidades específicas. El comprador no solo adquiere la tecnología y los contratos: necesita, en la mayoría de los casos, obtener la aprobación del supervisor para operar con la licencia o asumir los derechos de los usuarios. Este proceso de aprobación tiene sus propios plazos administrativos, que no siempre se alinean con los plazos concursales.
En nuestra experiencia asesorando reestructuraciones e insolvencias en empresas de servicios, la diferencia entre una transmisión exitosa y una liquidación forzosa reside en la preparación anticipada del proceso de venta. Esto implica identificar a los potenciales compradores antes de la declaración del concurso, preparar el expediente de diligencia debida (due diligence) con anticipación y gestionar en paralelo las conversaciones con el supervisor.
Un plan de venta bien preparado puede ejecutarse en semanas desde la declaración del concurso. Un proceso improvisado puede durar meses, durante los cuales la plataforma pierde usuarios, clientes y personal clave, destruyendo el valor que el proceso pretendía preservar.
El marco del Reglamento europeo de insolvencia solo aplica, por definición, dentro del espacio de la Unión Europea. Cuando la empresa fintech tiene deuda, activos o establecimiento en jurisdicciones fuera de la Unión – el Reino Unido tras el Brexit, los Estados Unidos, Singapur, los Emiratos – la coordinación de los procedimientos requiere un análisis jurisdicción por jurisdicción.
La herramienta de referencia a nivel internacional es la Ley Modelo de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) sobre insolvencia transfronteriza. Sin embargo, su adopción por los distintos países es heterogénea y sus mecanismos de cooperación son menos automáticos que los del Reglamento europeo.
Para una empresa fintech con presencia en el Reino Unido – un escenario frecuente, dado que muchas plataformas obtuvieron su primera licencia en la Financial Conduct Authority antes de establecerse en España – la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha eliminado el reconocimiento automático de los procedimientos de insolvencia. Desde 2021, el reconocimiento de un procedimiento español en el Reino Unido requiere una solicitud ad hoc ante los tribunales ingleses, con sus propios plazos y costes.
Cuando una insolvencia fintech tiene ramificaciones fuera del espacio europeo, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente, asegurándonos de que la estrategia global es coherente y de que los procedimientos locales no socavan el procedimiento principal español.
La mejor gestión de una insolvencia transfronteriza es la que se previene o se detecta con suficiente antelación para activar los instrumentos menos lesivos. Ofrecemos a continuación un conjunto de indicadores de alerta y de acciones inmediatas que toda empresa fintech debería revisar periódicamente.
La insolvencia transfronteriza en el sector fintech conecta de forma natural con otras materias que gestionamos de forma integrada en Velarde & Vidal. La dimensión regulatoria de los servicios financieros puede requerir coordinación con nuestra práctica de reestructuración e insolvencia, que cubre desde los instrumentos preconcursales hasta la liquidación ordenada de activos. Para los casos con componente transfronterizo más complejo, nuestra práctica específica de insolvencia transfronteriza ofrece la cobertura necesaria para coordinar procedimientos en múltiples jurisdicciones europeas y extraeuropeas. Cuando la empresa tiene activos inmobiliarios o el proceso de venta implica inmuebles vinculados a la plataforma, puede resultar relevante consultar nuestro análisis sobre reestructuración en el sector inmobiliario.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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